Opinan que no hay pruebas para condenar a joven gasista
Viedma (ADN).- El caso de un joven gasista que por dos causas fue condenado, finalmente, a cuatro años de cárcel, pero presuntamente sin pruebas suficientes, fue recientemente examinado en ámbito de la Defensoría General del Poder Judicial rionegrino.
Las actuaciones llegaron a ese organismo con motivo del recurso extraordinario federal que presentó la defensora penal Mariana Serra, en representación de S. D. P. M. (su identidad no consta en el expediente judicial) contra la sentencia del Superior Tribunal del 17 de junio pasado, que declaró formalmente inadmisible una acción de casación.
Ese fallo confirmó la sentencia dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca, el 27 de febrero de este año, por la cual se resolvió condenar a tres años de prisión a S. D. P. M. por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada, en poblado y en banda”. Además, revocó la condicionalidad de la pena que se le había aplicado en la causa Nº 0787 de la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Cipolletti y le impuso la pena única de cuatro años de prisión.
En la Defensoría General se consideró que la presentación hecha por Serra “se ajusta a derecho” y que ella “planteó oportuna y correctamente la cuestión federal”. También, que alegó que para imputar el hecho a su defendido “se ha realizado una valoración de la prueba con un razonamiento que choca con las reglas de la lógica y de la experiencia”.
Adujo que el fallo cuestionado confirma la sentencia condenatoria dictada contra M., con la sola existencia de “indicios”, pero sin demostrar acabadamente y con la certeza requerida para una condena, la participación de su asistido en el hecho por el que fue juzgado. No existe prueba directa u objetiva que permita vincular a su defendido con la sustracción que se le achaca en la causa”.
Afirmó que siendo el hecho por el que fue juzgado, el primero en el tiempo, de haber sido dictada la sentencia en tiempo y forma, la condena de tres años de prisión que le fue impuesta habría podido ser de ejecución en suspenso. (ADN)
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