Persisten prácticas que son resabio del pasado autoritario ● Gastón Bosio
Viedma (ADN).- El doctor Gastón Bosio, referentes del Sindicato Unico de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria Seccional Río Negro (SUTPLA) consideró que un título de una nota de ADN no refleja su pensamiento, aunque si reconoció que el contenido de la nota es el correcto.
Por eso pidió un derecho a replica, donde no sólo aclara sino que opina de nuestra labor calificándola de “manipulación política simplista y partidaria”.
Esta agencia discrepa absolutamente con la opinión de Bosio, referida a las acusaciones sin fundamento sobre cualquier tipo de manipulación, sin embargo, respetuosos del derecho a replica publicamos textual lo que dice el abogado. Pero además, ponemos el audio que dio origen al titulo de la nota de ADN, para que sean nuestros usuarios los que juzguen si el titulo usado corresponde o no a lo que dijo Bosio.
———————————————————————————————–
Derecho a réplica
Desde hace treinta años persisten prácticas que son un resabio del pasado autoritario, al servicio de un modelo de exclusión
En día lunes 26 se publicó en el portal de ADN una noticia replicando un reportaje que Radio Encuentro realizó con motivo de los hechos acaecidos durante el fin de semana en el Complejo Penal de Viedma. Dicha nota lleva el título siguiente: Abogado dice que en materia carcelaria “estamos como la peor época de la dictadura”( ). Dicho título es inexacto y falta a la verdad periodística, ya que la frase expresada en el reportaje radial se refería específicamente a la situación en la cual el domingo pasado se nos prohibió entrevistar a varios de afiliados al SUTPLA( ) que estaban en celdas de castigo y habían sido muy golpeados. De esta manera, no se respetó el derecho de asistencia jurídica de los afiliados al sindicato que estaban privados de la libertad; derecho que toda institución penitenciaria bajo un régimen democrático debe garantizar. La comparación estaba destinada a señalar el remanente de una práctica autoritaria en una institución democrática. Lejos estamos de comparar el actual estado del sistema penitenciario con el de la dictadura. Como todos sabemos, la dictadura fue la anulación de los derechos y del ejercicio de las libertades individuales y colectivas; se secuestraban y mataban personas; en definitiva, una serie innumerables de circunstancias que no pueden ni por asomo compararse con la actual situación.
Lo que sí llamamos la atención es en la persistencia, luego de 30 años de democracia, de prácticas que son un resabio de la dictadura militar. En este sentido, desde hace tiempo, varias personas y organismos de DDHH vienen denunciando de manera sistemática una serie de hechos totalmente reprochables y que son una herencia de la cultura militarizada y autoritaria de la dictadura.
La provincia de Río Negro tiene un triste historial de grandes e innovadoras elaboraciones legislativas de improbable o reprochable ejecución práctica. El caso de la ley provincial N° 3008 es un ejemplo paradigmático. La creación del Servicio Penitenciario Provincial que se pensó a partir de la constitución de un servicio civil jamás llegó a cumplimentarse. En un contexto de desfinanciamiento y precarización de las condiciones laborales, la policía se hizo cargo del sistema penitenciario de Río Negro. De esta manera, se convirtió a lo largo de los años en un lugar de castigo para el personal policial. Esto hizo que las alcaidías y los penales se fueran llenando progresivamente de personal policial que per se no está preparado para ejercer la profesión penitenciaria. En efecto, la formación y la función policial no tiene nada que ver con la penitenciaria. Este es un punto crítico de la actual problemática carcelaria provincial. Pero además, la situación heredada por este gobierno es calamitosa; valga mencionar, entre tantos temas: el desfinanciamiento del sistema penitenciario, la conformación de una plantilla de trabajadores mixta integrada por personal policial, personal retirado del SPF( ) y personal penitenciario provincial; gabinetes criminológicos incompletos o inexistentes; precarización de la atención de la salud; condiciones edilicias críticas; condiciones de hábitat y alimentación infrazoológicas ( ).
Pero más allá de la situación particular del sistema penitenciario, el drama provincial ha sido la ausencia de planificación de una política criminal a nivel de los tres poderes. Para no haber llegado a la situación de crisis actual, el Estado debió haber impulsado durante décadas y de manera sostenida la siguiente agenda programática: el análisis y control de la tasa de encierro, la reforma procesal penal, reforma de la policía, reforma del sistema judicial y políticas integrales de inclusión social para los sectores más populares.
En este escenario de escasa articulación interinstitucional, y de limitaciones históricas, desde la nueva gestión provincial existe una clara voluntad política de salir del paradigma autoritario e impulsar e instrumentar una política de seguridad democrática, basado en la participación de la ciudadanía con inclusión social, el gobierno civil de la policía y del servicio penitenciario, la reforma en los planes de estudio, la constitución del Comité contra la Tortura, y la apertura del sistema penitenciario a la participación de la sociedad civil y sus organizaciones.
Lo que en este contexto repudiamos es claramente a los responsables directos de muchos años de violencia policial, institucional y judicial, y cuyo balance en la Provincia de Río Negro lleva más de una centena de crímenes impunes. Parte de la policía está vinculada y sospechada en mucho de estos crímenes. Se ha instalado un ideario y una práxis de la construcción institucional policial vinculada a los privilegios y -lo más peligroso- al autogobierno. Este esquema de policía es funcional a una idea de construcción política y social de la provincia. La fuerza policial fue progresivamente impulsada a convertirse en un instrumento para la represión de la protesta social; única forma para montar un sistema de exclusión de los sectores populares.
Este sistema de exclusión se consolidó progresiva y lentamente durante largos años de gobiernos provinciales neoliberales que necesitaron justamente de la represión para imponer la exclusión en el acceso de todos los ciudadanos a la tierra y la vivienda, la construcción de un mercado laboral para pocos, el vaciamiento y desfinanciación del Estado provincial, el esquema de privatización de los recursos públicos, en definitiva, la miseria planificada en los gobiernos del radicalismo.
Por este motivo, consideramos inaceptable que se cuestionen los intentos de este nuevo gobierno de implantar otra política de seguridad que venga a plantear un quiebre con lo hecho hasta ahora. Este proceso tiene sus contradicciones como todo proceso; pero además tiene que lidiar con actores preexistentes que resisten los cambios y que son funcionales a viejas alianzas e intereses, en un marco de un Estado ríonegrino vaciado y fundido por la planificación liberal-conservadora.
Una muestra de dicha resistencia aconteció el sábado 24 de agosto pasado en el Complejo Penal de Viedma. Allí se desencadenó una violencia inmotivada e injustificada por parte del personal policial y penitenciario contra los más pobres entre los pobres, y que son los que pueblan las cárceles de nuestra provincia. No se puede permitir una lectura ingenua de lo que pasó o una manipulación política simplista y partidaria como la realizada por ADN al tergiversar con el título el contenido de la denuncia realizada. Cada día de represión en río Negro lo vivimos igual que en la dictadura. Y que quede claro para que no haya lugar a confusión alguna: no estamos diciendo que estamos en una dictadura. Como bien nos llaman la atención un amigo que recorre la provincia hace tiempo: “En la memoria de las luchas populares se han grabado varios hechos, como la promoción de la batalla campal entre trabajadores estatales y gente acarreada de los barrios por el radicalismo veranista, en octubre de 1998. Vivimos un día de dictadura el 19 de diciembre de 2001 en Cipolletti, cuando los policías salían a cazar pibes por los pasillos de las 200, y terminó muriendo Elvira Abaca, además de los graves heridos, crímenes que quedaron impunes. Ese día los canas decían: “ahora la calle es nuestra”, mientras iban en moto y disparando plomos a diestra y siniestra. Otras jornada de violencia institucional y policial se vivieron en Bariloche los días 16 y 17 de junio de 2010, donde quedamos con el saldo de tres muertos. Sus responsables intelectuales y políticos, jamás han sido indagados ni procesados”.
Existe impunidad en la construcción de esta sociedad; es inadminisble. No se puede construir una sociedad para pocos, sostenidas con complicidades, privilegios y beneficios, mientras es por otra parte, completamente despiadada con los sectores populares. Utilizar a esos mismos sectores populares -muchos de cuyos integrantes tienen como salida laboral la policía, el sistema penitenciario o la atención de la vulnerabilidad- para reprimir a sus propios amigos de la infancia y del barrio, es de una perversión inusitada. Eso es impunidad y nos condena a todos a seguir viviendo en este sistema que repugna por su injusticia y que lacera nuestra dignidad.
En este contexto político complejo, es que proponemos leer el sistema penal y sus agencias, y la persistencia de prácticas que son herencia de la dictadura y que constituyen una deuda de la democracia. Los cambios sociales e institucionales tienen una temporalidad que no es lineal y no responden a la temporalidad democrática. En efecto, se trata de procesos culturales. Estimamos que es necesario profundizar las medidas que se están impulsando desde el gobierno, y fundamentalmente el plan integral de seguridad y justicia “Río Negro: Seguridad con inclusión social” que impulsa el equipo de Martha Arriola, para hacer llegar mayor institucionalidad a dicho sector del Estado y de esta manera erradicar esos bolsones de autoritarismo que sirven para consolidar y mantener los privilegios de unos pocos. Es necesario poner fin a un modelo de provincia basado en la desigualdad, la exclusión y los privilegios.
Gastón Bosio
Nota: La foto fue solicitada por el autor