Buscan prevenir delitos cometidos con celulares robados
Viedma .- El legislador Pedro Pesatti (FpV) presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Control y Registro de Telefonía Celular que tiene por objeto la prevención de delitos que se cometen mediante el uso indebido de aparatos celulares y tarjetas SIM (chips) no identificables.
El sistema procura desarrollar un programa de acción y seguimiento permanente de la problemática del delito vinculado a la comercialización de equipos de telefonía celular y sus componentes, así como establecer y aconsejar las políticas necesarias en materia de comercialización en el territorio rionegrino, con el fin de evitar su uso en la comisión de delitos.
La iniciativa de Pesatti prevé concertar convenios y acciones de colaboración mutua con las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular para intercambiar información esencial para evaluar la marcha del Sistema y crear registros que provean información veraz y oportuna que permitan identificar a quienes cometen delitos mediante el uso de los servicios de telecomunicaciones móviles.
También propone concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos del uso indebido de la telefonía celular, propender a la protección de la ciudadanía contra el hurto y robo de aparatos de telefonía celular, incrementar las acciones preventivas para reforzar la seguridad de la ciudadanía y coordinar acciones informativas hacia la población con instituciones y asociaciones de la sociedad civil.
El articulado prevé que la comercialización de las tarjetas SIM, de uso en telefonía celular o móvil, se deberá efectuar en los comercios y agencias habilitados por la autoridad municipal. Los negocios que los comercialicen deberán llevar un registro digital y un libro debidamente foliado y rubricado por la Autoridad de Aplicación de la presente ley, en donde se consignen todas las operaciones de compraventa de tarjetas SIM.
Los titulares de estos comercios deberán llevar un detalle de existencia de tarjetas SIM, en donde se consigne: la empresa prestataria del servicio de telecomunicaciones, la empresa proveedora, número identificatorio de la tarjeta SIM, fecha de adquisición de la misma y todos los datos del comprador.
Se establece la obligación de todo titular de comercios y agencias dedicadas a la compraventa de equipos de telefonía celular o móvil, usados o nuevos, como así también de aquellos titulares dedicados a la reparación de los equipos antes mencionados, de llevar un libro debidamente foliado y rubricado en donde se consignen todas las operaciones de compraventa de aparatos y equipos de telefonía celular o móvil, o aquellas operaciones destinadas a la reparación de estos equipos.
Se creará en el ámbito del Ministerio Público el “Registro Provincial de Teléfonos Móviles Perdidos, Robados, Hurtados o vinculados a un Delito”, y en el ámbito de la Autoridad de Aplicación el “Registro Provincial de Comercialización de Equipos de Telefonía Móvil y de Tarjetas SIM”.
En los fundamentos de la iniciativa, Pesatti señala la necesidad de «fortalecer en materia de seguridad, políticas tendientes a regular la comercialización de telefonía móvil para combatir los delitos involucrados» con su utilización.
Es sabido que se puede adquirir las tarjetas SIM (módulo de identificación del suscriptor español) en cualquier comercio que no pertenece al rubro de telefonía celular, como por ejemplo kioscos, polirubros, librerías y almacenes. «Tales comercios venden a granel chips, donde no se identifica a los usuarios, permitiendo el buscado anonimato a los delincuentes», asegura el presidente del bloque del FpV.
El cambio indefinido de estas tarjetas y consecuentemente de linea telefónica, sin identificación de usuarios, permite una variedad de modalidades delictivas, como la venta y el uso de celulares robados, o la utilización de identidades falsas que se asocian a la estafa y al narcotráfico, entre otros actos delictivos.
Este mercado ilícito posibilita también, a través de las redes telefónicas «la ejecución de estafas prometiendo premios millonarios, cuyo único fin es engañar mediante artilugios diversos a los desprevenidos usuarios, obteniendo ganancias siderales. Al momento de intentar desarticular estas operaciones cuasi mafiosas, se amparan en las sombras de la clandestinidad, haciendo imposible, o casi imposible, poder revelar sus identidades, sirviéndose de la falta de legislación al respecto».
Este proyecto «pretende abordar la temática de manera integral, que cuenta preliminarmente con un sistema de control para la comercializacion de chip, con el objetivo final de atacar la comisión de delitos de telefonía celular, obligando a las empresas prestatarias del servicios a anular y bloquear el IMEI (Identidad Internacional de Equipos Móvil), lo que impide su utilización, una vez bloqueado por robo o pérdida».
«No podemos dejar de resaltar -puntualizó Pesatti- el tortuoso camino que debe transitar quien es víctima del robo del celular. Luego de una espera importante en línea para denunciar el hecho, nos ofrecen un nuevo aparato en cómodas cuotas, con un nuevo chip, a cambio de una suma menor, lo que se traduce en otro negocio que termina beneficiando a las empresas» de telefonía.