Dicen que 840 ex estatales del decreto 7 tendrían que cobrar $36,4 millones

Viedma (ADN).- Unos 840 ex empleados estatales rionegrinos que se retiraron hace varios años de la actividad laboral amparados en el polémico decreto 7 tendrían a favor un monto de 36.460.000 pesos para cobrar, según propias estimaciones.

“Vamos a un entendimiento, tenemos un acuerdo estratégico y político con el Gobierno provincial. Mantenemos la posición que vamos a seguir trabajando en ámbito del Superior Tribunal de Justicia” para resolver la cuestión, dijo Jorge Mosquera, uno de los referentes de la gente del decreto 7.

Por su parte, el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, ya dijo que la cuestión es política, no jurídica, y que hay dos fallos adversos a los denominados “retirados jóvenes”, muchos de los cuales se retiraron del Estado rionegrino teniendo 45 años.

“Hace 15 años que venimos trabajando por nuestros derechos, los abogados que trabajan con nuestro grupo se manejan de acuerdo con la estrategia política que nosotros recibimos”, dijo ayer Mosquera.

“Somos un grupo de trabajadores que pretende un acuerdo político para nuestra situación y el gobernador ha dicho esto”, aseguró en declaraciones a Frecuencia VYP.

Mosquera resaltó dos decisiones del Superior Tribunal de Justicia: un dictamen del juez Sergio Barotto donde “da cumplimiento acabado y efectivo al artículo 14 bis de la Constitución” y la convocatoria por parte del presidente de ese organismo, Enrique Mansilla, a todas las partes en conflicto. “Es algo innovador”, destacó el ex empleado estatal.

Indicó que “el gobernador dio la orden que hay que pagar, que no se cobrara 1.500.00 de pesos por mes y que no pasaran los 40.000.000 de pesos y nosotros cumplimos a rajatablas esta consigna; ninguna de las cuotas son más de 1.500.000 de pesos por mes para pagar a todos los compañeros”.

Sumó que también “está el renunciamiento que hacemos a otra toda instancia judicial sobre este tema y para que se cierre definitivamente esta herida de la corruptela anterior”. En cambio, merituó la decisión política de la actual administración gubernamental y “la alentadora Justicia” en este tema que involucra a los retirados del decreto 7. (ADN)

 

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