Otra instancia por pretensión de empresas de cobrar facturas por planes sociales
Viedma (ADN).- Dos abogados de Viedma, apoderados de otras tantas empresas, presentaron un recurso contra la sentencia de la Cámara Civil de Apelaciones de Viedma, que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa parcial de las firmas Crediserv SA y Cooperativa Amigal Limitada respecto del cobro de cuatro facturas al Estado rionegrino por servicios a dos planes sociales que se implementaron durante el anterior Gobierno.
El fallo también rechazó la demanda contencioso-administrativa interpuesta por las empresas contra la provincia de Río Negro.
El recurso fue interpuesto por los abogados Carolina Gaitán y Miguel Ángel Cardella, con el propósito que Crediser y Amigal pretendan por vía jurisdiccional dejar sin efecto la referida la resolución ministerial que dejó sin efecto los pagos por la provisión de alimentos de mayo a octubre de 2008.
El 28 de diciembre de 2009 el entonces ministro de Familia, Alfredo Pega, dispuso que las certificaciones de deuda requeridas, relativas a los expedientes Nº 97563-SIPN-08 y Nº 97564-DGPN-08 del registro del Ministerio de Familia, no serán otorgadas hasta tanto se concluyan las investigaciones penales y administrativas respecto de la provisión de alimentos de los programas Comer en Familia y Comedores Escolares, según la medida precautoria y preventiva dispuesta por el decreto 1079/08 (suspensión de los contratos de provisión de alimentos y de inscripción en el registro de proveedores de la provincia).
El Tribunal viedmense dio por acreditado que la pretensión de certificación de deuda para su cobro encuentra origen en la relación contractual existente entre la provincia de Río Negro y las firmas Flavors y Cía SA y Flavors y Cía SA UTE -MASILY SA, para la provisión de alimentos al ex Ministerio de Familia.
Una licitación pública, oportunamente realizada, cedió a las empresas Crediser SA, Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada y Nación Factoring SA, las facturas pendientes de cancelación objeto de este proceso.
Por presuntas irregularidades en la implementación de los planes están procesados los representantes y apoderados de las empresas Flavors y Cía. SA, Flavors & Cía. SA UTE, conformada por Flavors SA y Masily SA, y también los ex funcionarios Alfredo Pega, Adriana Gutiérrez y Cristina Uría por su actuación “como funcionarios públicos tanto al tiempo del proceso licitatorio con las mencionadas empresas, como durante la ejecución de los referidos contratos de suministros de alimentos”.
Entre otras consideraciones, para el procurador general subrogante del Poder Judicial, Marcelo Álvarez “la ausencia de critica razonada y concreta respecto del fallo que se pretende impugnar, constituye un valladar insalvable para la procedencia del recurso de apelación intentado” y, por eso, consideró en un dictamen que emitió el 4 de este mes que el Superior Tribunal debe rechazar el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Crediserv SA y Amigal Ltda, confirmando la sentencia del Tribunal de alzada. (ADN)
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