Reforma judicial o atisbo demagógico ● ADN

Se concretó la integración de los cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia, una aspiración del gobierno que no estaba en la propuesta que el ex gobernador Carlos Soria ofreció al electorado rionegrino hace dos años. Es más, su hijo el intendente de Roca manifestó su disconformidad por el aumento de vocales en el máximo tribunal, pero finalmente ante los hechos consumados calló su queja y pidió por Liliana Piccinini, para tener su propio referente en el STJ.
La asunción de los jueces tuvo como hecho destacado el anuncio del gobernador sobre la necesidad de llevar adelante una enmienda constitucional para modificar el Consejo de la Magistratura y ampliar la representación de otros sectores en la designación de jueces, formulación no exenta de algún atisbo demagógico.
Esta expresión pareció poco razonada y “pour la galerie”, frente al auditorio del Centro Municipal de Cultura de Viedma, a tal punto que terminado el acto y ante algunas consultas Alberto Weretilneck relativizó su propio anunció. Ahora vendrán los tiempos políticos del tratamiento del tema y en esta cuestión de medir el “aquí y ahora” del gobierno siempre depara sorpresas.
Sin duda que el sistema de elección de los jueces, fiscales y otros funcionarios merece una reforma y basta mirar hacia atrás con lo sucedido en el nombramiento de la vocal Piccinini y la “elección” de otros camaristas y jueces. Para muestra basta un botón.
Las designaciones, sobre todo en los cargos llamados “claves” en un alto porcentaje, por no decir el ciento por ciento, son productos del acuerdo político. Hay intereses políticos manifiestos en los representantes el gobierno y de la oposición e intereses encubiertos en los representantes de la Justicia y los abogados.
Si la política siempre está presente por qué no someter esos cargos al voto popular. Cómo hacerlo, será tema de debate y si tanto se admira a los Estados Unidos como el ejemplo de la democracia de occidente, sólo hay que copiar su sistema de designación de jueces y fiscales, además del sistema de juicio por jurado.
También si de democratizar la Justicia se trata sería propicia la oportunidad para debatir sobre plazos en el ejercicio del cargo, pago del impuesto a las ganancias, modificación de la bonificación de la antigüedad por título, el pago de los sobresueldos judiciales (MIG) y otros beneficios, lejanos al resto de los mortales.
Es una oportunidad, porque una enmienda sólo para incorporar otros sectores como el gremio de los empleados judiciales, ONGs y demás, no está mal pero tiene gusto a poco.
Carlos Soria, por ejemplo, durante su campaña electoral y en el poco tiempo de su mandato se refirió a una enmienda que estaba vinculada a eliminar el requisito de la residencia en Río Negro para elección de jueces. En conversaciones con sus íntimos confesaba que quería traer a la conducción del STJ a tres abogados amigos de la capital federal.
En el ánimo de recordar parte del pasado reciente, hay que mencionar que cuando Miguel Saiz trabajó en la posibilidad de reformar la Constitución de Río Negro para obtener una reelección, el bloque del peronismo también presentó su propio proyecto y quizás llegó la hora de una reforma.
El bloque del FpV hoy puede lograr los números de votos suficientes en la Legislatura para convocar a una elección constituyente para una reforma integral y no sólo de un tema como establece la enmienda.
No hay dudas del permanente interés de la política de inmiscuirse en el poder judicial y en tal sentido el gobernador en un autoreportaje reciente difundido por el canal 10, dejó en claro que fue le resultó difícil lograr la designación de Piccinini y que se debió recurrir a “la paciencia y la inteligencia”, esto es al acuerdo político con los consejeros del Consejo de la Magistratura.
También en la semana el Ejecutivo tuvo expresiones alejadas de la independencia de poderes cuando tanto Weretilneck como el psiquiatra del Ministerio de Gobierno, Luis Di Giáccomo, tuvieron expresiones disonantes contra el juez que le aplicó una multa dineraria por atraso en la construcción de la cárcel de Roca.
El paso adecuado es apelar la resolución judicial y evitar la discusión pública con el magistrado, caso contrario sólo pareciera que molestó la sanción monetaria y no la suerte de los presos en el actual sistema carcelario. También resulta llamativo que nadie de la Justicia tuviera expresiones de solidaridad para con el juez Chirinos.
El tema de las cárceles en Río Negro es un problema, ya lo hemos dicho, hay superpoblación, hacinamiento consumo de estupefacientes y también golpes y malos tratos, APRA ser benévolos, pero también es cierto que hubo demoras en las obras, que había recursos nacionales dispuestos para los trabajos y que la morosidad en las gestiones administrativas oficiales atentaron contra la construcción.
Tanto es así que en el caso Freydoz el Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Di Giácomo, envió a la esposa del ex gobernador Soria a una clínica de la ciudad de Buenos Aires, con costos para el erario público, argumentando que no había lugar en la cárcel de Roca para alojarla.
También se buscó una salida emergente para los policías detenidos por el caso Solano.
Ejemplos que dan por tierra aquellos dichos del gobernador en la asunción de los nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia, cuando replicó al juez Chirinos sobre la falta de lugar para detener a los asesinos o incentivar el malestar dentro de las cárceles.
El tema carcelario fue generando múltiples declaraciones contradictorias en el seno del gobierno, sobre todo en la última semana luego del motín de la cárcel de Viedma, donde finalmente se reconoce que en las unidades no se logra controlar el ingreso de estupefacientes, que las requisas generan violencia y que hay muy malos tratos – algunos califican de torturas – hacia los presos.
Un sistema colapsado que viene desde hace muchos años y que los distintos gobiernos anteriores no pudieron solucionar.
Vendrán otros tiempos luego del 27 de octubre, una esperanza que alienta el gobierno para encarar nuevos desafíos como la reforma en el sistema de elección de jueces, la enmienda constitucional, una nueva relación con el STJ y un gabinete ministerial con caras nuevas y enroques.
Como decía Alberto Olmedo “si lo vamos a hacer, hagámoslo bien”.