Sigue análisis judicial por inconstitucionalidad de resolución oficial

Viedma (ADN).- Continúa en ámbitos de la Justicia rionegrina el análisis de la presentación que efectuó una empresa por inconstitucionalidad de la resolución 1980/2010 de la ex Dirección General de Rentas, relativa al régimen de pago a cuenta del impuesto a los ingresos brutos.

Durante de la intervención de la Procuración General del Poder Judicial en la que se dejó sentado criterio con relación a la cuestión de fondo y luego del llamado al acuerdo para resolver la causa, a pedido de un juez se interrumpieron los plazos y, como medida para mejor proveer, se dispuso requerir a la Agencia de Recaudación Tributaria que informe acerca de la vigencia de la resolución Nº 1980-2010.

Según consta en el expediente, el referido organismo dio cuenta que la resolución no se encontraba vigente y que había sido reemplazada por la Nº1278/12.

Por su parte, la empresa Alliance SRL solicitó a la Justicia que la declaración de inconstitucionalidad se extienda a la nueva medida de la Agencia de Recaudación Tributaria.

La firma señaló además la “malicia” del Poder Ejecutivo, dando cuenta del dictado de una nueva resolución, en este caso la Nº 325/13, añadiendo que el hecho del dictado de resoluciones modificatorias o sustitutivas de un régimen “no resulta argumento valedero para impedir que el Poder Judicial se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del régimen de pago a cuenta”.

Al analizar la cuestión planteada, el procurador general subrogante, Marcelo Álvarez, consideró que, luego del llamado al acuerdo para resolver la causa e incluso habiendo intervenido la Procuración General fijando su posición con relación a la cuestión de fondo, “no existe desde mi óptica posibilidad procesal de “extender” o ampliar la demanda, sino que ese cuerpo (el STJ) debe proceder al dictado del pronunciamiento definitivo que resuelva el fondo de la cuestión, en la que corresponderá tener presente con el alcance establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el dictado de la nueva normativa”. (ADN)

 

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