Piden derogar decreto que delega en un particular cobro de daños por tarea petrolera

Viedma.- Los legisladores César Miguel y Silvia Horne (FpV) presentaron un proyecto de ley para que quede sin efecto un decreto del Poder Ejecutivo del año 2005, por el que la Provincia delegó en una empresa de profesionales privados de General Roca la gestión de cobro de servidumbre y daños derivados de la actividad hidrocarburífera en tierras fiscales.

El coautor de la iniciativa, que preside la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Tierras Rurales, recordó entre las fundamentaciones las funciones de ese Cuerpo, refiriendo la tarea que realiza «para detectar y dejar sin efecto todo aquél acto administrativo irregular, (vinculado al manejo de tierras rurales) y susceptible de ser declarado de nulidad absoluta».

César Miguel indicó que este proyecto «se inscribe en este contexto porque el decreto suscripto por el ex gobernador Miguel Saiz y su por entonces ministro de Coordinación, César Barbeito, cedió a la empresa Profesionales Patagónicos Asociados SRL la gestión de cobro de los gravámenes por daños que genera la actividad hidrocarburífera en tierras fiscales del Departamento de Roca».

Explicó que «los fondos obtenidos se aplican en la generación de proyectos productivos para las zonas rurales afectadas por la actividad y para el desarrollo de un programa de regularización de tierras» en ese Departamento.

Al argumentar, si bien los autores reconocen que el procedimiento se enmarca en la Ley de Iniciativa Privada, cuestionan que el Poder Ejecutivo se excedió «al introducir intermediarios entre los ocupantes de las tierras fiscales y las empresas encargadas del desarrollo de la actividad petrolera».

Además, se estableció en favor de la empresa privada un beneficio del 17 por ciento por su gestión de cobro de canon «lo que implica una disminución de ingresos, en ese mismo porcentaje. El 83 por ciento restante se divide en partes iguales o sea el 50 por ciento lo recibe directamente el poblador y otro tanto conforma un fondo solidario para el desarrollo de proyectos productivos que se vuelcan en las áreas afectadas», aclaró Miguel.

Por otra parte, la norma obliga al cumplimiento de cláusulas «extorsivas que condicionan a los ocupantes de los campos involucrados a acceder a sus títulos de propiedad, cuando sus derechos al acceso a la tierra son preexistentes al decreto cuestionado».

En virtud de todo ello, el legislador opinó que esta Legislatura deberá revertir los alcances de esa norma «ya que tiene la facultad y competencia para enmendar este tipo de actos y sustituirlo por otro, lo que constituirá una reparación social frente a los abusos de poder» y que permitió operaciones «de negocios millonarios a favor de terceros y en desmedro de pobladores y de las arcas del Estado».

Miguel y Horne piden finalmente «investigar la conducta y responsabilidad penal de los funcionarios que signaron el decreto, así como el cumplimiento de la empresa en cuanto a los términos del contrato».