Tierras fiscales: Odarda habló de triangulaciones, empresarios famosos y escrituras “express”
Viedma.- La Parlamentaria del Bloque Progresista CC-ARI, Magdalena Odarda, se refirió sobre la cuestión de lo que denominó como una «verdadera estafa al patrimonio público provincial: tierras de valor incalculable tanto en áreas naturales protegidas, como en zonas de frontera, con nacientes de ríos, lagos y glaciares y con una importante biodiversidad han pasado del dominio público al privado violando leyes y acentuando el proceso de acaparamiento, concentración. La contracara a esto, es que muchos ocupantes no han podido acceder a sus títulos después de años de tenencia y reclamos».
Por estos días, varios ex funcionarios, entre ellos el ex Ministro de Producción Juan Accatino, funcionarios de la Dirección de Tierras y Colonias; el abogado y titular del ENFORZA (Empresa Forestal Rionegrina SA) Martínez Pérez, ; su esposa y varios empresarios privados entre los que se encuentran los hermanos Mindlin y el dueño de la inmobiliaria Van Ditmar, serán citados a prestar declaración indagatoria por parte del juez Penal Favio Igoldi, por intervenir en supuestas ventas irregulares de tierras fiscales.
“Tiempo atrás, se aprobó por ley en Río Negro la restitución al Estado de más de 20 mil hectáreas de origen fiscal adjudicadas a $ 9,18 la hectárea, mediante una operación irregular en la Meseta de Somuncura, en la que se involucraba a empresarios de Bariloche. El proyecto, originalmente de mi autoría, fue modificado y compartido por la Comisión de Investigaciones de Tierras Fiscales de la Legislatura, dando lugar a un antecedente muy importante en nuestra provincia que esperamos, sea usado en muchos casos irregulares que son investigados actualmente”, opina Odarda con beneplácito antes los avances del Juez Igoldi en la causa.
“En el caso que vincula a los hermanos Mindlin, se denunció que tres predios fiscales habrían sido asignados a nombre de Marcos Mindlin, violando la legislación vigente. Serían unas 20 mil has. cercanas a El Bolsón. El empresario es dueño de Pampa Energía, empresa vinculada al magnate Lewis, pues explota la controvertida Planta Hidroeléctrica que se encuentra en la propiedad de Lago Escondido SA, cuyo permiso para operar fue aprobado en la Legislatura por los legisladores radicales y del FpV”.
“En tanto en el caso de la adjudicación de tierras” , agrega la parlamentaria progresista, “se habría tratado de una triangulación con el consentimiento de los funcionarios provinciales, otorgamiento “express” de escrituras sucesivas, y el no uso del Derecho de Preferencia que tiene el Estado. El hermano del empresario, Damián, directivo del grupo empresarial Patagonia Energía, también habría sido beneficiado con 700 has en el Manso, zona de Seguridad de fronteras, cercana a la Estancia Lago Escondido, con otra escritura “express”.
En febrero de 2006, el gobierno provincial habría adjudicado un predio rural de 329 hectáreas al presidente de Emfor SA, José Luis Martínez Pérez. El 27 de diciembre del mismo año, la propiedad habría sido transferida a Nicolás Van Ditmar. “En dicho contrato se habría aclarado que el mismo realizaba la operación “por gestión de negocios y con dinero de y para Hidden Lake. Este mismo operador, Martínez Pérez, es también quien habría reclamado para sí la propiedad de las tierras que habita la Comunidad indígena de las Huaytekas, en cercanías al paraje El Foyel”, precisó Magdalena Odarda.
La metodología de las “triangulaciones”, la sistemática violación a la legislación vigente que en principio estipula que hay un Pacto de Preferencia a favor del Estado en caso de venta y que impide que se realicen ventas por cinco años una vez recibido el título de la tierra (decreto Q 545), son algunas características comunes a estas operaciones. Tierras de valor incalculable tanto en áreas naturales protegidas, como en zonas de frontera, con nacientes de ríos, lagos y glaciares y con una importante biodiversidad han pasado del dominio público al privado violando leyes y acentuando el proceso de acaparamiento, concentración y mercantilización de la tierra excluyendo a familias y comunidades originarias.
“Durante largos años se habría producido una sistemática estafa al patrimonio público provincial. Con la ironía que, mientras se daba “legitimidad” a operaciones presuntamente fraudulentas, muchos ocupantes no han podido acceder a sus títulos después de años de tenencia y reclamos. Por supuesto, esto no ha ocurrido por casualidad. Existen muchas posibilidades que se haya pergeñado un fraude que, de probarse, debe ser castigado con todo el rigor de la ley. En ello confiamos”, concluyó la Legisladora Provincial del Bloque Progresista CC-ARI.
PRENSA BLOQUE PROGRESISTA CC-ARI