Audiencia de conciliación: Diario Rio Negro acusado de negar derecho a la información

Roca (ADN).- La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Mineria de la Segunda Circunscripción con asiento en Gral Roca, resolvió citar para el próximo lunes 11 de noviembre a la Editorial Rio Negro y al accionista de la misma, Alberto Laría Rajneri, para una audiencia de conciliación, como parte del trámite que se lleva a delante en los estrados judiciales en la causa caratulada “Laría Alberto Rafael contra Editorial Rio Negro S. A. sobre exámenes de los libros por el socio”.
La demanda fue iniciada por el accionista Alberto Laría Rajneri ante el impedimento del diario Rio Negro a dar vista a los libros de la empresa, de la que es accionista. El pedido, solicitado oportunamente, está amparado en lo que establece la Ley de Sociedades y el estatuto societario, según informó.
La empresa Río Negro negó el acceso a la información usando como argumento que el accionista no “comparte la línea editorial del diario”.
Para ello se apoya en las expresiones públicas de Laría reflejadas en distintos medios, como ADN, el diario Noticias de la Costa, en declaraciones en la radio de la Universidad del Comahue y en el programa del periodista Víctor Hugo Morales de Buenos Aires.
Laria Rajneri explicó a ADN el desarrollo de la causa: “La presentación judicial fue iniciada al tener conocimiento de los abultados sobresueldos que fueron adjudicados a un segmento jerarquizado del diario, tal como apreció publicado por varios medio”.
Recordó que “con motivo de los 100 años del diario Rio Negro se distribuyeron cifras escandalosas al gerente general Horacio López, al editor Italo Pisani, a la prosecretaria Alicia Miller y editores de distintas secciones. Todo por montos que sumados al medio aguinaldo adjudicado a la totalidad de los trabajadores, conforman una cifra millonaria”.

“El procedimiento fue realizado con sigilo y ocultamiento a los accionistas hasta que un mail circuló por la redacción de Rio Negro, dando cuenta de estos enormes sobresueldos pagados”, agregó.
“Al constatar la verosimilitud de dicha información y tener conocimiento que los miembros del directorio estaban ajenos a la decisión, entendí que el presidente la sociedad Julio Rajneri, como responsable último, podría estar incurso en un abuso de autoridad, arbitrariedad y ocultamiento de una decisión que tendría el carácter de meramente personal, sin la debida autorización del mayor órgano directivo de la sociedad tal como prescribe el estatuto societario”, comentó Laría.
“Dado el monto millonario que implica, se estaría frente a una decisión que implica un grave perjuicio económico para la totalidad de los accionistas y una afectación a la propiedad privada de los mismos”, opinó.
“La actitud de la Editorial, muestra con crudeza la hipocresía y doble moral de sus responsables periodísticos. Por un lado se defienden los principios de la libertad de expresión y se muestran como su baluarte y por el otro, no sólo se me niega un derecho societario, sino que se toma mi derecho inalienable a expresarme libremente, como argumento para cercenar el primero el derecho a la información. Derecho básico para la convivencia en una sociedad”.

 

“La intención es amedrentar, querer someter, denigrar a mi persona intentando acallar una voz crítica dentro de la sociedad editora de Rio Negro y confunden mi rol de accionista con el de un empleado de la sociedad. Pero mi derecho a la autonomía de pensamiento respecto a la línea editorial que absolutamente no comparto, por ser claramente antiperonista y del más rancio conservadurismo de la derecha ultraliberal y en perfecta simetría con la línea editorializaste del eje mediático Clarín/ La Nación, no puede utilizarse de manera tortuosa para acusarme de “accionista hostil” a los intereses de la empresa. Muy por el contrario. La manipulación informativa, la intención editorializante a favor de grupos económicos regionales vinculadas a la exportación frutícola; la denigración constante de las políticas públicas del actual gobierno nacional; la alteración maliciosa del panorama socio económico del país; la intromisión en la vida partidaria de la provincia para favorecer o perjudicar candidatos; la protección y promoción mediática que actualmente se le brinda a determinado intendente, son apenas algunos elementos que vulneran la credibilidad y prestigio de Rio Negro”, opinó.

“En todo caso son ellos quienes debieran sentir el peso de la acusación por un ejercicio abusivo y hasta impune, de la función periodística. Han agraviado hasta la saciedad a la figura presidencial a quien inclusive han pronostico una alteración de sus facultades mentales. Una bochornosa actitud de deslegitimación y desconocimiento de la investidura presidencia, que roza con las históricas políticas mediáticas de los promotores de los golpes de estado en nuestro país. Un auténtico periodismo debe informar y expresar la pluralidad de opiniones de la sociedad. No es una tribuna de adoctrinamiento moralizante y menos un factor de creación de estados de opinión pública”, continuó.
Más adelante, dijo Laría: “Y para acusar hay que tener las espaldas bien cubiertas. Hoy lo que muestran es el estado calamitoso de una vulnerabilidad interior muy frágil e insostenible públicamente”.
“La corrupción no sólo se puede dar en la administración pública. Las empresas privadas están más crudamente cruzadas por esa plaga, que generalmente no trasciende públicamente. Rio Negro, lamentablemente, es hoy un caso paradigmático”, dijo.
“Pero lo que queda claro es que del mismo modo que se funciona para adentro, también se ejerce para afuera. He sido censurado por Pisani y Miller, que actúan como esmerados vigilantes, anticipadores del deseo final y absolutista de la dirección, cuando he llevado para publicar alguna nota bajo mi opinión y responsabilidad. Y ahora también soy estigmatizado, sancionado y hasta exonerado familiarmente por querer poner claridad sobre procedimientos que resultan oscuros a los intereses de los socios minoritarios y también oscuros en relación a los interese mayoritarios de la sociedad rionegrina. Simplemente, por el hecho de solicitar información sobre la gestión administrativa de la empresa, me quieren colocar en el lugar de un “enemigo declarado”, como se me menciona en los intersticios del diario y en la dirección, que obviamente no acepto, ni asumo, ni asumiré”, finalizó Laría.