La propuesta de adecuación de Clarín y las mentiras del grupo ● Herman Avoscan

Así y todo, un paso más en la democratización de las comunicaciones

La decisión del grupo Clarín de presentar un plan de adecuación voluntaria a la Ley de Medios es un paso más en la democratización de las comunicaciones en nuestro país y como tal debe ser valorado. Esta propuesta seguramente será analizada por la AFSCA con la seriedad del caso. Esperamos que la iniciativa de dividir al oligopolio en seis empresas sea realmente un avance en la desmonopolización y no un atajo para escapar al espíritu y al contenido de la ley.

Pero lo que debemos remarcar es la actitud negociadora y democrática con que la AFSCA asume esta nueva situación, porque jurídicamente corresponde la “adecuación de oficio” al haberse vencido el plazo determinado por el Congreso Nacional. Las prácticas dilatorias llevadas adelante por el grupo solo paralizaban la ejecución de la misma, pero no de los tiempos establecidos.

Mientras tanto, el Grupo Clarín continúa realizando afirmaciones temerarias, reñidas con la verdad, que no pudo demostrar en sede judicial pero que repite a través de todo su sistema de poder comunicacional para generar confusión en la opinión pública. La más flagrante, cuando intenta adjudicar a la ley una finalidad “con nombre y apellido”. El oligopolio que se conformó asociándose con la más sangrienta dictadura militar que asoló al país; que intentó amedrentar e imponer condiciones a todos los gobiernos democráticos; que se expandió por todo el país sobre la base de la presión económica y el ahogo financiero de sus competidores, se queja de “falta de igualdad ante la ley”. Una mentira que ni el mismo Magnetto puede creerse.

Aún dividido en seis empresas menores, Clarín seguirá siendo el Grupo multimedios más poderoso de la Argentina, conservando 3 canales de TV abierta, 24 señales de de cable; dos radios de AM y tres FM. Si con todo eso no puede considerarse una empresa autosuficiente, deberá revisar sus parámetros. Tal vez no sea todo lo eficiente que cree.

Para su propio beneficio, Clarín sigue confundiendo “libertad de prensa” con su rentabilidad económica. La Corte Suprema de Justicia le hizo saber de la diferencia, pero sigue sin entenderlo.

El comunicado del grupo está plagado de conceptos erróneos o prejuiciosos, que persiguen la finalidad de ocultar la verdad. Veamos algunos:

– El grupo Clarín argumenta en forma grosera que el gobierno nacional pretende “una lisa y llana confiscación” En otro párrafo menciona la presión de “una amenaza de confiscación”. Afirmaciones publicitarias, antijurídicas, que buscan desviar la atención. Los asesores jurídicos de este oligopolio seguramente han leído la Constitución Nacional, pero por las dudas citamos textualmente el artículo 17: “La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino”.
– Se queja del “avance ilegal y de facto” que habría emprendido el gobierno nacional para “quitarle compulsivamente” sus medios audiovisuales. En realidad, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), un organismo descentralizado y autárquico, fue la responsable de informar que comenzaba el proceso de “adecuación de oficio”.
– Clarín asegura que el gobierno “pretende quitarle escandalosamente” plazos “que nunca empezaron a correr”. Según su particular forma de ver la realidad, tendría todavía un año de plazo para la “adecuación voluntaria”. En realidad, según la doctrina de la corte, las medidas cautelares suspenden la puesta en vigencia de la ley pero no los plazos establecidos. Reclamar lo contrario es colocarse por encima de lo dispuesto en la propia ley.
– Con bastante despreocupación por la verdad, el grupo Clarín enfatiza que la Ley de Medios está hecha “con nombre y apellido” y que discrimina “brutalmente a un grupo por sobre sus competidores”. De haber ocurrido esto, la Corte Suprema la habría declarado inconstitucional sin más trámite. La ley establece un marco jurídico en el cual deben desenvolverse todos los actores de la radio y la televisión.
– Clarín sigue repitiendo que la única forma de “garantizar su independencia periodística” es la “necesaria integración y fortaleza”. Precepto que no pudo demostrar en la Audiencia Pública desarrollada frente a la Corte Suprema de Justicia. Es una mentira gigantesca asegurar que la única garantía de la libertad de prensa es la fortaleza económica.
– Asegurar que la división del oligopolio “va en contra de las tendencias mundiales” es una verdad a medias. Es cierto que dentro del sistema capitalista existe una tendencia a la concentración; tanto como que los países desarrollados intentan colocar limitaciones que impiden la monopolización de la opinión pública y la circulación de información. El sistema regulatorio definido por la ley argentina toma como base el sistema estadounidense (al que no se le ocurriría definir como arbitrario), y es más liberal que el alemán, por ejemplo (donde se impide a los propietarios de medios gráficos acceder a licencias de radio y/o televisión).
– Clarín reclama “una autoridad de aplicación independiente, imparcial y con solvencia técnica”, que sería “lo contrario de lo que sucede hoy”. Otra afirmación disparatada. El directorio de AFSCA y su presidencia han sido designados en la proporción y con las condiciones que establece la ley. La misma que acaba de ser declarada constitucional.
– Dice que en preservación de sus derechos concurrirá a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no dice que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH recomienda a los Estados miembros de la OEA “que desarrollen medidas que impidan las prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social, así como mecanismos efectivos para ponerlas en efecto”.
– Y sostiene que “la Argentina se debe aún el debate de una ley seria, no hecha contra alguien en particular sino en beneficio de la información independiente”. Una afirmación al menos maliciosa, que parte como una llamada al debate amplio y libre cuando en realidad pretende invisibilizar y descalificar el proceso previo a la sanción de la ley de medios. Una etapa signada por un verdadero debate en todo el país y del que Clarín se autoexcluyó porque confiaba en impedir primero su tratamiento; después su aprobación; luego su puesta en práctica. Un debate en el que participaron universidades nacionales, asociaciones de profesionales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de oyentes y los propios actores de las comunicaciones.

Ahora, Clarín tiene un solo camino: cumplir con la ley. Sin más vueltas.