Silencio cómplice ● ADN
Días pasados se dio a conocer una información, producto de una investigación periodística, donde se puso al descubierto las intrincadas relaciones dentro del equipo que tuvo a su cargo hasta poco tiempo el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad, específicamente en el desarrollo del Programa de Contención Social.
Este programa está destinado a jóvenes con problema de adicciones y en conflicto con la ley. Se señaló que los comprendidos en esta iniciativa perciben una retribución mensual, pero que no se le daban actividades ni rehabilitación alguna. Se informó que en el marco de este programa hubo enfrentamientos entre jóvenes y el operador de ese barrio, José Neira, responsable de la sede ubicada en la calle 25 y 18 del populoso barrio Mi Bandera de Viedma. Ese lugar fue incendiado y también escenario de un enfrentamiento a tiros donde resultaron heridas cuatro personas, dos de ellas menores.
A esto se suma el suicidio de un joven que también estaba contenido en el Programa.
Se denunciaron responsabilidades a cargo de la ex directora de Políticas Comunitarias, Claudia Peralta, relacionada con Neira y el manejo con poco control en la implementación de programas que se desarrollan con recursos del Estado y en este caso bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y el Ministerio de Gobierno.
Conocida la información sólo hubo silencio como toda respuesta. Nadie dijo nada desde las áreas oficiales involucradas, mutismo en la secretaría de Medios rionegrina, un estilo de revalorizar la política del avestruz, que esconde la cabeza pero deja las plumas del rabo al descubierto.
No se trata sólo de una información periodística de esta agencia, que pueda ser o no valorizada, sino fundamentalmente de ofrecer a la comunidad local una respuesta en casos de jóvenes comprometidos en su inserción social, donde hay usos de armas, recursos del Estado y responsables designados por el gobierno.
Hagamos un esfuerzo y olvidemos al ministro psiquiatra Luis Di Giaccomo y su equipo, pero que pasa con el silencio de la Justicia en todos estos hechos de violencia con incendio de una vivienda, cuatro heridos y un joven que se suicidó. ¿Ningún fiscal o juez actuó ni se dieron por enterado?
Y así sigue una larga cadena de silencios que va desde el intendente de Viedma, los concejales locales, los legisladores, la oposición, los partidos políticos, las organizaciones que se dedican a los menores, DDHH, juntas vecinales, los distintos credos y demás sectores de la comunidad viedmense.
¿Es posible que comience a ser natural en esta ciudad los enfrentamientos armados, heridos, muertos y demás actos de violencia suscitados al amparo de un programa oficial, precisamente puesto en marcha para la contención social de jóvenes en conflicto con la ley?
Estamos mal si con estas actitudes damos fortaleza al “no te metas” o “este no es mi problema”. El comportamiento humano reconoce silencios y ambigüedades, pero cuando se trata del Estado, representantes de partidos políticos o dirigentes sociales no es posible quedarse de brazos cruzados y transitar el camino de la indiferencia o el silencio, porqué puede convertirse en cómplice.