CTA convoca a debatir una «seguridad democrática»

Viedma.- Desde la CTA-Río Negro convocaron a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas, estudiantes, trabajadoras/es y en general al pueblo de Río Negro a reunirse el próximo martes 17 de diciembre en la sede del CURZA a las 9,30 hs. para debatir, hablar, intercambiar experiencias y constituir un colectivo intersectorial, abierto y participativo para debatir los ejes de una política de seguridad democrática en nuestra provincia.

Este llamado tiene relación con la preocupante escalada punitiva o giro a la derecha que ha dado nuestro gobierno provincial, con declaraciones y con decisiones alejadas del ideario de igualdad y participación democrática en materia de seguridad.

Todo comienza con la negativa del Gobernador a la viabilidad de algunos proyectos que el equipo nombrado a propuesta de Nilda Garré propuso para la gestión de la seguridad. A partir de ese momento, la “gestualidad de una seguridad democrática” comenzó a diluirse en el gobierno. Sobre todo con el nombramiento de Di Giácomo como Ministro de Gobierno. Se impulsaron tratamientos en lugares cerrados para jóvenes con adicción (1), llevándose por delante la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, algo que no prosperó porque personal de la Dirección Nacional de Salud Mental, vino a explicar que la ley lo prohíbe.

Se siguió con la derogación del Decreto 649/2012 que, según una norma similar nacional, instaló un protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles para evitar los enfrentamientos entre ocupantes y policía, utilizando la mediación y la intervención coordinada de varios organismos del Estado. El Decreto 076/2013 que lo reemplazó está fundamentado en argumentos falaces, ya que su antecedente nacional está vigente hasta la fecha, y a nivel provincial la norma fue aplicada en Beltrán con resultados positivos.

Días después la procuradora Liliana Piccinini estableció la Resolución Instrucción Gral. N° 001/13/PG, que obliga a los fiscales a perseguir la acción penal hasta sus últimas consecuencias, y prevé la prosecución de la acción penal para los funcionarios policiales que se nieguen a cumplir la orden de desalojo. El posterior nombramiento de Piccinini como vocal del Superior Tribunal de Justicia, constituye un reforzamiento del ya consolidado perfil conservador del poder judicial rionegrino.

Este mismo tribunal, en absoluta concordancia con esta escalada punitiva, resuelve mermar drásticamente las facultades del único juez de ejecución penal de la provincia suspendiendo las astreintes por demoras, esgrimiendo un argumento totalmente falaz, mendaz y constitutivo de violencia institucional si tenemos en cuenta el abandono, el deterioro y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que transcurren a diario en los penales provinciales. El fallo dice expresamente: «Quien tiene la competencia para supervisar la política criminal y el funcionamiento del Servicio Penitenciario Provincial, considerado en su conjunto o sobre sus aspectos esenciales, es el Superior Tribunal de Justicia»

Otro mojón del liberal-punitivismo fue “el mapa del delito” difundido por el Gobernador, violando los derechos y garantías de las personas, en particular, el sagrado principio de inocencia.

Pasaron pocos días de aquella presentación y, luego de una serie sucesiva de fugas «incomprensibles» de los penales provinciales, el Gobernador decide “restablecer la cadena de mando” en los penales, dándole el control de los establecimientos penitenciarios a la policía, violando las normas provinciales vigentes en la materia, pero sobre todo, llevándose por delante la normativa internacional.

Graves son las consecuencias de estas decisiones al interior de los penales. Volvieron, y con poder, policías que habían sido desplazados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violaciones a los DDHH, vejámenes, golpes, lesiones, etc. Hay más golpes, las requisas son más violentas, y las reestricciones, los abusos y las violaciones de los derechos son cotidianas.

El último peldaño fueron las desafortunadas declaraciones sobre el “garantismo estúpido” que si las relacionamos con el estancamiento que sufren las causas penales que hay en la provincia por los crímenes de los jóvenes de Bariloche, Cárdenas y Carrasco, así como el de Coco Garrido en El Bolsón y la desaparición de Daniel Solano, completan un perfil que explica muy bien, desde la postura de un Poder Judicial clasista que debe democratizarse en forma urgente, pero también desde la postura del Ejecutivo, el avance hacia el autogobierno de la policía de Río Negro que, por su accionar pasado y presente no parece muy diferente a las policías de otras provincias, cuya población ya entendió muy bien que no están para protegerlas sino para violentarlas por vía de la tolerancia (zonas liberadas) o la regulación del crímen organizado, por vía de la represión o por vía de la extorsión para sostener sus privilegios, como quedó demostrado el pasado fin de semana en todo el país.

Lamentamos que los últimos acontecimientos que se sucedieron después de la crisis desatada por la Policía de la Provincia de Córdoba, nos den la razón a quienes venimos alertando de la implementación de estas políticas. Desentenderse de ciertos “mercados”, y dárselos a la policía para su manejo “informal” tiene a mediano y largo plazo consecuencias gravísimas. Las fuerzas policiales deben estar sometidas al control político y urge realizar una profunda reforma democrática de las fuerzas de seguridad; fundamentalmente de la policía.

La experiencia argentina y latinoamericana advierte que, como dice la gran mayoría de los especialistas en la materia, entre ellos Zaffaroni, “Hoy los golpes tienden a darlos las policías” como ocurrió en Ecuador y en Paraguay o en varios momentos de nuestra historia, donde la acción salvaje y criminal de la policía pretende cambiar o cambia la institucionalidad política (2001, 2002, Indoamericano, etc). Este reclamo en cadena de varias policías provinciales, en el mismo momento donde el rito de los saqueos se instaló como práctica de fin de año, debe llamarnos a la alerta y a la reflexión. No podemos permitir este tipo de apriete y de amenaza de desestabilización al sistema democrático.

Como todos sabemos, la mala noticia es que esta derechización responde también a un clima cultural -de fuerte raigambre neoliberal- generado por los medios hegemónicos de comunicación y gran parte de sectores de la sociedad civil que creen en la criminalización del conflicto social y terminan alimentando el entramado mafioso de fuerzas de seguridad que construyen la justificación de su existencia, expasión y poder creciente, alimentando precisamente el delito y la inseguridad.

En este sentido, esta convocatoria es un llamado a la reflexión y autocrítica de todos aquellos que no estamos encuadrados en esta deriva liberal punitiva y que hemos trabajado para consolidar una sociedad igualitaria, y rechazando el encierro como respuesta. En este sentido, debemos comenzar a debatir sobre la necesidad de armar un espacio que genere un discurso contra-hegemónico al discurso punitivo, y que elabore propuestas concretas, superadoras de las recetas que la derecha siempre ha dado al problema de la pobreza y la desigualdad social.

Por todas estas razones, es que desde la CTA-Río Negro invitamos a generar un espacio abierto que proponemos denominar FORO POR UNA SEGURIDAD DEMOCRATICA EN RIO NEGRO, para debatir y proponer soluciones alternativas a estas cuestiones e intervenir en la agenda pública.

Somos receptivos de la cantidad de compañeras/os dispersas/os, hablando de lo mismo, con las mismas preocupaciones, con muchas propuestas e ideas, pero desaprovechando las potencialidades que tienen los espacios colectivos. Demás está decirles que se trata de una convocatoria a todas/os quienes puedan aportar ideas e interesarse, por lo tanto repliquen la invitación a quienes estimen conveniente y pertinente invitar.

En el marco de esta convocatoria, lanzaremos también otra convocatoria en el Alto Valle, Bariloche y la Zona Sur de nuestra provincia.