Programa Progresar y las personas privadas de libertad ● CTA- SUPLA

El 22 de enero la presidenta de la Nación anunció el programa Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina), que se trata de un nuevo derecho universal que tienen las personas entre 18 y 24 años y que en la actualidad no trabajan, o lo hacen de manera informal, o percibiendo un salario inferior al mínimo vital y móvil, y su grupo familiar posee iguales condiciones.

Este derecho universal requiere una contraprestación: iniciar o completar los estudios en cualquier nivel educativo, como asimismo, hacerse un examen de salud. El programa incorpora los trabajos de formación laboral que ofrece el Ministerio de Trabajo en convenio con los sindicatos para aquellas personas que quieran aprender oficios.

El Progresar está dirigido a un segmento de la población argentina donde las estadísticas demuestran que existe el mayor índice de desocupación (18.2 %), y la presidenta fue muy clara al respecto: “Estos chicos son los hijos del neoliberalismo, son los chicos que sus padres no tenían trabajo o que lo perdieron, no fueron educados en la cultura del trabajo y que necesitan de la presencia del Estado para salir nuevamente” a flote. El 78% de los jóvenes que carecen empleo están en los niveles más bajos de pobreza. Se trata de personas que están en el primer y segundo quintil (fuente de medición de los índices de pobreza que desglosa los índices de pobreza en cinco unidades que atañen al veinte por ciento cada uno hasta completar todo el universo del sector).

Con la implementación del Progresar el gobierno estima que se reducirá el índice de GINI (forma de medir el grado de igualdad y desigualdad económica) quedando por debajo del 0.3. Lo ideal es el 0, que es una sociedad completamente igualitaria. Cristina Kirchner fue contundente: “Hacia eso tenemos que marchar: hacia la utopía de una sociedad completamente igualitaria”

En esta línea, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky declaró que “el programa Progresar va dirigido al sector que algunos quieren criminalizar, que algunos quieren poner en las políticas de control social, no de inclusión social. Hay una barrera cultural que hay que romper para llegar a estos jóvenes”. Por ello, un instrumento como el Progresar va a atacar precisamente esta problemática.

Existe un sector de la población que circula de manera endogámica por los pasillos de los Ministerios de Salud y de de Desarrollo Social y, termina el circuito, en los pasillos judiciales y penitenciarios. Como lo señalan reiterativamente las encuestas y estudios estadísticos penitenciarios, son los pobres más pobres entre los pobres los seleccionados por el sistema penal, y entre estos, el porcentaje de jóvenes adultos en la población carcelaria es alarmante. Es el circuito de criminalización de la pobreza, y en particular de los jóvenes pobres.

Por ello, y atendiendo a esta especificidad de la problemática, una de las características fundamentales de este derecho, es que se trata de un derecho universal; como bien dijo la Presidenta: “se trata de un proyecto de vida para todos los argentinos” sean estos privados o no de su libertad.

Es evidente el estado de crisis y deterioro del Sistema Penitenciario de Río Negro. La Policía siempre estuvo a cargo de los penales -desde la creación del SPP- con resultados altamente negativos en términos de cumplimiento de los estándares de derechos consagrados en las normas provinciales, nacionales y pactos internacionales de DDHH, en términos de muertes, en términos de violaciones sistemáticas a los DDHH, en términos de falta de accesibilidad a la salud, la educación y el respeto a las normativas laborales vigentes.

Basta recordar que los Servicios Penitenciarios Provinciales funcionan gracias al trabajo de las personas privadas de su libertad en sectores muy sensibles para el desenvolvimiento de los mismos. Citemos un solo caso: el servicio de cocina. A éstas personas no se les paga el Salario Mínimo Vital y Móvil, no están aseguradas en ninguna ART -a pesar de que tienen accidentes laborales de manera permanente- y jamás percibieron los aportes jubilatorios por sus trabajos.

En este contexto de pauperización y crisis institucional del Servicio Penitenciario Provincial y también de fuerte crisis presupuestaria del Gobierno Provincial, el Progresar va a impulsar una sinergia muy positiva en nuestras cárceles. “Se trata de empoderar a la sociedad.

“Tenemos que ir a buscar a los jóvenes para que vayan al colegio”, dijo la presidenta. En ese sentido, este instrumento obligará a todos los actores, sean éstos, autoridades penitenciarias, educativas, de organismos provinciales, nacionales, incluidos los sindicatos, a coordinar acciones para trabajar en el acceso a estos derechos universales, y que repercutirán positivamente sobre la alta tasa de analfabetismo y abandono escolar en el contexto de encierro, así como ayudará a un mejor control sanitario de la población carcelaria.

En esta línea de trabajo, esperemos que el Servicio Penitenciario Provincial, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación, el ANSES local y la CTA de Río Negro y el SUTPLA coordinen a partir de este lunes próximo, acciones para hacer llegar este programa a sus beneficiarios de derecho. Por nuestra parte, anticipamos nuestra disposición de ponernos a trabajar en lo inmediato para su implementación.

 

Cristian Valenzuela  –   Gastón Bosio    SUTPLA  Río Negro

 

Luis Giannini, secretario general CTA Río Negro