Defensora pide informe «urgente» al Gobernador

Viedma.– La Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz solicitó informes con carácter urgente al Gobernador de la Provincia Alberto Weretilnek relacionados a definiciones sobre las últimas medidas de ajuste implementadas.

Una de ellas es la baja de la totalidad de los funcionarios públicos del ejecutivo provincial, quedando solamente en funciones los ministros, careciendo en la actualidad de secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores. Hoy, a 20 días del despido masivo de 340 funcionarios, el Gobernador solo habría confirmado en sus funciones a 19 de ellos.

Esta situación irregular, hoy ya tiene efectos muy graves en las distintas áreas del Estado. En Desarrollo Social por ejemplo, donde se deben coordinar planes sociales, asistenciales, contención y alojamiento a niños y jóvenes en situación de abandono y en conflicto con la ley, entre otras problemáticas, solamente se ha confirmado un funcionario.

En este ministerio, que es uno de los más emblemáticos dentro del funcionamiento del Estado por la necesidad y urgencia de definiciones, el problema se ve agravado en todo el territorio por la falta de designación de delegados. Las decisiones en este sector del gobierno deben ser inmediatas y por lo general no se pueden esperar los tiempos políticos. Está claro que esta situación, con mayor o menor gravedad, se repite en todos los ministerios y áreas del gobierno. A todo esto se agrega que los funcionarios hasta ahora despedidos, en muchos casos se encuentran en sus ex oficinas esperando y “trabajando” pero sin real poder de decisión ni respaldo político.

Pero lo que más preocupa, es que el gobernador de la provincia en su discurso del día 28 de enero, cuando anunció la reducción del 15 % de los haberes y el despido masivo de 170 colaboradores, manifestó también que “en el transcurso de los próximos 90 días, iremos rediseñando los funcionarios que van a seguir cumpliendo tareas”.

Considero que la provincia se ve perjudicada ante la falta de definiciones mientras dure la implementación de las medidas políticas. Tampoco puede admitirse la gravísima irregularidad que importa la presencia en el lugar de trabajo, de la mayoría de los funcionarios cesanteados. Los rionegrinos deben saber con urgencia cómo van a funcionar los organismos o dependencias que se quedarán sin los directivos que hasta ahora estaban al frente de ellos.

Es por esto que la Defensora del Pueblo solicita al Gobernador:

1) Informe con carácter de urgente acerca de los plazos que llevarán las designaciones del resto de los funcionarios que compondrán su equipo de gobierno y que aún no han sido confirmados formalmente.

2) Informe cómo funcionarán las dependencias u organismos que prescindirán de aquellos cargos cesantes; si está prevista la reformulación del organigrama provincial y en qué plazo se llevarán a cabo estas medidas”.

Es de destacar que la falta de definiciones concretas en el organigrama provincial ponen al Estado en una virtual situación de inacción administrativa, atentando contra el derecho de los ciudadanos de recibir en tiempo oportuno la respuesta institucional a los planteos que formulan.