Desilusión y política ● ADN
La política tiene el compromiso –casi nunca cumplido- de hacer creíble y fortalecer la democracia, aún cuando el sistema pareciera cada vez más lejano de alcanzar una sociedad equitativa, solidaria, con justicia y bienestar económico y social.
Por el contrario existe en el ideario popular que la política lleva intrínseco el concepto de engaño. De todo lo que se promete en las campañas electorales y en los discursos de la dirigencia poco o nada se cumple y entonces comienza a girar un juego perverso de ilusión y desilusión, de creencias y engaños y de proyectos y decepciones.
La responsabilidad de gobernantes y políticos es cada vez mayor, porque ya pasamos por aquel clamor de “que se vayan todos” y una nueva frustración lleva al peligro del escepticismo, o, a ese vulgar cinismo de quienes se ufanan de saber por anticipado que toda ilusión va a ser traicionada, situación que no favorece ni al oficialismo ni a la oposición y menos aún al sistema democrático.
En este punto se encuentra Alberto Wereltineck y su gobierno. El pueblo rionegrino prestó atención y aprobó –según las encuestas- la medida de reducir la planta de funcionarios y la rebaja de sueldos de los políticos y ahora espera una respuesta que avale esta confianza.
A poco de los anuncios, en los múltiples vericuetos de la administración y en la sociedad hay signos de preocupación sobre el destino de funcionarios que estarían comprendidos en el decreto de las renuncias y que sin embargo se está armando un entramado burocrático para que sigan en funciones con otros cargos a crearse, pero que no figuren en la grilla del escalafón político.
En el barrio esto se llama “hecha la ley, hecha la trampa”. Según trascendidos recogidos en ministerios y oficinas públicas muchos directores y subdirectores pasarán a ser coordinadores de área, asesores y secretarios técnicos, una película ya vista en Río Negro.
La Legislatura demostró -en su última sesión- que los responsables de los organismos de control habrían incurrido en el delito de abuso de autoridad al fijarse “per se” altas remuneraciones por fuera de las disposiciones vigentes. Estos funcionarios fueron designados con acuerdo parlamentario y por lo tanto corresponde a este poder constitucional analizar sus conductas. El juicio político fue solo una brisa en una tarde de estío.
Las empresas Altec y Canal10, recién ahora, luego de dos años, y ante la posibilidad de que se acepten las renuncias de sus responsables, Lautaro Srur –esposo de Erika Acosta- y Julián Goinhex, informan sobre medidas de austeridad en ambos organismos.
En tanto el resto de las empresa mantiene un silencio cómplice con la propia Secretaría de Empresas Públicas, que no ha informado aún cómo se llevará el ajuste en estos ámbitos del Estado acostumbrados a grandes sueldos y beneficios.
La credibilidad del gobierno está en juego y existen controles ciudadanos que se ejercen desde mas allá de los medios tradicionles, como son las redes sociales. Los empleados públicos y los rionegrinos que diariamente interactúan a través de faceboock, tweeter o las páginas digitales se hacen eco de estos casos de malversación de la confianza pública.
Estas redes sociales se convirtieron en el visor de las imágenes que le devuelve a diario la administración pública con estas trampas burocráticas de retornar a los renunciados al Estado.
Hay un marco de irritación donde no sería deseable sumar combustión. El exiguo 20 por ciento que ofrece el gobierno para aumentar los sueldos de los estatales pone todos los sentidos en alerta y sería imprudente que la reducción de funcionarios políticos fuera un engaño, como así también la leve baja de los megasueldos en el Estado y sus empresas.
Cuanto más grandes son las promesas incumplidas, más grande es la desilusión.