Desvinculaciones en EPRE: López señaló inacción de un asesor legal
Cipolletti (ADN).- El presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Mario López, justificó la desvinculación laboral de un abogado por la “inacción” de la anterior gestión del organismo estatal y afirmó que “solo es la punta del iceberg” interno.
López elaboró un pormenorizado informe en diciembre pasado, pero que recién trascendió hace poco, relativo al “Expediente Nº29.656-SLT-2013, relación laboral de los abogados Daniel Iglesias y Joaquín Pandolfi con el Estado rionegrino, notas 205 y 224 de la SLT”.
El titular del EPRE consignó que “las causas que determinaron la decisión de desvinculación del profesional abogado Joaquín Pandolfi, tomadas por el actual directorio del organismo, pueden resumirse por la oposición, es decir a partir de los resultados obtenidos luego de su desvinculación, así como las de otras posiciones con nivel de conducción a diciembre de 2011”.
El funcionario describió que “el citado profesional era responsable de toda la actividad jurídica regulatoria del organismo, por lo tanto lo era de resolver todas las cuestiones asociadas desde lo legal a la seguridad pública, calidad de servicio, costos de abastecimiento, tarifas, obras y temas especiales de mejora o nuevas reglamentaciones”.
López consideró que “la realidad, demostrable documentalmente, es que con la actual conducción se han puesto al día casos de seguridad pública ‘demorados’ o no trabajados desde 2007, cuestiones tarifarias desde 2009, control legal de calidad del servicio en todos sus conceptos con atrasos desde 2008, cuestiones reglamentarias detenidas sin una razón definida y se han modificado reglamentaciones asociadas a mejorar las señales económicas para que las (empresas) distribuidoras provinciales gestionen mejor, cuestiones en las que nunca se podía avanzar por criterio legal”.
Señaló que “los guarismos monetarios demuestran con claridad lo que se menciona, ya que no existe relación entre lo actuado por esta gestión en dos años con los tratados por la anterior de ocho años, en la que el profesional que nos ocupa era un eslabón fundamental para concretar los objetivos regulatorios”.
Entonces, López detalló: “En los dos años transcurridos hasta la fecha (diciembre de 2013) se aplicaron (multas) por calidad de servicio $20.300.000, fente a $8.200.000 en los ocho años anteriores. Mientras que en seguridad pública se sancionaron multas por $10.700.000, de los cuales $10.100.000 correspondían al período anterior y aún se siguen poniendo al día expedientes de dicha gestión. Esto es un indicador más que relevante de la ‘inacción’ de la gestión anterior y en particular del área Legal, cuyo responsable era el abogado Pandolfi, quien debía motorizar todas estas cuestiones en tiempo y forma”. (ADN)