La pelea salarial ● ADN

werealcanciaEl gobierno negocia la recomposición salarial del sector público con los bolsillos flacos y la “bajada de línea” del gobierno nacional con piso y techo sugerido para los aumentos de sueldos y discusiones paritarias.
Sobrevuela en este debate la sombra de la inflación –estimada para este año mayor al 35 por ciento- que corroe el salario mes a mes, por esto las ofertas oficiales del orden del 20 por ciento son rechazadas por las conducciones gremiales.
Pero nada es tan lineal ni transparente. Este es un juego que los dirigentes sindicales conocen de memoria ya que los acuerdos con las patronales, aún a expensas de sus afiliados, hacen a la razón de ser de su existencia.
Hay pronóstico de tormenta, pero sólo una posibilidad que probablemente por ahora, no pasará de algunos nubarrones. Nunca los acuerdos salariales satisfacen a los trabajadores, que terminan con un sabor amargo cada vez que sus dirigentes explican que lo conseguido “fue lo posible”. Las consecuencias: cada vez hay menos trabajadores estatales sindicalizados.
El gobierno tiene algo más que ofrecer, pero se cuida de no caminar un paso adelante del aumento autorizado por Nación. Weretilneck ya tuvo sus problemas cuando recibió reproches del poder central y gobernadores cuanto ocupó las primeras planas al anunciar el ajuste en Río Negro, con reducción de funcionarios y sueldos políticos.
También cuida la oferta a los gremios porque a fin de marzo tendrá que renegociar la deuda con Nación y si demuestra generosidad en aumentar los salarios tendrá consecuencias adversas en sus compromisos de pago al tesoro nacional.
Por el lado de los gremios las limitaciones no son menores. Juan Carlos Scalesi está condicionado por la situación interna de UPCN con una oposición en crecimiento que lo obliga a “ser duro” en un gremio con los salarios más bajos de la administración. El resultado es conocido: habrá acuerdo.
En ATE Rodolfo Aguiar tiene la posibilidad de mostrarse distinto, pero también es conciente de su limitado poder de fuego y que en su momento lo favoreció la llegada del justicialismo al gobierno. El sindicato está creciendo y no quiere perder la oportunidad, a pesar que pugna por trabajar en una estrategia salarial conjunta con UPCN. Difícil, como juntar el agua con el aceite.
Unter espera la paritaria nacional, que será una muestra testigo para todas las paritarias estatales, pero la conducción gremial docente también tiene otras cuitas con el ministro Mango y Weretilneck, que confundieron la lealtad al gobierno con los intereses de los docentes.
Y así se va conformando este entramado del debate salarial al que hay que sumar a APEL, que tiene a Alejandro Gatica disfónico y apenas con un hilo de voz rechazó la oferta oficial. Su actuación está comprometida y ligada a sus entuertos en el manejo del gremio y las irregularidades en el Fondo para la Vivienda, además enfrenta elecciones. Es un gatito domesticado.
Los judiciales pusieron su sello de “paladar negro” y dicen que no debaten por menos de 10.000 pesos en la categoría inicial. Un problema para los cinco jueces del STJ, obligados a manejar su propio presupuesto con las demandas de sus empleados y a la vez defender los ingresos de jueces y funcionarios.
Fin de mes sin inicio de clases, anuncios de marchas, paros, quita de colaboración y el gobierno que liquidará un magro “aumento” de sueldo a cuenta de futuras negociaciones.
Hay coincidencia entre los sectores gremiales y del oficialismo que no hay espacios para grandes temblores, sólo remezones de menor graduación, pero las consecuencias estarán presentes en el deterioro salarial de los trabajadores.
Mientras tanto Alberto Weretilneck termina de conformar su equipo de 170 funcionarios, y algunos más. Las publicaciones en el boletín oficial vienen atrasadas aunque algunos trascendidos alejan a unos y confirman a otros.
A Lautaro Srur, titular de Altec y esposo de Erika Acosta, vocal del Tribunal de Cuentas, le volvió la sonrisa. Cree que será confirmado y confía en gestiones realizadas por Martín Soria, no precisamente con el gobernador.
En caso de Martín Alcalde, presidente de la Lotería de Río Negro, está en zona de peligro. Como diría un reconocido dirigente ahora “pasó a terapia intensiva”. En todos los casos hubo reclamos del intendente de General Roca.
Ante cada caso el gobernador analiza los costos salariales de los funcionarios en cada ministerio y controlar los gastos y conductas grandilocuentes de sus funcionarios como los viajes al exterior, con destinos en Estados Unidos, Australia, Europa y América Latina. Pasión por la ostentación.
En los perfiles confusos del gobierno no escapa la preocupación demostrada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Huentelaf ante la posibilidad que se le inicie juicio político junto con Erika Acosta, vocal del organismo, por abuso de autoridad y fraude a la administración pública por la fijación de sus propios salarios fuera de las normas vigentes.
Consultado un legislador de la intimidad del poder indicó que el juicio político correspondería también al Fiscal de Estado, el Fiscal de Investigaciones Administrativas y a la Defensora del Pueblo. Una posibilidad.
Se esperan cambios en las autoridades de la Legislatura de Río Negro. Trascendió que Angela Ana Vicidomini podría ser reemplazada como vicepresidente primera del parlamento. Se menciona en su lugar a Alejandro Marinao o Ariel Rivero, con mayores posibilidades del legislador de la línea sur.
Vicidomini pagó caro su carencia en el compromiso político y su pretendida independencia. La legisladora de General Conesa conformó un equipo de asesores que a la postre operó como un salvavidas de plomo. Javier Mariano García Guerrero, Jefe de Asesores, no ocultó sus opiniones contrarias a los gobiernos nacionales y provinciales y recientemente hizo pública su solidaridad con la legisladora Ana Ida Piccinini, expulsada del bloque justicialista Eva Perón, que causó mucho enojo.
De hecho ahora los legisladores oficialistas van camino a unificar de nuevo al bloque, donde también habrá cambios y designaciones en responsabilidades legislativas, como el reemplazo de Ricardo Arroyo –actualmente ministro de Desarrollo Social- en el Consejo de la Magistratura.
Finalmente Ernesto Sanz no pudo viajar a Río Negro, donde el senador radical tenía previsto desarrollar actividades en Las Grutas y Viedma.
El radicalismo rionegrino se quedó sin la posibilidad de mostrarse junto a uno de los presidenciables. La intención era movilizar a dirigentes y simpatizantes y comenzar a darle dinámica a la UCR rionegrina que como un boxeador tendido en la lona del ring enfrenta el desafío de levantarse y continuar la pelea.
Un corte transversal divide a la dirigencia de este partido con sus bases, cuadros dirigentes y simpatizantes. Unos siguen en la tarea de mirarse el ombligo y alentando acuerdo copulares que le devuelvan, al menos personalmente, seguir sacando beneficios de la política.
Los otros, desde el llano, se ilusionan en la constitución de un frente opositor que posibilite recuperar el gobierno provincial, más aún cuando recogen en las calles señales de disconformidad con el gobierno del Frente para la Victoria.

 

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