Un empujón del diablo ● Claudia Beltramino
El 2015 a la vuelta de la esquina obliga a redoblar esfuerzos. Desde los diferentes sectores políticos saben que pronto van a servir la torta y que habrá tajadas mejores y peores además de porciones más y menos abundantes y sobretodo esto, quedará el centro, empapado de licor, jarabe y crema moka, esperando en la heladera para que los más afortunados desayunen por largo tiempo.
El impacto que produjo Weretilneck en la tierna bonomía rionegrina cuando sorprendido en su buena fe sobre el malestar que causaban los megasueldos, obligándose a tomar la intempestiva y espontánea decisión de reducir la planta de 315 funcionarios, despidiendo a 170 ociosos, innecesarios y onerosos empleados con rango político, nombrados por5 el propio Gobernador en algún momento de estos dos años que lleva gobernándonos.
El impacto con firma de consultora se diluyó en un mar de inquietudes. Los 315 ¿son okupas en las oficinas en las que se atrincheraron? ¿pueden dar órdenes, decidir, firmar?
En principio los rionegrinos nos sorprendimos al advertir que los 315 funcionarios, con la sola excepción de Mario Sabatella, el lunes 3 de febrero, diligentes, volvieron a ocupar sus oficinas. La sorpresa creció cuando empezó la ronda de rogativas telefónicas para mantener los cargos.
Se llegó al estupor cuando empezó a tomar cuerpo la decisión de que la gran mayoría permaneciera en sus puestos pero en otra categoría laboral, digamos como monotributistas. Sospechamos de una nueva genialidad del ministro de la cartera económica Alejandro Palmieri quien así lograría un importante ahorro para las arcas provinciales. O ¿no?
En cualquier caso, cuando todos pensamos que podrían ocurrir duelos a primera sangre entre los DeDe (despechados y despedidos) y Alberto Weretilneck, nos tranquilizaron con el pago (a todos los DeDe) por planilla complementaria.
Sin embargo, un fuerte debate en relación a los delitos contra la administración pública, tipificados en el artículo 246 del Código Penal, volvió a ensombrecer el panorama.
Art. 246: Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:
1- El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente;
2- El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas;
3- El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo
En una tierra en que la miseria se presenta como devaluación y en 24 horas el peso se adelgaza en un 23 % achicando sueldos y engordando precios, justo el mismo mes en que se admite una inflación mensual cercana a la realidad que da por tierra con la agorera afirmación de la Presidente sobre que una inflación del 25 % anual haría estallar al País en pedazos, la oferta laboral del Estado es un orgasmo.
Con un encuentro de urgencia el viernes, citados por el ministro de Gobierno Luis Di Giácomo, tanto ATE como UPCN rechazaron la oferta del 21 % de incremento salarial en 5 (cinco) cuotas y con los docentes atentos a la paritaria nacional a la que se llegó reclamando 42 % de incremento pero se salió con un modesto 26% (al que llegarían recién a fin de año) y aunque todos sospechan de una maniobra para que mediante decreto se ponga tope al porcentaje, en igual sentido se intuye que no podrá servir de freno al malestar o al reclamo público en sus diferentes modalidades.
Con un radicalismo aletargado, apenas con suaves espasmos arrítmicos y diletando con Odarda que compite con García Larraburu en el reclamo de cajeros automáticos, aunque por suerte ninguna perturba ya a don Lewis, disculpado por que estaría ocurriéndole lo que a Daniel Hadad, presionado para vender Lago Escondido al heredero santacruceño, el 2015 juega a favor del oficialismo.
Claro, el oficialismo es un espacio difícil de describir. El Senador que acordó la convivencia con el Gobernador para evitar desgaste innecesario antes de la batalla final, podría estar ya encontrándose cara a cara con el desencanto de un PJ harto de infidelidades.
Weretilneck apuesta a este desencanto que podría inhibir al Senador de fina sensibilidad de calzarse el yelmo para la contienda, dejándolo solo en el carro del triunfo, apenas con algún Facundo López rezándole al oído: “recuerda que eres mortal”
Así, Weretilneck quedaría solo frente al 2015 pudiendo pergeñar un segundo gobierno firme, con objetivos estrictos, estrategia clara, planificación adecuada, equipos sólidos y eficientes.
Pasando a una zona libre de ironías, nadie podría afirmar que es el gobernador rionegrino el padre del pragmático recurso marketinero de los grandes anuncios pensados para el público sufragante o bien de los anuncios rimbombantes que nadie piensa que se vayan a hacer cumplir jamás. Menos aún, una vez ganada la elección.
Según distingue el académico del derecho Lucas Grossman hay “derechos de papel” y “derechos con dientes” y explica, “cuando creas un derecho, tenés que poner un presupuesto para que haya un juez, un fiscal, un policía y mucha gente más para que ese derecho se cumpla”
Podemos focalizarnos, por ejemplo, en la Ley Pesatti sobre alquileres en la ciudad de Viedma en donde el propio Estado vulnera la norma pagando suculentos alquileres, por caso 12 mil mensuales para el Modesto Oscar Albrieu ministro de Seguridad y Justicia o los 11 mil de la Procuradora, La Dra. Silvia Baquero Lazcano.
Recordemos que con fecha 13 de junio de 2013, el legislador Pesatti aseguró que su ley permanecía vigente para los tres Poderes del Estado y en ese marco aludió a la resolución 211 de mayo de 2013, que con firma de Hugo Lastra, entonces Secretario General de la Gobernación, se aumentó el monto máximo a liquidar por alquiler a subdirectores, directores subsecretarios y secretarios e increíblemente, a los ministros y autoridades superiores se les eliminó el límite de gasto en alquiler, por lo cual ya no hubo tope para el pago en ese concepto para esos rangos. Según el titular del bloque del FpV, la resolución debía “ajustarse a la ley, porque la subordina”. Sin embargo, en todo caso le habrá tocado al legislador subordinarse a la realidad que su gobierno le impone.
Más grave aún, veamos lo que legislaba el abogado frentegrandense Facundo López cuando era oposición y es probable que no obstante la promulgación de su ley 4640, el ejecutivo arisqueara para reglamentarla, es decir, hacerla efectiva. Hoy, en su estrechísima cercanía al gobernador Weretilneck, López podría exigir la aplicación de su Ley, a menos que como otros, también él hubiera usado el temor a una incómoda vejez como moneda de cambio que no pensó nunca en cumplir.
La Ley 4640/11, aprobada en 1º Vuelta el 16/12/2010 y sancionada el 17/03/2011, promulgada: 26/04/2011, dice:
Artículo 1º.- Se establece a partir de la fecha de promulgación de la presente, para todo el personal dependiente del Poder Ejecutivo provincial, que esté comprendido en las edades de cincuenta (50) años para las mujeres y cincuenta y cinco (55) para los hombres, la incorporación de todos los adicionales como sumas remunerativas sujetas a aportes.
Artículo 2º.- El Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos implementará la presente norma de acuerdo a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
López “El breve”, debe confiar en que algunos polvitos mágicos impidan a los más de 2 mil trabajadores que deberían recibir los beneficios de su ley, salgan a buscarlo para que al menos llore con ellos por la creciente desinstitucionalización de Río Negro.
Mientras Soledad Silveyra hacía de Susana Trimarco en una exitosa telenovela, dos legisladoras rionegrinas, fervientes defensoras de los derechos humanos y consustanciadas con la Ley Nacional 26.842 contra la trata de personas para explotación laboral o sexual, vieron la oportunidad de sumarse al equipo y así nació la ley que prohíbe cabarets en Río Negro.
Besos, abrazos, fotos con Susana Trimarco a quien no le deben haber comunicado aún que los cabarets rionegrinos siguen luciendo como antes de que Dieguez y Carreras se prodigaran con la prensa anunciando sus logros.
En este marco de debilidad institucional, con devaluación, inflación, demanda gremial que juran en el gobierno que son imposible de satisfacer, y si en esas condiciones ocurriera que el reclamo creciera en número de participantes pero también que logre el acompañamiento de vastos sectores, es imposible no pensar que grado de compromiso cívico tendrían las actuales autoridades. Hasta donde respetarán la Constitución.
Hace algunos días un empujón del diablo nos hizo depositarios de un archivo que nos retrotrajo a un momento inquietante de la historia argentina, cuando el gobierno eligió para el Estado un papel que la Constitución no le asigna. De este modo, sin procesos judiciales ni jueces que autoricen actividades de inteligencia basado en la semiplena prueba de un delito, estudiantes, obreros, empleados, curas, monjas, jóvenes, profesores, un extenso conjunto de personas que con el natural sentido crítico que nos distingue de las bestias, cuestionaban y por eso se volvieron, primero, sujetos de investigación, después, el doloroso saldo del que recurrentemente hablamos.
Preparamos una nota que sería publicada (con gran valor) en www.adnrionegro.com.ar, pero la decisión de presentar una denuncia penal por parte de de las víctimas hizo que detuviéramos la publicación.
Hoy, compartimos con ustedes, desde la nota hasta el informe, en la convicción de que solo entre nosotros podemos cuidarnos y cuidar a la República.
Claudia Betramino
N de la R: adjuntamos abajo la nota que no fue
El espionaje en Río Negro
No es posible pensar en un ajuste sin un sistema represivo que frene la protesta de los perjudicados. El gobierno rionegrino lo entendió y rápidamente pergeñó la estrategia de control a la Policía para extenderla a todos los trabajadores.
Si bien en la Ley de Seguridad Interior no figura ningún impedimento explícito acerca de las tareas de inteligencia, deja en claro que los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad del Estado deben ajustarse en su accionar a las “normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”.
“El único caso en que las fuerzas de seguridad pueden buscar información e inclusive “pinchar” teléfonos es si existiere una orden judicial basada en un proceso concreto en el que haya semiplena prueba de que se ha cometido un delito”, explica Daniel Sabsay, constitucionalista.
Sin embargo y a pesar del compromiso firmado por en la ciudad de Cipolletti a los 09 días del mes de diciembre de 2013, en el 5º piso de la municipalidad, con las firmas de Luis Di Giácomo, ministro de Gobierno, Oscar Albrieu, ministro de Seguridad Y Fabián Gatti, jefe de policía, además de la firma de unos 25 miembros de la fuerza, en un Acta de Compromiso cuyo punto 8º expresa:
“No existirán sanciones ni procesos administrativos para el personal policial que ha participado de los reclamos salariales en tanto no se han producido faltas de disciplina, abandono de funciones ni otro tipo de faltas que hayan infringido el reglamento policial”.
No obstante todo lo anterior, ya sea que nos refiramos a la Constitución nacional, ya sea que hablemos de lo acordado bajo signatura por dos ministros y el jefe de policía, a algunos miembros de la fuerza policial se les comunicó que serán trasladados, lo que no solo implica abandonar a sus familias sino también abordar el alquiler de una segunda vivienda.
Luego de insistentes consultas con la misma respuesta de parte de su personal jerárquico, estos policías a quienes les cerraban las puertas en un derrotero kafkiano cuando pedían motivos por la decisión de sus traslados, dieron con un informe confeccionado por el Departamento de Análisis Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad.
El oficial inspector Alfredo Abán confecciona el informe desde el Departamento de Análisis Criminal, dependiente del Comisario José Benjamín Ruz y desde allí al Director de Seguridad, Comisario Inspector Daniel Jara quien lo distribuye a las autoridades civiles.
Esta ‘Carta de Situación Diaria’ que de todas las regionales envían los subjefes, son visadas por el Inspector Jara y se entregan copias al ministro de Gobierno Luis Di Giácomo, al ministro de Seguridad Oscar Albriéu y al jefe de Policía, el abogado ‘constitucionalista’ Fabián Gatti.
La copia que adjuntamos es el INFORME RESERVADO: “08122013”, cuya correspondencia con la fecha es una obviedad digna de un servicio de inteligencia extremadamente sobrecalificado.
El subrayado del último párrafo destacando al intendente radical de Viedma, José Luis Foulkes, da cuenta por si solo y es la prueba irrefutable de que tanto da un policía como un dirigente político, a quienes se vigila, aunque esto viole la Constitución.
Cómo es fácil comprender, el ejercicio del espionaje ilegal (Servicio de Inteligencia) no puede haberse circunscripto a estos casos, en cambio, si es posible comprender que esta violación constitucional ocurre, peligrosamente ocurre, por que la indiferencia desde la política, desde la Justicia y desde los organismos que debieran defendernos, avergüenza.
Claudia Beltramino