Otro capítulo judicial de una de las tomas de tierras más importantes

Cipolletti (ADN).- El miércoles pasado, la Justicia rionegrina volvió a analizar las actuaciones vinculadas con la toma de tierras Obrera, uno de los asentamientos precarios más importantes de la región. Se trata de un largo proceso, que ya consumió más de cuatro años, incluso cuando el gobernador Alberto Weretilneck era intendente de Cipolletti.

Ahora, el máximo organismo judicial rionegrino evaluó las actuaciones caratuladas “Romero Carlos Adolfo y otros sobre interdicto de recobrar sobre casación”. Romero sustentó ser el propietario de las tierras tomadas en Naciones Unidas y Calle 15 Bis.

Una anterior resolución instruyó al juez que entiende en la causa “que procure, como paso previo, una solución pacífica del conflicto convocando a las partes y los tres niveles territoriales del Estado y, en caso de fracasar la misma, llevar a cabo el desalojo respetando pormenorizadamente las pautas establecidas, en los considerandos, en cuanto a modos y plazos, adecuando la medida en cuanto fuese necesario, siempre de conformidad con los Pactos de Derechos Humanos que informan nuestro plexo constitucional.”.

Uno de los ocupantes afirmó que “al confirmarse la orden de desalojo se ha desconocido el derecho a la vivienda digna de las personas que hoy habitan el inmueble en cuestión” y consideró que “la ejecución del desalojo debería quedar supeditada a que los organismos gubernamentales brinden una adecuada respuesta destinada a la protección y seguridad de la tenencia y que asegure la protección integral de los niños/as y adolescentes que actualmente habitan el predio”, unas 427 familias.

En una carta de lectores, difundida hace un tiempo, Romero expuso la situación: “…no puedo evitar mencionar a la Justicia, lamentablemente a más de tres años y medio de luchar por la recuperación de una propiedad familiar, los jueces de la Cámara de Apelación han demostrado una vez más ser dependientes del poder político, no supieron poner los… sobre la mesa y se desprendieron de la toma sentenciada al desalojo en primera instancia y ratificada por la misma Cámara”.

Por entonces consignó: “Hoy el juicio continúa en Viedma con el costo que eso significa, que es enorme, más las complicaciones de tener que viajar 500 kilómetros cada vez que los nuevos jueces del Superior Tribunal lo soliciten”.

Romero también se preguntó: ¿Cómo nos podemos defender ante tanto pero tanto atropello de los políticos que fomentan la toma?, jueces que quieren ser independientes pero no los dejan, Justicia que quiere ser justa pero no lo es”.

Agregó: “Tal vez sea pasible de alguna sanción por esta nota, pero no importa ir preso si eso sirve para que se conozca en todo el país cómo trabaja la Justicia en Río Negro. Seguiré hasta las últimas consecuencias, se cruce quien se cruce”. (ADN)