La procuradora plantea suspender la actividad y audiencia pública

Cinco Saltos.- El presidente del bloque de legisladores de la Concertación para el Desarrollo, Bautista Mendioroz, se mostró optimista por el dictamen de la Procuradora General del Poder Judicial, Silvia Baquero Lazcano quien aconsejó hacer lugar a la acción de amparo ambiental por el denominado “Basurero petrolero de Cinco Saltos”.

Baquero Lazcano expresó, en su escrito, que es necesario requerir a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que arbitre los medios para llevar a cabo la audiencia pública, como así también solicitar a la empresa Greencor S.A. la actualización del estudio de impacto ambiental, suspendiendo para ello cualquier actividad que se este llevando adelante hasta tanto esté cumplimentado el proceso en debida forma.

Mendioroz recordó que solicitó al Superior Tribunal de Justicia, que cautelarmente se ordene la suspensión del acto administrativo que autoriza a la firma Greencor SA a desarrollar en Cinco Saltos la actividad petrolera comúnmente llamada Landfarming, hasta tanto se cumplimente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley M 3.266. Esta norma incluye la obligatoriedad de realizar audiencias públicas con carácter previo a comenzar a desarrollar actividades potencialmente dañosas del medio ambiente.

Mendioroz, en su carácter de habitante y ciudadano rionegrino y, paralelamente de legislador, con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Gestoso interpuso una acción colectiva de amparo ambiental a fines del año pasado.

El presidente del bloque cuestionó además que la habilitación otorgada para funcionar fue a espaldas de los habitantes del lugar y aseguró “la transparencia es un requisito que hace a la concreción del resto de principios ambientales”. Exigió además, en el marco del amparo ambiental, que se garantice a los habitantes Cinco Saltos el derecho a vivir en un ambiente sano y saludable y se resguarde el derecho a la salud, en los términos de la Constitución Nacional y Provincial, permitiendo hacer uso de las facultades que implican su participación en los procedimientos administrativos, dando curso al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en los términos de la Ley M Nº 3.266, la procuradora así lo indica en su dictamen.

Mendioroz exigió se cumpla debidamente con lo dispuesto por un artículo 7 de esa norma provincial, en cuanto prescribe en forma perentoria la realización de audiencia pública de los interesados y afectados en el lugar de emplazamiento del proyecto o donde se produzcan los impactos ambientales. Además requirió se constate la existencia de daño ambiental en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675 y, de confirmarse tal circunstancia, se apliquen sobre los responsables las sanciones que la misma norma establece y se ordene la consecuente remediación ambiental.