Justicia dispondría plazo para designar juez municipal de Faltas de S. Grande
Sierra Grande (ADN).- Los concejales radicales de Sierra Grande Viviana Díaz, Miguel Mesa y Fabio Gutiérrez promovieron ante el Superior Tribunal de Justicia la obtención de una orden judicial destinada al Poder Ejecutivo Municipal, representado por el intendente Renzo Tamburrini, para que designe al juez municipal de Faltas, ya que el anterior renunció en setiembre del 2012. Ahora, el máximo organismo judicial provincial dispondría el plazo para que efectivice el llamado a concurso para cubrir el cargo.
En la presentación, los ediles sierragrandenses recordaron que en setiembre del 2012 Adrián Otero presentó su renuncia al cargo, asumiendo transitoriamente las funciones el secretario municipal de Gobierno.
Sostuvieron que transcurrido cierto plazo, el Tribunal de Contralor Municipal solicitó el 22 de marzo del 2013 información mediante diversas notas, respecto del estado del proceso de apertura para la cobertura del cargo, de las cuales no han receptado respuesta, según indicaron.
Refirieron que desde el 26 de setiemb re de 2012 vienen solicitando pedidos de informes en los mismo términos que el Tribunal de Contralor Municipal, los cuales “tampoco han tenido respuesta alguna”.
Por su parte, el intendente Renzo Tamburrini, con el patrocinio letrado del abogado Pedro Casariego, coincidió sus expresiones con las vertidas por los presentantes en cuanto a las fechas y el estado actual de la titularidad del Juzgado de Faltas.
El jefe comunal señaló que “no surge omisión, atento que el servicio de justicia de faltas municipal se encuentra en funcionamiento, no existiendo restricción ni alteración de derecho alguno”. Sin perjuicio de ello, informó que “las demoras en el inicio del procedimiento para cubrir la vacante se centra en que las partidas presupuestarias destinadas a dicho trámite fueron reasignadas y utilizadas en otras urgencias del municipio”.
Para la procuradora general del Poder Judicial, Siulvia Baquero Lazcano, el municipio “ha tenido tiempo suficiente para realizar el llamado pertinente y, de haberse presentado algún acontecimiento que haya hecho imposible el cumplimiento de la las normas en análisis, dicha circunstancia debió haber sido introducida en estas actuaciones de forma precisa y detallada, porque los escasos y generales argumentos dados en el informe previsto no han sido suficientes para demostrar las causas de la excesiva -a mi entender- demora”.
“Tampoco se informa fecha aproximada para realizar el llamado, de lo que se sigue que con el argumento presupuestario podría darse que la situación en análisis se prolongue sine die”, resaltó la procuradora general.(ADN)