Comienza el debate por una norma de ética para la función pública en Bariloche

Bariloche.- El proyecto fue presentado por el Frente Grande y propone la adhesión a la Ley Provincial de Ética Pública. Este jueves, la iniciativa tomará estado parlamentario y comenzará a ser discutida en Comisiones. “Hay funcionarios que tienen cinco trabajos del Estado, no sé cuándo duermen. Eso se modificará con esta normativa”, señaló uno de los autores de la norma.

Una ordenanza podría aportar transparencia a la función pública en Bariloche, y saldar una histórica deuda. Este jueves, tomará estado parlamentario el proyecto presentado por el Frente Grande, que estipula la adhesión municipal a la Ley provincial de Ética Pública. Uno de los autores de la norma, el concejal Alfredo Martín, apuntó que uno de ejes centrales de la Ordenanza se vincula a evitar la superposición de cargos en los diversos estamentos del Estado. “Hay funcionarios que tienen cinco trabajos del Estado, no sé cuándo duermen. Eso se modificará con esta normativa”, precisó Martín en diálogo con ANB.

La iniciativa comenzará a ser debatida en distintas Comisiones, y entre los primeros abordajes se pondrá en consideración un dictamen de la Asesoría Letrada del Concejo en el que se sugiere que se elabore un proyecto propio y no de adhesión a una normativa provincia. Para “evitar vacíos normativos o dudas interpretativas, se efectúe una regulación propia de las cuestiones que no están reguladas en el sistema normativo local, como el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, entre otras y se fije claramente la autoridad de aplicación, el régimen sancionatorio, entre otras cuestiones, reflejando en esta reglamentación la autonomía que consagra la Carta Orgánica Municipal”, señaló la Asesora.

Al respecto, Martín rechazó esa mirada, y subrayó que el Proyecto “es una adecuación local a la Ley provincial –número 3550-. No se trata de una adhesión lisa y llana. Tiene adecuaciones, hay puntos en la Ley provincial que sería desafortunado aplicar a nivel municipal”, explicó el edil.

Lo cierto es que de prosperar la iniciativa, tal como fue presentada esa adecuación, podría saldarse en el propio tratamiento legislativo en Comisiones, y a través de la reglamentación de la norma, que estará a cargo del Ejecutivo.
La Ley provincial prevé pautas de ética para los empleados y funcionarios, un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos funcionarios y empleados del Gobierno Municipal. En el año 2007, la Legislatura rionegrina aprobó la norma –que sigue vigente- que exige y regula, entre otros puntos, la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes.

En los fundamentos de la norma local de adhesión a la Ley provincial, se establece que “hoy no es posible hablar de un Gobierno transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por parte de quienes trabajan en la gestión pública”. En un mismo sentido, los autores de la norma, entienden que existe un “vacío legal” que es “necesario cubrir a nivel local”.
En Bariloche el tema ya fue discutido. Durante el año 2009, una normativa de similares características fue analizada en el Concejo, pero no prosperó. En ese entonces, el proyecto fue presentado por el edil Daniel Pardo (PPR) y designaba al Tribunal de Contralor como autoridad de aplicación, previendo fuertes sanciones para los infractores, que iban desde la exoneración hasta la imposición de multas a cobrar mediante descuentos del salario. (ANB)

ANBARILOCHE