Destacan fallo judicial que condena a empresa frutícola a pagar a productora
Viedma.- El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Haroldo Lebed, analizó hoy junto al presidente del Bloque de Legisladores del Frente para la Victoria, Pedro Pesatti, el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que condenó a Ecofrut S.A a pagarle a una productora el precio que oportunamente había fijado la Mesa de Contractualización Frutícola.
«El STJ ha producido un fallo ejemplificador, que reafirma el uso de herramientas que hasta el momento habían tenido una efectividad muy relativa, pero que a partir de ahora se potencian como instrumentos válidos. Hablamos de la Mesa de Contractualización y el régimen de Transparencia Frutícola», afirmó el ministro.
Consideró además, que «no hay dudas que este precedente habilita al resto de los productores a reclamarle a las empresas que le compran la fruta, toda vez que consideren que en las liquidaciones no se respetaron los precios pactados».
Resaltó que con este fallo, la justicia declara constitucionales las leyes rionegrinas 3611 y 3993, vinculadas a la implementación del régimen de Transparencia Frutícola y la Mesa de Contractualización respectivamente.
El caso sobre el que falló el STJ dio por válido el reclamo de Norma Ramírez, productora rionegrina, quien había denunciado a Ecofrut por no respetar el compromiso de pagar el precio de la fruta fijado en 0,33 dólares y hacerlo a 0.26 dólares por kilo y en seis cuotas.
De esta manera, la Justicia optó por validar el precio acordado en los dos contratos firmados por la demandante y la empresa, el 25 de enero de 2010 y el 12 de abril del mismo año, calculado sobre la base de costos que la provincia había dado a conocer en su momento.
En este sentido también se expresó, Pedro Pesatti, al opinar que: «ha sido recurrente y de una indiscutible legitimidad la demanda de los productores por precios justos, frente a las empresas exportadoras de fruta que habitualmente los convierten en sus variables de ajuste».
Fundamentó que «por eso, el fallo del STJ, ratificando la constitucionalidad de la Mesa de Contractualización y el Régimen de Transparencia Frutícola, es de una enorme relevancia, ya que significa reconocer la potestad del estado de intervenir en el mercado, al mismo tiempo que reconoce la operatividad del valor de referencia que se establezca en los ámbitos constituidos por la provincia.»
«Como pensaba Jauretche y el propio Perón -agregó Pesatti- nosotros consideramos que la economía libre no existió nunca y que si ésta no es regulada por el estado en beneficio de la comunidad, la regulación la efectúan los monopolios para su exclusivo beneficio. En consecuencia, este fallo del Superior Tribunal actúa en este sentido, ratificando que el estado puede intervenir en el esquema de un negocio muy concentrado, oligopólico, y que las leyes que dictó para crear el Régimen de Transparencia y la Mesa de Contractualización son constitucionales», concluyó el parlamentario.