Mendioroz y Betelú criticaron el acuerdo con petroleros

Viedma.- Legisladores del Bloque Alianza Concertación para el Desarrollo se manifestaron sobre la renegociación con Petrobras. Bautista Mendioroz, en declaraciones a la prensa, expuso fuertes objeciones al contrato respecto a las cuestiones ambientales y el plan de inversiones. Alejandro Betelú -en la audiencia- habló sobre la formalidad y el contenido del contrato, y expresó sus dudas a la Autoridad de Aplicación.

Mendioroz

“Pensamos que este acuerdo tiene como única finalidad para la empresa la revalorización de sus activos de las areas concesionadas para luego poder venderlas al mejor postor y para el gobierno un muy alto bono fijo por 750 millones de pesos que liberaran las partidas de obra pública y de bienes de capital del presupuesto 2014 que se utilizarán para gastos de funcionamiento” aseguró el presidente de la bancada radical.

“La empresa ha tenido un comportamiento fiscal cuestionable a punto tal de presentar una demanda contra la provincia ante la Corte Suprema de la Nación para no pagar lo que le corresponde y en materia ambiental presenta una conducta también cuestionable que derivó en la presentación de un amparo ambiental por parte de la provincia de Rio Negro, lo que claramente la deja fuera de la Ley Nacional 17319 que en su artículo 35 permite la prórroga a los buenos concesionarios” planteó el legislador Mendioroz.

“Se aceptó hoy por parte de la Secretaria de Medio Ambiente, Laura Juarez que no existe auditoría ambiental provincial y el gobierno planteó haber rechazado la consultoría ambiental contratada y pagada por EDHIPSA (EJM) con fuertes cuestionamientos hacia Petrobras por ´insuficiencia técnica´ y hoy la secreatria de medio ambiente aseguró desconocerla lo que es una flagrante contradicción” sentenció Mendioroz.

“Ante una pregunta concreta que realicé hoy al Secretario de Energía sobre si existiera un pedido de transferencia de concesión por parte de la empresa si se autorizaría o retrotraería del área la respuesta política del secretario es que ´lo evaluarían, que la ley lo permite´…no acalaren que oscurece, es una operación para valorizar activos con muy bajo y difuso compromiso de inversión y muy alto bono fijo” aseguró Mendioroz.

Finalmente manifestó “las finanzas de la provincia están mal y por eso el gobierno del Frente pa Victoria apuesta a “San Petrobras”. Pero existe una sola realidad: el brutal ajuste que lleva a tener escuelas sin mantenimiento, hospitales devastados, patrulleros sin combustible, ni un sólo programa social, precarización y militarización del Servicio Penitenciario provincial, aumento de la inseguridad, la obra pública parada, sueldos destruidos por la inflación, entre otras males llevados adelante ´con acción´. A dos años y medio de asumir, es hora de que se pongan a trabajar por Río Negro”.

Betelú

El parlamentario expresó que “entre otras cosas, nos provoca dudas y esperamos poder despejarlas con las respuestas antes del tratamiento del expediente en sí, como podemos sentarnos a discutir con alguien con quien tenemos juicios pendientes”.

Betelú se refirió al amparo ambiental presentado por la provincia el año pasado y sostuvo que hay un error de concepto. El contrato menciona que en cuanto a la temática ambiental se indica la aprobación de planes de remediación correspondiente a las áreas de inversión, se consigna en tal sentido que la provincia manifiesta su plena conformidad con los planes de remediación ambiental propuestos por la concesionaria, razón por la cual las partes se comprometen y facultan mutuamente para solicitar la homologación judicial del compromiso asumido”.

“Es decir -continuó explicando-, que una vez aprobado este contrato por la vía legislativa como corresponda, se comprometen a la homologación judicial de este acuerdo, por lo cual perdería virtualidad aquella presentación de amparo”. “Desde nuestro punto de vista eso no se puede hacer, porque aquel amparo se presentó ante la Justicia en el marco de la ley 2.779 impulsado de oficio por el Fiscal de Estado, en representación de los intereses colectivos, o sea no es una acción que inicia el Fiscal en representación del Estado, lo hace en representación de los intereses colectivos de todos nosotros, entonces en este sentido no esta legitimado ni el Fiscal de Estado, ni el Secretario de Energía, ni el gobernador para después solicitar la homologación de estas concesiones entre la empresa y el Gobierno”, expresó Betelú y resaltó que “de operarse esto, podría tornarse en una nulidad absoluta, de carácter insubsanable”.

El legislador también habló del principio genérico de “buen concesionario” o sea del buen cumplimiento. Betelú expresó que “el cumplimiento de ese principio se acredita con un buen comportamiento en los primeros 25 años de concesión y evidentemente algún inconveniente hubo porque no ha sucedido así”. Mantener litigios judiciales por cuestiones impositivas o ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación parecen indicar lo contrario.

Agregó que “no tenemos tampoco un parámetro sobre que son los ‘mejores esfuerzos’ ni sobre lo que entiende por contingencias, no esta claro cuales son los criterios que se han utilizado, ni por parte del Estado ni por parte de la empresa”. “Se mencionaron los criterios de responsabilidad social, la intención de mejorar la producción, son propuestas que hacen y la Secretaria de Energía entiende como razonables, pero a la luz de los 25 años de concesión no parecen tan así”, sostuvo el legislador.

“En cuanto al contenido del contrato nos llama la atención el NO cumplimiento de cuestiones fundamentales vinculadas al tratamiento del agua y una en particular que nos llama mucho la atención, casi todos los expositores pusieron énfasis en la importancia de la relación entre el producto y el medio ambiente, entre el producto y la comunidad y el desarrollo sustentable, y permanentemente se habló de los superficiarios y todavía no entiendo porqué en este comité de seguimiento o en la comisión de enlace no figura un representante de los superficiarios”.

Mencionó que “todos entendemos que los superficiarios son una parte importante del proceso, ese comité de seguimiento tiene representantes de la parte patronal, de los trabajadores, del Poder Ejecutivo, de la Legislatura provincial, pero no hay representante de los superficiarios”. El legislador dijo que “sería importante desde el punto de vista constructivo, destacando que cuando estuve hablando con ellos en ningún momento tuvieron una postura obstruccionista si no todo lo contrario, entonces en estas cuestiones que mejor que integrar en el Comité de Seguimiento, a alguno de los superficiarios para discutir el tema del uso del agua y las acciones para la remediación ambiental”.

En apretada síntesis, Betelú se preguntó: ¿por qué no figura en el expediente un detalle de las situaciones de impacto ambiental? ¿por qué no existe informe que detalle las causas que produjeron este impacto ambiental?, ¿cuales son las acciones realizadas? ¿por qué no incluye el Ejecutivo un inventario de superficies o zonas afectadas por impactos ambientales producidos por la actividad hidrocarburíferas en el inicio de la explotación en su conjunto? Se reconoce acá que hay 24 millones de dólares destinados a la remediación ambiental, ello porque se produjo un daño ambiental. ¿por qué no hay información sobre los acuíferos? ¿Por qué no existe un relevamiento de activos y de instalaciones existentes?, tanto en uso como en desusos. ¿por qué la empresa no desistió de sus planteos judiciales?, si no hay una cuestión vinculada a cuales son las razones de porqué la empresa no desistió de aquella demanda. ¿por qué solo se prevé en el contrato un 14 % de inversiones en exploración y apenas un 3% en remediación?

“En suma como estamos teniendo ciertos reparos en el cumplimiento de la obligatoriedad expresa en el expediente que tenemos a la vista y se puso mucho énfasis en la necesidad de ejercer el contralor, es necesario conocer con cuanto personal cuenta la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente para inspeccionar los yacimientos y cuales son los recursos con los que cuenta”, sostuvo para finalizar el legislador Alejandro Betelú.

BLOQUE ALIANZA CONCERTACIÓN