Polémica por el uso y fabricación de “drones”
Viedma (ADN).- Hace pocas semanas el diario la Nación publicó un artículo donde se afirma que en la Argentina se estaría fabricando o importando material para utilizar vehículos aéreos no tripulados, más conocidos como «drones». Se habla de la participación del INVAP en el proyecto y, por otra parte, desde la Secretaría de Energía de Río Negro se confirmó que se está realizando «una serie de pruebas piloto para avanzar en la implementación de controles en las áreas hidrocarburíferas con aviones no tripulados, popularmente conocidos como drones».
Dice el periodista, Martín Dinatale, que “no se trata de una hipótesis improvisada”, sino que al contrario es una certeza que partió de investigaciones y que radica en una solicitud que enviaron al Consejo de Defensa Sudamericano y al ministro de Defensa, Agustín Rossi, un grupo de 40 académicos, ONG y especialistas argentinos en seguridad y defensa.
El documento sostiene que «desde hace años se vienen usando los drones como parte del repertorio de varios países como parte esencial de la «guerra contra el terrorismo», al tiempo que crece su ensayo en otra modalidad de conflicto irregular como es la «guerra a las drogas»». Entre algunos de los firmantes figuran Juan Gabriel Tokatlian, Fabián Bosoer, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Carlos Gabetta, Verónica Giordano, Fabián Lavallen, Daniel Romano, Mirka Seitz, Manuel Ugarte y Horacio Verbitsky.
En la solicitud para que el Consejo de Defensa Sudamericano analice esta temática en la reunión de ministros de Defensa que se hará en agosto próximo en Perú, los firmantes del documento señalaron que en el mundo «los drones se han convertido en un recurso letal para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, afectando notoriamente el Estado de Derecho en los países que recurren a ese medio». Además, destacan que estos aviones no tripulados ya son parte de una «lucrativa y poco transparente industria militar que carece de controles internacionales» y que apunta a la masificación de sus ventas.
Todo esto lleva, según el documento, a que los drones sean un dispositivo «para erosionar aún más la soberanía de las naciones débiles de la periferia». En el caso particular de América latina denuncian que aparece como una región «factible de ser afectada por el uso de drones por parte de países extrarregionales» y como un área que los produce. Se estima que al menos 12 países latinoamericanos -entre los que están la Argentina y cinco más de la Unasur- han desarrollado o comprado tecnología para fabricarlos y/u operarlos. En México se estarían usando drones para el combate de las drogas y en Colombia contra la guerrilla.
INVAP
Según La Nación, el Gobierno avanza sigilosamente en el desarrollo de drones o aviones no tripulados de industria nacional mucho más sofisticados que los fabricados hasta ahora y, pese al carácter reservado, el proyecto ya activó algunas alarmas entre especialistas.
Las fuentes oficiales dicen que los aparatos tendrán fines pacíficos: harán tareas de monitoreo en todo el territorio nacional bajo la dirección del Ministerio de Defensa, la empresa estatal Invap y, en menor medida, la Cancillería.
En la Casa Rosada y en el Palacio San Martín dijeron que los planes de fabricación de drones «son un hecho» y que no participarán otros países, salvo que se necesite algún componente importado.
La intención del Gobierno es desarrollarlos para tareas científicas y de vigilancia en las fronteras y en otros lugares del país. De todos modos, no está claro el uso específico que se les daría y hubo advertencias a Defensa de parte de especialistas por la falta de regulaciones y por el alcance real que puedan tener estos planes.
En el Gobierno aseguran que la fabricación de drones categorías 2, 3 y 4 serán «sólo para uso pacífico».
Por el nivel de categoría que tendrán estos drones de fabricación militar no podrían transportar misiles o armamentos sofisticados, como lo hacen algunos países desarrollados en zonas de conflicto de Medio Oriente o de Asia.
No obstante, serán aviones no tripulados más complejos que los EA Lipan M3 para tareas de vigilancia que se desarrollaron en 2007, el Lipan XM4 que usó el Ejército en 2012, el PAE 22365 o el Ara Guardián elaborado por la Armada Argentina.
Según se pudo reconstruir de diversas fuentes oficiales, el proyecto del Ministerio de Defensa y el Invap para la fabricación de drones es a largo plazo y como «estrategia de defensa nacional». Los funcionarios consultados aducen que se podrán usar para «monitoreo de fronteras, pandeos fotográficos y búsqueda de materiales diversos».
Los drones de fabricación nacional bajo Categorías 2, 3 y 4 se ajustarán al régimen internacional de tecnología misilística que la Argentina suscribió en 1993. Este tipo de aviones no tripulados cumplirían así los estándares permitidos internacionalmente y serían legales, según destacan en la Casa Rosada.
No obstante, en la Argentina no existe una ley que regule la fabricación y el uso de drones. Por esto el control y destino de estos artefactos hoy es materia de discusión.
«Es importante abrir un debate sobre el uso de este tipo de tecnologías. Pero también hay que tener en claro que no podemos permitir que la imposición de un discurso de algunos países desarrollados termine jugando en contra de los proyectos nacionales de cada país», dijo el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Así, el jefe de la cartera de Defensa confirmó la decisión del Gobierno y del Invap de desarrollar drones más sofisticados en lo inmediato. La empresa Invap es una sociedad del Estado creada en 1970 a partir de un convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina y el gobierno de Río Negro.
RIO NEGRO
La Secretaría de Energía de Río Negro informó que está realizando «una serie de pruebas piloto para avanzar en la implementación de controles en las áreas hidrocarburíferas con aviones no tripulados, popularmente conocidos como drones».
Las aeronaves no tripuladas, pilotadas a control remoto, permiten capturar registros fotográficos en alta definición de amplias zonas. Para Energía, «complementa el control ejercido en forma habitual por el cuerpo de Policía de la Secretaría de Hidrocarburos de Río Negro y se constituye como un elemento novedoso y sumamente útil en el proceso de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas en marcha».
«A través de la combinación de ciertas herramientas tecnológicas e incorporación de sensores, permite la captura de registros de imágenes térmicas y hasta la emanación de gases», dijeron.
«La idea es observar las condiciones de las instalaciones y hacer un seguimiento más acabado del estado de avance de las remediaciones solicitadas e identificadas que no están en conformidad a la hora de analizar cómo se encuentran las instalaciones».
Según se explicó, algunos de los aspectos que permite incorporar el uso de drones serían «la medición de manchas de suelos empetrolados y la detección de pérdidas de hidrocarburos en plantas, cañerías, pozos; monitorear el estado de abandono de caminos; la revegetación de sitios afectados o alterados por la actividad; la ejecución y avance de los procesos de revegetación”. También permitirá detectar o determinar la presencia de gases en la atmósfera, la ubicación georeferenciada de los pasivos ambientales, plantas, instalaciones, pozos y anomalías que se puedan registrar en el relevamiento, entre otros puntos.