La Tercera es la vencida ● Javier García Guerrero

Las jubilaciones y pensiones actuales son las menores de los últimos 20 años, una jubilación mínima es de U$S 240, cuando en diciembre del 2001 era de U$S 500 y en la década del ’90, un promedio de U$S 300. La sodomización del derecho a la economía ha llevado a generalizar el maltrato sobre los sectores de población más vulnerables aún en las etapas expansivas de la economía.

El desempleo, la inflación, la insatisfacción de necesidades básicas y el desfinanciamiento que aniquila las políticas sociales provocan más muertes por desnutrición, falta de asistencia médica, de vivienda y de educación que las generadas por guerras o epidemias. (PNUD)

Las sucesivas moratorias previsionales dispuestas hasta alcanzar “la mayor cobertura de Latinoamérica” implicaban en palabras oficiales, la superación de la vulnerabilidad social de los adultos mayores sin prestaciones. Sin embargo, las encuestas de hogares del INDEC muestran que después de las sucesivas moratoria en 2013, más de 1 millón las personas en edad de jubilarse no tienen cobertura, de las cuales el 23% forman parte de las familias de más bajos ingresos. Finalmente la proporción de adultos mayores en situación de vulnerabilidad social ha aumentado. Las rudimentarias moratorias realizadas constituyeron un irracional derroche de recursos públicos, sólo útiles para generar jugosos honorarios a intermediarios y nuevos fondos para distribuir entre los “capitalistas amigos” generando un gasto equivalente al 2,5% del PBI y una enorme hipoteca al sistema previsional.

Tan paradójico como injusto resulta que ANSeS regale indiscriminadamente jubilaciones, mientras conculca los derechos constitucionales de los jubilados que hicieron aportes, acumulando centenares de miles de juicios y pasivos contingentes que debilitan el sistema y atentan contra la equidad social. Se podría haber establecido prestaciones no contributivas universales, aumentando la eficiencia en el uso del gasto (inversión) social, reduciendo el clientelismo y la corrupción desarrolladas por la trilogía Amado Budou-Sergio Massa y Diego Bossio denunciadas por la Auditoría General de la Nación. El informe de la AGN considera inconveniente el riesgo que afronta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando deposita arbitrariamente las disponibilidades en el Banco Macro de Jorge Brito, denunciado entre otros casos por su participación en el affaire Ciccone, en lugar de utilizar las entidades oficiales. Similares reservas le merece que la ANSeS “no aplica un criterio homogéneo para apelar las sentencias, ya que en algunos casos lo hace y en otros similares no. También es remiso para calcular las liquidaciones y no impugna cuando podría corresponder las que efectúa la parte actora” recomendando seguidamente a la A.N.Se.S “que cumpla con los parámetros vigentes dispuestos por la Resolución S.S.S. 955/08, en cuanto a la apelación de sentencias”. Para finalizar recordando que “que el Estado argentino se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante solución amistosa (punto 1º inc C), a no apelar las sentencias de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables para los beneficiarios, como también a desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones” “Se advirtieron asimismo diversas irregularidades en las muestras tomadas de distintas operaciones: ausencia de expedientes en operaciones de crédito, ausencia de ciertos dictámenes exigibles de universidades nacionales, discrepancias en las calificaciones de inversiones en fondos comunes, la sustentabilidad del sistema previsional, la gestión judicial de expedientes y la demora en la liquidación de haberes y reajustes”.“Como conclusión, siendo la función elemental del sistema previsional garantizar el ingreso de la clase pasiva argentina, de la actual y de la futura, llama la atención la desaprensión con la que se rechazan los reclamos, se obliga a los jubilados a pleitear para que se les reconozcan sus derechos, se demoran los pagos de las sentencias a pesar de los compromisos legales para darles cumplimiento estricto y se resuelve en definitiva “a piacere” sobre la distribución de los recursos de los aportantes”

El Gobierno Central que ha vetado en 2010 la ley que reconocía el 82% móvil, ha retirado bajo la forma de anticipos al Tesoro Nacional para destinar al gasto corriente 2/3 de los fondos de los jubilados. Sin aprobación parlamentaria ha destinado fondos a su antojo para financiar el déficit de Aerolíneas Argentinas, la compra de netbooks escolares, los planes Progresar y Procrear, la Asignación NO Universal por hijo, los subsidios a los Veteranos de la Guerra de Malvinas, Préstamos Empresariales subsidiados del Bicentenario, las usinas hidroeléctricas de Santa Cruz, el Polo Multimedial de la Isla DeMarchi, etc. El vaciamiento se profundiza, la ANSeS ya vendió el 85% de las acciones de empresas privadas de que disponía.

El régimen K se benefició de la liberación de una suma equivalente al 8% del PBI a partir de la refinanciación de la deuda externa por la reducción de los intereses correspondientes al servicios de la misma, otro 7% del PBI se recauda de forma adicional por el aumento de la presión impositiva (la más alta de la historia), el déficit fiscal agrega un 4% de disponibilidades. A pesar de disponer de casi un 20% adicional del PBI y de pagar cifras superiores a Repsol o al Club de París, no existe disposición de cumplir con los fallos firmes y los acuerdos internacionales para pagar a los jubilados la contraprestación de lo que han aportado, esperando en cambio que se mueran para no pagarles. Con la colocación compulsiva de títulos públicos a la ANSES el Gobierno Nacional decidió que las consecuencias del actual default lo paguen principalmente los jubilados y los que tienen ingresos fijos en pesos frente a la devaluación de nuestro signo monetario. En los préstamos hipotecarios PROCREAR de sostenerse la actual tasa de inflación el ANSES recuperaría sólo 35 centavos por cada peso prestado.

A los Adultos Mayores se les abona una jubilación que no supera el 40% de la cobertura de una canasta básica. Simultáneamente se suscriben contratos de entes nacionales, y préstamos de entes multinacionales como el Banco Mundial, el BID, etc. para desarrollar negocios que se instalan a partir del tratamiento de los adultos mayores como residuo o deshecho. Florecen los negocios de los medicamentos, de la internación geriátrica, de las prestaciones sanitarias ficticias o superfluas, de los gestores de pensiones, de abogados para declaraciones de insanía o discapacidad, de los préstamos usurarios a ancianos, de los seguros de sepelio, etc. . Es visible cómo actúa la industria farmacológica, que financia la campaña presidencial para obtener orientar los fondos hacia el falso paradigma de hipermedicamentalización consagrando al “viejo” como un enfermo, provocando sus adicciones al punto de destinarles el 75% del total del consumo de psicofármacos utilizados para tapar su deseo, resignarlo, deprimirlo en lugar de brindarles el ingreso, el esparcimiento, la actividad física y social que necesitan y merecen. En nuestro país el negocio es la enfermedad, en California, en Miami o en España, el negocio es incorporarlos masivamente al consumo (Turismo, ocio, ejercicio, alimentación) para el que tienen fondos aportados, derecho, tiempo y disposición.

En Rio Negro en tanto la inmortal Unidad de Control Previsional a cargo de Emmanuel Tobares, continúa evaluando unos 600 trámites jubilatorios, por lo que sus beneficiarios no cuentan con un salario definitivo pese a cumplirse 17 años desde que se transfirió la Caja de Previsión Social a la Nación quedando como unidad residual transitoria. Con similar actitud se intenta momificar la memoria social de los miles de adultos mayores internados bajo diversos arreglos institucionales que tienen como denominador común la volatilidad de los ingresos, las crisis de financiamiento que conducen a la supervivencia bajo condiciones infrahumanas, atendidos por operadores sin la calificación necesaria trabajando informal y precariamente. Un personal al que a su vez, se condena a potenciar el círculo vicioso descripto ya que tampoco ellos poseerán los aportes jubilatorios necesarios cuando llegue el momento.

La Defensora del Pueblo rionegrino al revisar las inspecciones que debieron realizarse en los establecimientos geriátricos habilitados para Adultos Mayores el Alto Valle sobre un total establecido por la ley D Nº 3.640, Art. 17 de 210 inspecciones durante 2012 y 2013, sólo se había realizado 12 verificaciones y ninguna de seguimiento de recomendaciones. Tampoco se habían realizado denuncia alguna de las irregularidades verificadas, ¿desidia y negligencia, o poca vergüenza y corrupción?

En Río Negro se juega al Don Pirulero, mientras los jueces cobran obscenamente el 82% móvil vulnerando el elemental principio de igualdad ante la ley, los legisladores transforman los fondos reservados en retribuciones no contributivas, evadiendo el pago de los aportes previsionales y de las Obras Sociales y la casta megasueldística del Ejecutivo incumple sus funciones esenciales de garantizar la salud y la protección de los vulnerables, demorando la promulgación de las leyes en beneficio de los adultos mayores. Todos tiene algo en común disimulan y mienten, piensan en conservar sus posiciones de privilegio, mientras la situación se agrava hasta alcanzar niveles inéditos.

Estos adultos mayores a lo que hoy se invisibiliza y abandona a su suerte son los que construyeron los hospitales donde no se les brinda la atención debida reprogramando su atención ante la falta de camas, especialistas, insumos, etc. Estos Adultos Mayores de hoy son los mismos que afrontando condiciones más severas y hostiles nos dieron la educación y las oportunidades de que disponemos, son los que como Sócrates, elegirían la cicuta antes que el destierro o el olvido. Dijo Bertold Brecht, “como hemos demostrado no poder mejorar la hipocresía debemos de una vez por todas, decir la verdad”, ya es hora de mirarlos a los ojos, de avergonzarnos de lo actuado como estado, de indignarnos y de tomar la palabra frente a estas injusticias naturalizadas en nombre de lo que alguna vez soñamos ser, porque como afirmó José Martí: “los pueblos que no cuidan a sus niños no tienen derecho al futuro, y los que no cuidan a sus ancianos no tiene derecho a la historia”

Lic. Javier García Guerrero.
Profesor de la Maestría en Administración de Sistemas de Salud de la Fundación Favaloro