Gastos reservados: la bomba de racimo
Viedma (ADN).- Se podrá discutir la fecha del lanzamiento, sobre cuándo fue la primera explosión o quién disparó primero, pero lo que no cabe duda es que la bomba ya fue lanzada y es una de las más destructoras, de las llamadas “de racimo”. Provocará cientos de heridos en la política rionegrina y consecuencias impensables para el resto de la población. Además hay pocas probabilidades que alguien tenga la capacidad para desactivarla.
La bomba de racimo posee un terrible poder explosivo, ya que de una bomba principal van surgiendo otras submuniciones, lo que multiplica su alto poder destructor. Es tan maléfica que en la actualidad existe un acuerdo internacional que prohíbe su uso.
Como vemos, este artefacto bélico es claramente la figura que mejor representa lo que está pasando en torno a los “gastos reservados” en la provincia, donde pocos dirigentes, saldrán ilesos.
Es difícil encontrar los antecedentes exacto de los “gastos reservados” en Rio Negro, lo cierto es que llevan décadas implementados y nunca un órgano contralor – hasta ahora – puso en crisis su funcionamiento. Tampoco este polémico pago es patrimonio de esta provincia. Con diferentes nombres, normativas o formas de implementar, estos “aportes” están vigentes en casi todos los poderes legislativos del país.
La cuestión cambio radicalmente en Rio Negro. Este año los integrantes del Tribunal de Cuentas de Río Negro dijeron que “todos los gastos” del Estado deben rendirse y la polémica estalló. Surge así la primera pregunta ¿Si no estaba bien, porqué durante años este Tribunal Contralor aprobó estos gastos sin ningún cuestionamiento? O la que se hacen otros ¿Qué motivó el cambio de criterio?
Pero antes de abril del 2014, fecha en que los integrantes del Tribunal de Cuentas, Erika Acosta y Juan Huentelaf, dieran a conocer el primer fallo no aprobando gastos reservados, hace exactamente dos años atrás, a mediados de abril del año 2012, el diario Noticias de la Costa publicó en su tapa sobre las supuestas irregularidades por el cobro de cheques de la Legislatura – vinculados a los gastos reservados – por ventanilla del Banco Patagonia.
En esa época el periódico capitalino de la familia Massaccesi era opositor al gobierno provincial y cada portada era una dura crítica a una gestión que hoy convalidan y apoyan.
Así fue que a los pocos meses de esa información, en julio del 2012, surge la denuncia judicial sobre este tema. Fue presentada por un militante radical, Gonzalo Jacob, en base a lo difundido por el medio de un ex gobernador radical, Horacio Massacessi, con información obtenida por sectores del saizmo.
Las primeras víctimas de las esquirlas de la bomba de racimo de los gastos reservados, fue la empleada bancaria que fue despedida acusada de filtrar información y los empleados de Tesorería de Legislatura que están siendo investigados.
El banco también quedó sospechado por permitir el cobro de esos extraños cheques emitidos por la Legislatura, a nombre de la Legislatura, para ser cobrados por personal de la Legislatura.
Pero la causa judicial durmió el sueño de los justos por casi dos años ya que fue cajoneada en ese Poder. Esto fue reconocido oficialmente por las autoridades y las acusaciones están cruzadas: la fiscal Paula Rodríguez Frandsen dijo en un informe que habría sido Marcelo Álvarez, antes de ser Defensor General, y este se defiende en el Consejo de la Magistratura, donde la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, quiere imponerle una sanción. Se realizó una auditoría y en la actualidad se sustancia una investigación preliminar, pero ya se sancionó al jefe de Despacho con un apercibimiento.
Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ingresa “públicamente” a la temática de los gastos reservados con el fallo Nº 18, publicado el 14 de abril de 2014, donde resuelve “No aprobar y excluir de la aprobación” los gastos reservados de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2011 y remitir copia a la Dirección de Juicio de Cuentas y la Justicia provincial en el marco de la denuncia realizada por el militante radical Jacob. Además se afirma que para el tribunal “no deben haber gastos públicos sin rendir”.
Sin embargo, mucho antes, como consta en el fallo, se detallan las fechas de recepción y análisis de la documentación, así como los informes preliminares. El premier informe de las rendiciones de la Legislatura ingresó a análisis del Tribunal de Cuentas el 30 de noviembre de 2011, entregándose como respuesta un informe preliminar a la Legislatura el 10 de Junio del 2013.
El fallo Nº 18 fue publicado por el diario Rio Negro y otros medios digitales como ADN y casi en simultaneidad y, llamativamente, los integrantes del Tribunal de Cuentas, Erika Acosta y Juan Huentelaf, el 15 de abril del 2014 se pararon en la puerta del edificio de la Procuración General, donde habían ido a dejar una copia del fallo a la fiscal, y brindaron una “improvisada” conferencia de prensa.
Como era lógico la información corrió como reguero de pólvora y en las radios y portales se instaló rápidamente el tema. A la actuación judicial y del Tribunal de Cuentas se sumó el legislador Roberto Vargas, directamente relacionado con Miguel Pichetto, quien un mes después de conocido el fallo Nº18, pide antecedentes al Tribunal de Cuentas y posteriormente, el 16 de mayo del 2014. presenta denuncia a Marcelo Ponzone en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
La difusión del fallo Nº 18 del T de C generó una polémica mediática provincial y una corriente de opinión contraria a la existencia de esos gastos. El pichettismo recepcionó ese clamor popular y fue el sector que más cuestionó la existencia de esos gastos. Hubo declaraciones, además de Vargas, de Alejandro Marinao y Juan domingo Garrone. También comentó sobre este tema el gobernador Alberto Weretilneclk, el gremio ATE, la legisladora Arabela Carreras y Beatriz Contreras, quien profundizó la polémica cuando admitió que esos recursos eran para sostener la estructura partidaria y se quejó que el dinero «no alcanzaba».
Quien en ese entonces era presidente de la Legislatura, Ariel Rivero, reiteró que había que transparentar esos recursos y, con acuerdo unánime de la Comisión de Labor Parlamentaria, se modifica la forma de pagar esos gastos reservados. Se Incrementan en 10 mil pesos el sueldo en blanco del legislador por medio de una suma no remunerativa, que se incorpora en los recibos de sueldos bajo el concepto de suma sustitutiva, de viáticos, movilidad y comunicaciones.
Algunos dicen que el remedio fue peor que la enfermedad, porque se admitía que los gastos reservados – de alguna manera – estaban mal implementados y que hubiere sido mejor, como en la norma bonaerense, ratificar por ley que son gastos no sometidos a rendición.
Surgen más preguntas, por ejemplo porqué el vicegobernador recibía gastos reservados, sino era legislador. Además con esto se violentaba la Ley N° 4.717, aprobada por este gobierno el 15 de diciembre de 2011, que determinó la equiparación de remuneraciones para los titulares de los tres Poderes del Estado Provincial, estableciendo un criterio de equivalencia en razón de las tareas y el grado de responsabilidad que sus funciones conllevan”.
Y si de gastos reservados se trata, la cifra que recibió el ex titular de la Legislatura, Carlos Peralta, es digna de una investigación especial.
Pero lo que realmente alteró a la clase política fue cuando el 27 de agosto del 2014 se conoció que 15 dirigentes, en su mayoría legisladores y ex legisladores, estaban sometidos a Juicio de Cuentas para que devolvieran al Estado importantes sumas en concepto de gastos reservados no rendidos. La nómina incluye al ex presidente de la Legislatura Bautista Mendioroz; los actuales legisladores Facundo López(FG), Claudio Lueiro(PPR), Adrián Casadei(UCR); los ex legisladores Magdalena Odarda (ARI) , Mario De Rege (UCR, Juan Elbi Cides (AcD), Manuel Alberto Vázquez (SUR), Luis María Bardeggia (FORO), Inés Lazzarini (PPR), Nelson Daniel Cortés (PJ), Fabián Gustavo Gatti (REDES) y Osvaldo Enrique Muena (VP). También se inició juicio contra la ex secretaria administrativa, María Noemí Sosa (UCR) ya la sucesión de Carlos Gustavo Peralta (PJ).
Ahora se preparan otros juicios para el gobernador Alberto Weretilncek, el vicegobernador Pedro Pesatti y para el presidente del Bloque Unidos por Río Negro, Ricardo Ledo, entre otros.
Una aclaración importante es que el Juicio de Cuentas no implica que este comprobado un delito. Esta cuestión deber ser analizada por el Fiscal de Investigaciones y girar a la fiscalía penal si corresponde. En este caso este tema ya tiene una causa penal en trámite, por la denuncia presentada por el militante radical, como ya dijimos antes.
Entonces debe quedar claro que el Juicio de Cuentas persigue la devolución de los dineros que según el Tribunal de Cuentas no fueron rendidos satisfactoriamente. Por ser un procedimiento administrativo, para muchos, los actuales parlamentarios no tienen fueros, aunque hay distintas opiniones sobre esta cuestión.
Baja de salarios
Paralelamente, mientras el Tribunal de Cuentas trabajaba en el tema gastos reservados, desde el Poder Ejecutivo se impulsó el primer intento de bajar los salarios a los órganos de control. Esto se concretó el 15 de mayo del 2012, cuando el gobernador Alberto Weretilneck elevó a la Legislatura un proyecto de Ley con Acuerdo de Ministros, mediante el cual fijaba la renumeración de los titulares de los Órganos de Control Externo en el 70 % de la remuneración bruta que percibe el Vocal del Superior Tribunal de Justicia con mayor antiguedad.
Este proyecto pereció en la Legislatura y recibió una serie de críticas por su mala redacción, pero nunca fue mejorado ni tratado en sesión alguna.
Después de más de un año y medio de ese primer intento de rebaja, en enero el 2014, desde el Ejecutivo se busca trasmitir una imagen de austeridad y se comunica la baja del 15 por ciento de los salarios de todos los funcionarios. Se adelanta la presentación de un nuevo proyecto para disminuir el sueldo de los integrantes de los Órganos de Control y casi en simultaneo se filtra a los medios los valores de sueldos de los Órganos de Control. El diario Noticias de Viedma titula: “El Tribunal de Cuentas con sueldos de niveles estrafalarios” y brinda detalles de los montos.
En la sesión del 14 de febrero del 2014 se concreta la reducción. La primera iniciativa establece que tanto el Fiscal de Estado como el Contador General percibirán el mismo salario que un ministro del Poder Ejecutivo provincial.
El otro proyecto de ley establece que el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Investigaciones Administrativas cobrarán los salarios en forma idéntica y proporcional a lo que cobran los legisladores provinciales (sin gastos reservados). Tampoco se les permite crear adicionales.
En esa misma sesión desde el radicalismo se propuso la alternativa del juicio político y la solicitud de devolución de las sumas percibidas debido a “una manipulación de los conceptos que integran la escala salarial que prevé la Constitución”, según denunció el parlamentario Alejandro Betelú.
Todo quedó en la nada, hasta que en agosto de este año el Tribunal de Cuentas avanzó con el inició Juicio de Cuentas, para tratar de recuperar fondos para el Estado. Esto fue la gota que colmó el vaso. Ahora la mayoría de los políticos y legisladores apuntan contra el Tribunal de Cuentas, ya que todos los legisladores cobraron gastos reservados, más allá que las acciones para la devolución sean emprendidas contra los diferentes presidentes de la Legislatura, de los Bloques o secretarios de la Cámara.
Juicio Político
Ahora el oficialismo albertista con la ayuda de gran parte del radicalismo y partidos menores trabajan para impulsar un juicio político a los integrantes del Tribunal de Cuentas.
Primero se pensó en el ex legislador peronista Daniel Cortés para que presente una denuncia. Por este motivo el dirigente viajó a Viedma y se entrevistó con funcionarios en Casa de Gobierno y Legislatura.
La puerta de inició al Juicio Político está totalmente habilitada, ya que ahí estos sectores cuentan con mayoría o quizá unanimidad. Integran la Comisión Sala Acusadora los legisladores peronistas Roxana Fernández, Tania Lastra y Leandro Tozzi y los radicales Alejandro Betelu y Adrián Casadei.
Esta comisión tiene un plazo máximo de cuarenta días para presentar dictamen a la Sala Acusadora. Si esta sala acepta la denuncia, los integrantes del Tribunal de Cuentas quedan suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.
Pero para aceptar la acusación necesitan el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Los integrantes de la Sala acusadora son: Tania Lastra, Roxana Fernández, Héctor López, Beatriz Contreras, Miguel Vidal, Leandro Tozzi, Norma Dellapitima, María Gemignani, Arabela Carreras, Susana Diéguez, Martín Doñate, Silvia Horne, Luis Esquivel, Bautista Mendioroz, Marta Milesi, Adrián Casadei, Leonardo Ballester, Daniela Agostino, Francisco González, Ricardo Ledo, Matías Gómez Ricca y Ana Piccinini.
La acusación principal apunta a la resolución Nº 72 de diciembre del 2011. En ese momento el Tribunal de Cuentas, integrado por Pedro Casariego (presidente), junto a los vocales Erika Acosta y Carlos Malaespina, modificaron los adicionales que se habían creado en el año 2005 y eliminan el concepto de antigüedad, incrementando el de incumbencia orgánica sumándole el ítem de dedicación funcional.
Esto generó una disminución en los sueldos de los integrantes que tenían mucha antigüedad, pero mejoró el cálculo del sueldo para aquellos nuevos integrantes que fueron designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo (Carlos Soria), según establece el artículo 166 de la Constitución provincial.
La ley 2747 reafirma que la remuneración de los integrantes del Tribunal de Cuentas “será equivalente a la del Legislador”, pero como los legisladores cobraban “gastos reservados”, que no se reflejaba en el ingreso de los integrantes del órganos de control, en el 2005 los integrantes del Tribunal de Cuentas se crearon un adicional, que es el que fue modificado en el 2012 y que genera la polémica actual.
Un dato singular es que los profesionales que crearon el adicional en el 2012, son los mismos que integran el Estudio Jurídico (Casariego – Pravato) que defiende a los legisladores sometidos a Juicio de Cuentas y los que impulsan el juicio político por la polémica resolución Nº72.
La modificación en las remuneraciones del Tribunal de Cuentas se trasladó posteriormente a la Fiscalía de Investigaciones, por medio de la resolución Nº11/12 y también a la Defensoría del Pueblo, según resolución N 01/12, cuyo titular en ese entonces, Gustavo Casas, eliminó el concepto antigüedad e incorporó la “dedicación funcional”.
A esto hay que sumar que La Comisión Especial de Control Externo de la Legislatura aprobó sin ningún reparo la gestión administrativa del Tribunal de Cuentas, hasta noviembre del 2012.
Otra cuestión a tener en cuenta es que en mayo del 2013 el fiscal de Investigaciones, Marcelo Ponzone, ya fue acusado por la legisladora Magdalena Odarda por haberse “autodetermido un salario diferente” y mayor al que le hubiese correspondido de haber observado estrictamente la norma constitucional (artículo Nº165 de la Constitución). Sin embargo, en agosto de ese año la mayoría oficialista archiva esta causa con el voto de Tania Lastra, Pedro Pesatti y Ricardo Arroyo, mientras que los opositores Adrián Casadei y Bautista Mendioroz votaron por continuar y darle la posibilidad al funcionario de aclarar sobre las acusaciones.
En el Juicio Político se establece en el artículo Nº 158 de la Constitución provincial que “todas las garantías y derechos reconocidos por la Constitución Provincial y la Nacional, para los juicios de naturaleza penal, son de aplicación obligatoria y pueden invocarse por los interesados durante el proceso”, con lo cual habrá que analizar si procede las excusaciones o recusaciones de aquellos legisladores que ya están sometidos al Juicio de Cuentas.
Hay además otras cuestiones a incorporar, por ejemplo el hecho que hay antecedentes de dos legisladores que si rindieron gastos, como son Juan Manuel Muñoz (UCR) y Eduardo Chironi (FG) y contemplar que los presidentes de Bloques sometidos a Juicio de Cuentas eran en algunos casos receptores de dinero, que después distribuían a todos los otros legisladores de su sector.
Por último, la sala juzgadora, integrada por 23 legisladores será la encargada de emitir el fallo que “no tiene más efecto que destituir al acusado y aún inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado”. Para esto necesita el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del tribunal de sentencia, es decir 16 votos. La votación será nominal.
Los integrantes de esta sala son: Alfredo Pega, Héctor Funes, Roberto Vargas, Ángela Vicidómini, Darío Berardi, Alejandro Marinao, Sandra Recalt, Cesar Miguel, Silvia Paz, Rubén Torres, Irma Benega, Mario Bartorelli, Viviana Pererira, Claudio Lueiro, Facundo López, Ariel Rivero, Juan Domingo Garrone, Marcos Catalán, Cristina Uría, Carlos Vazzana, Graciela Sgrablich, Jorge Barragán y Jorge Ocampos.
En esta nómina el pichettismo tiene 10 votos, con lo que ejerce el control para resolver si se sanciona o no a los miembros del Tribunal de Cuentas. Esta situación complica a este sector que le guiñó el ojo al Órgano de Control para avanzar en este asunto. Además, según como proceda, podría generar un serio conflicto interno con el sector de Martín Soria que todos saben, mantiene una buena relación con los integrantes del Tribunal de Cuentas que designó su padre.
No se sabe si habrá alguien con capacidad en Rio Negro para desactivar esta bomba, pero la paradoja es que las supuestas irregularidades actualmente ya no existen, porque el Tribunal de Cuentas ya no recibe los adicionales cuestionados y los legisladores ya no cobran gastos reservados. Ahora todo se circunscribe a una cuestión del dinero que recibió cada una de las partes.
ADN