Legisladores avalaron con su silencio polémicos decretos – leyes

Viedma (ADN).- A pesar que varios legisladores provinciales difundieron hace unas semanas notas periodísticas diciendo que quería sesionar e incluso la Comisión de Labor Parlamentaria se autoconvocó para citar a sesión, la Legislatura dejó que se convirtieran en leyes, sin emitir opinión alguna, dos polémicos decretos que envió el Poder Ejecutivo oportunamente ¿Esto significa un aval a la política de Seguridad y al recorte de derechos de los trabajadores penitenciarios?, se preguntan desde distintos sectores sociales.

En los primeros días de junio pasado el gobernador Alberto Weretilneck firmó dos decretos leyes:

Decreto-Ley N°2, del 9 junio del 2014, publicado en el B.O. N° 5257que determina la prórroga de la ley N° 4789 que declaró el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Provincial.
Decreto-Ley N°3 del 12 junio del 2014, publicado en el B.O. N° 5258, que modifica la Ley N° 4283 que crea el Servicio Penitenciario Provincial.

Transcurridos noventa días desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado o rechazado, el decreto de necesidad y urgencia queda convertido en ley, según lo establece el artículo 181 inc 6 de la Constitución de Río Negro.

Fuentes de la Legislatura informaron que este plazo establecido en la Constitución ya está cumplido y sólo resta comunicar al Poder ejecutivo que los decretos son leyes provinciales.

Desde la CTA Río Negro, como iniciadores del Foro por una Seguridad Democrática en la provincia de Río Negro, con el propósito de difundir e impulsar el ACUERDO POR UNA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, que fuera firmado en el mes de diciembre de 2009 por una vasta alianza multisectorial y multipartidaria a nivel nacional, expresaron públicamente el rechazo y la no ratificación de esos decretos.

Consideraron que “si esto sucede la totalidad de los legisladores de la provincia de Río Negro quedarán en acuerdo con la política de seguridad autoritaria y antidemocrática, alineada con lo que suele denominarse el “populismo punitivo”, que ha implementado el Poder Ejecutivo provincial desde enero de 2013 a la fecha en forma creciente, consolidando el dominio de la corporación policial en el espacio público, otorgándole impunidad a la violencia institucional que se despliega sin inconvenientes, tanto en comisarías como en las cárceles, lugares que con estos decretos ya se convierten en su territorio de dominación exclusiva y arbitraria, pues se termina de eliminar el carácter civil del Servicio Penitenciario Provincial, en contradicción con la legislación nacional y provincial, aún vigente”.
“Vemos con mucha preocupación esta nueva rotación un poco más hacia la derecha del Ejecutivo provincial, que coloca a la Legislatura ante la decisión de avalar por omisión esta lamentable definición o producir un rico y sano debate sobre la Seguridad Democrática, la impunidad judicial y administrativa de los frecuentes y cuantiosos hechos de violencia institucional que suceden todo el tiempo en los barrios más humildes, en las comisarías y en las cárceles de nuestra provincia, donde las víctimas principales son jóvenes de condición muy humilde o sencillamente excluídos”, dijeron.

“ Son los mismos que le producen temor por su sola presencia a los sectores que aplauden las políticas de mano dura y hasta de gatillo fácil, que a veces reditúan electoralmente a algunos dirigentes, pero que son claramente violatorias de los Derechos Humanos. Nosotros vamos a continuar reclamando que el respeto a los Derechos Humanos debe ser una causa inclaudicable de cualquier gobierno y sociedad que se digan democráticos y por eso reclamaron la derogación de esos decretos, finaliza la CTA de luis Giannini.