Constitucionales escuchó argumentos de Pandolfi por reforma al Código Procesal Penal

Viedma.- El abogado Oscar Pandolfi, quien participó en la redacción del Código Procesal Penal rionegrino que se discutirá mañana en la sesión parlamentaria, explicó en la comisión de Constitucionales los alcances y pormenores del instituto de jurado popular que incluye la reforma en debate.

Respecto de la norma vigente, el letrado señaló que en Argentina «estamos atrasados con un Código que data de comienzos del siglo 19 y estamos incumpliendo la Constitución hace 170 años. Es tiempo de terminar con esto y es tiempo de democratizar la Justicia», sostuvo.

Pandolfi, (ex legislador período 1987-1991) detalló ayer ante los legisladores de la Comisión los aspectos y antecedentes constitucionales de la modificación en tratamiento y respondió a los parlamentarios todas las consultas y dudas que le manifestaron sobre el expediente, la mayoría de ellas sobre el mecanismo de los juicios por jurados.

Explicó que la Constitución prevé la participación de un tribunal popular cuando «habla de crímenes, no de delitos» porque «son los juicios que producen más escozor en la población porque tienen mayor repercusión mediática» y por ende los que producen más conflictos en la opinión pública.

«Los jueces resuelven en derecho para aplicar la pena y resolver que pueden hacer las partes, qué incidencias se plantean, qué testigos se pueden repreguntar, qué repreguntas son lícitas, entre otras cuestiones que hacen al derecho y no a los hechos. Pero para averiguar si un testigo miente o no -preguntó a los presentes-, ¿quiénes están más preparados, un juez o un jurado?».

«Ello depende muchas veces del perfil del jurado y del perfil del juez que en ocasiones puede vivir en un ambiente cerrado en el que dificilmente pueda apreciar quién miente y quién no lo hace, especialmente cuando no es de su misma clase social», manifestó.

El abogado penalista pidió a los presentes en esta instancia comparar a un camarista «con el almacenero que todos los días tiene que decidir a quién le da crédito y a quien no, porque si se equivoca en su valoración, seguro que se funde y desaparece como comerciante. Ese hombre ‘sabe’ si su cliente le va a pagar a fin de mes o no».

Estos son los aspectos que «deben valorarse y asegurarse en las audiencias previas para definir a los jurados que quienes vayan a integrar el tribunal, no sea una persona que esté demasiado comprometida o condicionada o sea influenciable a la opinión pública, o traiga sus prejuicios a la labor de impartir justicia».

«Los jueces -afirmó- dictan sentencias de la misma manera que la dictan los jurados, ya que el Código de Procedimientos obliga a que el veredicto se lea varios días antes que los fundamentos, o sea que la decisión (de los magistrados) la hicieron con el mismo mecanismo intuitivo que usan los miembros de un jurado que resuelve por una «corazonada».

En cuanto a los costos a las arcas provinciales que produce esta innovación, opinó que «no se puede prever hasta el último centavo cuál puede ser el supuesto incremento», pero negó la posibilidad de que sea significativo ya que «desaparecen todos los juzgados de Instrucción y su personal pasará a integrar las fiscalías u otras oficinas judiciales».

Pero además, «en los análisis que se hace sobre los costos de los juicios por jurados, no se tiene presente que hay que descontar el costo de los sueldos de los dos jueces que no van a intervenir por lo que, si está el jurado, lo único que habrá que computar durante el tiempo que dure un juicio, será el del único juez que intervenga».

Consideró, en otros párrafos, que «hasta que el juicio por jurados se culturalice en la Argentina, es muy conveniente que este instituto sea obligatorio y no optativo, porque si no la querella va a hacer que la reforma se pierda o se use poco, porque a todos (los abogados) nos da pereza ponernos a estudiar lo que no conocemos y volver a aprender lo que ya venimos haciendo desde hace años, pero tendremos que hacerlo para estar actualizados».