No avanzó amparo judicial de UnTER por situación de escuelas y docentes de El Bolsón

El Bolsón (ADN).- Representantes de la UnTER de El Bolsón presentaron hace varios meses un amparo colectivo contra funcionarios de Educación y de Medio Ambiente por la situación de escuelas en la zona Andina y mejores condiciones de seguridad y higiene para docentes. Un juez laboral barilochense rechazó la medida cautelar y este mes el Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación gremial y confirmó la resolución del magistrado.

Las actuaciones llegaron al Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de apelación interpuesto por dirigentes de la UnTER contra la resolución del juez de la Cámara Laboral de Bariloche Juan Lagomarsino, el 11 de abril de 2014, por el cual rechazó la medida cautelar requerida por el gremio docente.
Respecto al fondo de la cuestión, la UnTER -representada por María Eva Liffschiz, en su carácter de secretaria general de la seccional El Bolsón y por Rubén Oscar Vanucci, por derecho propio y en representación de su hijo, con el patrocinio de los abogados Fernando Kosovsky y María Victoria Malkassian, interpusieron amparo colectivo contra la provincia de Río Negro y funcionarios responsables de las áreas de educación y medio ambiente.

Los consideró “responsables de actos y omisiones por los daños edilicios y ambientales en los establecimientos educativos de la zona Andina Sur en perjuicio de los trabajadores de la educación y de otros habitantes afectados. Ello, por no haberse adoptado medidas adecuadas para garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y equitativas de seguridad e higiene”.

Requirieron se le ordene a la provincia la declaración de emergencia respecto de los edificios escolares, como así también que se presente un plan adecuado a normas vigentes; el cese inmediato de la contaminación ambiental; la prevención de los daños a la salud; la reparación de los daños ambientales con las medidas de mitigación y remediación y/o indemnización señaladas en los informes agregados; y la restitución de sumas descontadas en calidad de “descuentos inasistencias injustificadas/ retención y/o paro” con más los intereses.

Además, solicitaron como medida cautelar el cese de la contaminación del agua prohibiendo el vertido a cielo abierto y abastecer de agua potable a las escuelas; que se ordene adecuar los edificios a la normativa vigente, prevenir y reparar daños; instalar baños ambientalmente sustentables; restituir a los docentes los importes descontados por retención y/o paro; y s ie intime a la presentación de plan de trabajos que garantice los derechos al trabajo, a la educación, la salud y la seguridad de docentes y alumnos.

Por su parte, el juez de la Cámara rechazó la cautelar por entender que implicaría resolver sobre el fondo del asunto, accediendo a la pretensión sustancial del gremio sin haber recibido el informe del Ministerio de Educación al respecto.

Agregó que se está ante un procedimiento expedito como el amparo y que hacer lugar a lo que se pide «tornaría ilusorio el interés del Estado en que se dicten las clases, privándolo incluso de resolver en forma inmediata las dificultades edilicias”.

Los representantes de la UnTER se agraviaron por entender que “el magistrado ha errado, toda vez que ellos no han solicitado el cese del dictado de clases” e insistieron con la puesta en marcha del Comité de Control Edilicio y Ambiental y sobre el pedido de informe al Ministerio de Educación en cuanto a la realización del plan de obras. Reiteraron sus reclamos en relación a la provisión del agua potable, instalación de baños químicos en todas los establecimientos donde se detecten problemas de contaminación.

Finalmente, se interrogaron sobre las razones que llevan a las escuelas públicas provinciales a tener menos de la mitad de matafuegos y por qué los trabajadores de la educación tienen que soportar el incumplimiento del Estado empleador; cuál es la razón para no prevenirlo estando alertados por peritos sobre el riesgo, agregaron. (ADN)