“Preocupa liviandad con la que algunos rechazan investigar al Tribunal de Cuentas” ● Beatriz Contreras
Me alarman, me inquietan y me preocupan las declaraciones de algunos legisladores y del propio Senador Nacional, afirmando que rechazaran el Juicio Político a los miembros del Tribunal de Cuentas de plano, sin una evaluación previa.
La base ideológica de un gobierno republicano es que aquellos a quienes se confía el manejo de la cosa pública, deben responder ante el pueblo por los actos en los que hubieren defraudado su confianza.
Por ello es imperioso clarificar la situación en la que se verían envueltos los Titulares del Tribunal de Cuentas de nuestra provincia: Sra. Erika Fabiana Acosta y Sr. Juan Huentela, quienes se abrían abonado salarios con normativas de orden interno, dejando de lado el concepto de “antigüedad” pero asignándose un adicional de “dedicación funcional o incumbencia orgánica” tan pronto como asumieron los nuevos vocales carentes de antigüedad.
Muy favorecidos por esta normativa, las autoridades del tribunal, abrían logrado acceder a remuneraciones que oscilan entre los $ 60.000 y $ 70.000mensuales, de ser así infringiendo las determinaciones previstas en la Constitución y la Ley Orgánica N° 2747.
Como si esto fuera poco, la Sra. Acosta, tramito viáticos exorbitantes por comisiones de servicios; se autorizó el inicio de un trámite para que se le reconozca parte de la extraordinaria suma que mensualmente paga por el arrendamiento de su vivienda en Viedma y figura como titular de una página proselitista, siendo esto incompatible con sus funciones como lo dispone el artículo 201 de nuestra constitución.
Es nuestra función como Legisladores, investigar este presunto accionar de los miembros del tribunal. Se podría entender como mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de sus deberes legales al momento de establecer y liquidar los haberes mensuales.
Como representantes del pueblo, debemos tomar este tema con cautela y comenzar una investigación: cuando hablamos de lo público, nadie se encuentra por encima de la Ley.
Por lo tanto, ante la sospecha que un funcionario público ha realizado actos indebidos, la Constitución nos ofrece una garantía: acá nadie se queda con lo que es del pueblo. Se trata de un reaseguro – al decir de Madison – para defender a la comunidad.
Esta propuesta pretende nada más que evaluar su responsabilidad política, sino la hubiere, continuaran ejerciendo su funciones pero de lo contrario, serán destituidos. Lo demás, será competencia de la Justicia Ordinaria.
Nuestro desafío es determinar si la política rionegrina es capaz y eficazmente apta para realizar esta tarea que la Constitución nos impone y que a prima facie es una de las instituciones substanciales del sistema democrático.
La Legislatura tiene la obligación de implementar los mecanismos constitucionales que nos ayuden a clarificar tamaña sospecha que hoy pesa sobre el tribunal.
BEATRIZ CONTRERAS
Legisladora Provincial