La patria es del otro ● Javier García Guerrero
El 42% de las propiedades rurales argentinas de más de 10.000 Ha pertenece a extranjeros, el 80% de las mismas unas 12,80 millones de Ha, se agrupan entre 258 propietarios foráneos. 10 empresas concentraron el 75% de las 70,3 millones de T de granos, harinas y aceites exportadas desde la Argentina en 2013.
El mercado de producción de alimentos se concentra en 28 empresas, de las que 26 son multinacionales. Las 6 principales cadenas de supermercados concentran 89 % de las ventas minoristas totales del país. La concentración y aún más intensamente la extranjerización explica la existencia de márgenes de comercialización más amplios que los existentes en otros estados, entre empresas extranjeras que se reparten el 75% de la oferta existente en las góndolas del país.
La morfología de nuestros mercados posibilita el ejercicio de prácticas oligopólicas y el abuso de posiciones dominantes sin mayores interferencias de las autoridades locales. Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la participación de los grupos concentrados en el valor bruto de producción (VBP) pasó del 20,4% en 1993-2001 a 28% entre 2003 y 2009. Estas tendencias se afirman y aceleran en el conjunto económico. El vitivinícola mostraba en 2008 que el 47% de las exportaciones provenían de 5 empresas. En 2013, las mismas ya exhibían el 52% de participación. El grado de concentración industrial es el más elevado de los últimos cincuenta años evolucionando a partir de la restauración democrática del 33,1% a 40,9%. En 1993, sólo 50 de las 200 empresas más grandes eran compañías extranjeras. En 1997 ya eran 104 y apenas una década después 128 empresas, evolucionando su participación en la facturación total de ese grupo desde el 65,5% al 77,3%. Actores como Lázaro Báez que a lo largo del último lustro ha adquirido 33 estancias que cubren una superficie cercana a las 300.000 Ha, han reducido la extranjerización al costo de aumentar simultáneamente la fuga de capitales, la ineficiencia la inversión pública, la corrupción y la concentración acaparando el 90% de las concesiones de obra pública de la provincia de Santa Cruz.
Sucesivos procesos de concesión, privatización y posteriores “nacionalizaciones” por parte de grupos económicos vinculados al “pragmatismo gubernamental” han resultado ruinosos para el erario público y lesivo de la estructura económica argentina. Como muestras de las asimetrías que alientan la concentración, la mina Bajo la Alumbrera en Catamarca, gasta 100 millones de litros de agua por día, consume el 80% de la energía generada por El Chocón y el 25% de la consumida por todo el NOA, que abarca las provincias de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. A pesar de que la empresa declara sólo extraer oro y cobre, se comprobó que transportaba 46 tipos de minerales distintos. Esta mina produce anualmente 180 mil T de Cobre y 600 mil onzas troy de oro, las que le dejan en limpio u$s 680 millones anuales. Se calcula que en los 20 años que dura la concesión, la mina generará una ganancia después de amortizar sus inversiones de u$s 34.300 millones libres del impuesto a las ganancias argentino y sin desarrollar ni capacidades ni tecnologías locales significativas. El coeficiente de importaciones de las filiales locales de empresas extranjeras fue del 11,5 %, el de las nacionales fue del 7,3 % y el de las asociaciones del 6,7 %.
Observando la otra cara de la moneda de la concentración que son los condicionamientos impuestos por la escala. Los emprendimientos que con 11 a 100 empleados alcanzan un 15% número total de empresas muestran una participación en la generación de empleo formal que supera el 35% y en valor agregado, remuneraciones totales y excedente entre el 25% y el 28%. Finalmente, alrededor de 1.400 empresas que son aquellas con más de 100 ocupados explican cerca del 45% del empleo con participaciones entre el 60% y el 70% en valor agregado, remuneraciones totales y excedente de explotación, que ponen en evidencia la ineficiencia relativa del 80% de las empresas PyMES más pequeñas, que no pueden acceder al crédito de inversión bajo condiciones similares de continuidad y nivel de tasas que las mayores. Las empresas más pequeñas también deben afrontar mayores niveles de embargos, baja densidad de bienes registrables para brindar en garantía y menos recursos comerciales de acceso a los mercados y la tecnología.
Frente a la volatilidad de las variables macroeconómicas expresadas paradigmáticamente por la persistente inflación y los sucesivos defaults, el principal problema de las empresas argentinas ha sido el financiamiento frente a las cíclicas restricciones de acceso al crédito. Para la banca no ha habido mejor negocio que prestarle al estado para sufragar un déficit ininterrumpido de las cuentas públicas durante medio siglo. Financiar inversiones o capital de trabajo en el mercado de capitales mediante emisión de acciones u obligaciones negociables sólo es posible para un reducido segmento empresarial. Para las PyMES quedan los anuncios demagógicos y disponibilidades usurarias o exiguas, que se conceden bajo regímenes de excepción en condiciones y plazos incompatibles con la maduración de las inversiones como salvavidas de plomo. En el generalizado marco de desinversión y descapitalización determinado por políticas públicas clientelares y cooptadas por los grupos concentrados los resultados han sido mayor concentración en medio de los recurrentes quiebres de las cadenas de pago y megadevaluaciones que permiten la expansión de especulación usuraria y la extranjerización.
Estos resultados son fruto de factores concurrentes que durante todo el período democrático y bajo regímenes autodenominados nacionales y populares a pesar de las proclamas contrarias a las políticas neoliberales, nunca se desactivaron la ley de inversiones extranjeras de la última dictadura militar, los privilegiados tratados bilaterales de inversión, el sometimiento de los conflictos a jurisdicciones extranjeras, despreciaron las cláusulas de “compre nacional”, aumentaron cíclicamente el riesgo país, etc. sometiendo al sistema a una volatilidad financiera y cambiaria que favoreció sistemáticamente a los grupos extranjeros.
La concentración tiene como fenómenos inherentes el ejercicio de posiciones dominantes de “formadores de precios” que imponen condiciones alternativas a los precios de equilibrio en los sectores que donde ejercen su predominio, alterando el conjunto de los precios relativos, la política de ingresos, el nivel de empleo, el tipo de cambio de equilibrio y el control político del sistema económico argentino. Esta estructura asimétrica no es neutral en términos de eficiencia en el uso de los factores económicos. La posibilidad de alcanzar los beneficios extraordinarios derivados de los acuerdos oligopólicos o la explotación directa de monopolios sobre segmentos reservados de mercados, implica inexorablemente limitar las cantidades producidas para alcanzar los mayores márgenes unitarios que pueda sostener la demanda. Dichas conductas derivan de modo inexorable en menores niveles de producción, horas de trabajo y calidad a los alcanzables bajo un esquema de mayor concurrencia y transparencia comercial.
Las condiciones inéditas registradas durante la última década con los mayores ingresos tributarios, el nivel record de ingresos por exportaciones incrementadas por los volúmenes alcanzados y las mejoras de los términos de intercambio, la existencias de superávits comerciales y fiscales y un amplio respaldo político a la continuidad del gobierno, ofrecieron una oportunidad irrepetible de evolucionar hacia escenarios de mayor inclusión e equidad social a través de regulaciones efectivas. Esta oportunidad como muestran los resultados expuestos fue dilapidada, sin siquiera identificar sus negativos efectos ni comenzar a remediarlos.
A esta altura de la discusión económica no caben apelaciones neoliberales relativas a dejar que los precios orienten las producciones de bienes siguiendo las pautas de mercados que como venimos señalando están sobredeterminados por claras asimetrías y monopolios sustentados en todos sus segmentos por regulaciones orientadas a la protección de los actores principales en claro detrimento de la participación de las PyMES. Este esquema es ventajoso cuando se pretende negociar con pocos actores concentrados con capacidad de intervención en los mercados para que luego subcontraten pagando peajes, evitando construir acuerdos extendidos con múltiples actores con menores capacidades financieras, capacidades para generar divisas u obtener financiamiento propio, como ocurre en el caso de la Obra Pública.
La venta masiva de propiedades e industrias a manos foráneas condiciona el proceso económico. La extranjerización de los medios de producción cristaliza mediante la remisión de utilidades a las casas matrices un desbalance externo con restricción de divisas, impide un desarrollo tecnológico endógeno y orientado a estrategias autónomas y reproduce el sometimiento a la primarización de nuestra economía dentro de un esquema de división del trabajo internacional perimido.
Son muchos los ejemplos que podrían citarse, el sector energético es arquetípico, las rentas extraordinarias generadas por Repsol YPF o Petrobras fueron remitidas para realizar exploraciones y extracciones en otras áreas extranjeras donde estaban definidos horizontes de mayor rentabilidad para las empresas. Similares procesos se vivieron con Aerolíneas Argentinas, Telefónica de España, Aguas Argentinas y asistimos cada vez con mayor frecuencia a negociaciones con los grupos económicos exportadores concentrados que obtienen beneficios adicionales por mitigar el desabastecimiento de divisas.
Las condiciones de contorno descriptas no han sido consideradas en la asignación de la elevada proporción de gastos orientados a Educación, Ciencia y Tecnología condenada a desarrollarse dentro de sistema económico concentrado, rentístico y foráneo con precios relativos distorsionados y su impacto en la determinación de la escala en los niveles de adopción tecnológica o la conformación de “masas críticas” de equipos innovativos locales. Con similares porcentajes de PBI destinados a la investigación países que optaron por desarrollos con fuerte presencia estatal como Corea generan anualmente miles de patentes industriales propias, mientras la Argentina en el mismo lapso ha generado un par de decenas. Esto comporta una serie de aspectos críticos que hasta el momento, por desconocimiento, desidia o complacencia, no han merecido la debida atención de los «hacedores de política» y diversos ámbitos académicos, políticos e, incluso, sindicales:
La baja tasa de generación de empleo por unidad producida de los grupos concentrados como la negativa evolución de su productividad debe ser discutida en el diseño de políticas sectoriales. La regresiva distribución funcional del ingreso que impera en el interior de las empresas líderes, no solo constituye un capítulo de la política de ingresos o laboral de un gobierno, sino que plantea numerosos interrogantes en cuanto a que el poder económico realmente existente pueda oficiar de nodo dinámico de un «modelo de acumulación con inclusión social». Estas condiciones de operación generan riesgos adicionales sobre las cuentas externas del país que se derivan de que los actores que controlan una proporción muy considerable y creciente del ingreso sean fuertes demandantes de divisas por los motivos expuestos: altos coeficientes de importación (con su correlato en el plano interno en débiles grados de articulación e integración productiva y tecnológica y el consiguiente afianzamiento del carácter trunco de la estructura manufacturera), remisión al extranjero de utilidades y dividendos, pago de honorarios y de regalías por la compra y/o la utilización de tecnologías y/o patentes, fijación de precios de transferencia en sus transacciones intracorporativas, intereses devengados por el endeudamiento con el exterior, etc. A ello debería agregarse la tradicional reticencia inversora de las fracciones nacionales del poder económico y su «vocación» por la fuga de capitales.
Estas discusiones pendientes resultan cruciales particularmente en las economías regionales, más afectadas por la subadministración que por el subdesarrollo, entretenidas en falsos dilemas que plantean sus dirigencias cortoplacistas en busca de rentas políticas o económicas inmediatas.
Las naciones que carecen de pensamiento estratégico pasan a formar parte de las estrategias de terceros, que como la República Federativa del Brasil han evitado sistemáticamente caer en la conformación actual de nuestro sistema económico y consecuentemente han conseguido niveles de desarrollo y autonomía muy superiores durante el último siglo.
Lic. Javier García Guerrero. Director de la Especialización en Administración Financiera de las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Jujuy. @JavierGGuerrero.