Por mayoría se aprobó decreto para redeterminar precios de la obra pública

Viedma.- En sesión extraordinaria, luego de un extenso debate de casi cuatro horas, la Legislatura aprobó esta noche, por mayoría, con 29 votos a favor y 13 en contra, el decreto de necesidad y urgencia para readecuar los contratos y redeterminar precios de la obra pública provincial.El dato más polémico es que el monto se calculará con una fómula que incluye un indice elaborado por la propia Cámara de empresarios del sector

Los trabajadores de la UOCRA presenciaron la discusión y celebraron al término de la votación,aunque también hubo críticas a los que no pensaban como ellos. Desde hace 19 años no se debatía un Decreto de Necesidad y Urgencia en la Legislatura.

La ley declara la “Emergencia de la Obra Pública en Río Negro” por un año desde su entrada en vigencia y autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar en forma retroactiva el régimen vigente de redeterminación de precios en los contratos de Obras Públicas. La iniciativa no fue acompañada por los bloques Eva Perón y Néstor Kirchner y por la legisladora Ana Pichinini.

El legislador Leandro Tozzi fue el encargado de informar el proyecto por el oficialismo. Explicó que la ley incorpora un sistema automático de redeterminación de los precios, que permite la actualización de los valores de los certificados en el mismo momento que se emiten, por lo tanto, se evitan demoras innecesarias que provocan la pérdida de valor de la actualización.

También utiliza para el cálculo de los valores índices diferenciados, por ejemplo, en el caso del valor de la mano de obra local surgen de los valores que determina el Consejo Provincial de Obra Pública, con el valor que surge del salario oficial determinado por las paritarias que negocia el Ministerio de Trabajo con la UOCRA.

En el caso de los materiales, propone la construcción de un índice propio. Hasta tanto este índice entre en funcionamiento, propone la utilización de los índices de la Cámara Argentina de la Construcción.

Para la determinación de los índices de maquinaria y equipos, utiliza los índices de la Dirección Nacional de Vialidad.

Tozzi explicó que “el índice que utiliza la Cámara Argentina de la Construcción es el índice que actualmente se está utilizando en el plan Pro.Cre.Ar. Este sistema consagrado a través de este decreto crea un sistema de fórmulas polinómicas para cada tipo de obras, que brinda la posibilidad de hacer un uso discrecional de esta reactualización, limitándose la aplicación a un cálculo sencillo que no permite ningún tipo de interpretación arbitraria, es decir que bajo ningún punto de vista se puede considerar que este decreto puede ser tomado como un cheque en blanco, o como una posibilidad de favorecer a los amigos, como se dijo”.

Argumentó que “este mecanismo tiene varios objetivos, el principal es la reactivación de las obras paralizadas, su puesta en marcha inmediata y la rápida finalización de las obras que están subejecutadas en este momento, y esto se logra porque la aplicación de esta redeterminación viene vinculada a la aprobación de nuevos planes de trabajo para esas obras, y al compromiso de las empresas de poner en marcha estas obras con nuevos planes de trabajo”.

También como objetivo mencionó la recuperación de oferentes en los distintos procesos licitatorios que está llevando adelante la Provincia.

La presidente del bloque oficialista, Roxana Fernández, destacó que esta forma de redeterminar los precios fue encontrada en la participación de todos los sectores que componen la construcción. Fundamentó que se debe “garantizar hacia adelante que las empresas puedan seguir funcionando, que no se van a desfinanciar”.

Sostuvo que “el Estado tiene que atender la situación de los empresarios, es una obligación, pero fundamentalmente debe tener conciencia de cómo se mueve la economía en una sociedad en donde debe haber equilibrio, empresas que puedan sostenerse y trabajadores que puedan cobrar sus salarios de acuerdo a lo homologado por los convenios, y que puedan recibir estos aportes que tienen que ver con las solvencias de las empresas”.

Facundo López y Jorge Barragán también defendieron el proyecto del Ejecutivo en Cámara. Hablaron de la necesidad de darle soluciones al problema. López consideró que el Gobierno “tiene la responsabilidad de reactivar la obra pública” y que la ley busca beneficiar fundamentalmente a los trabajadores de la UOCRA, darles “claridad y previsibilidad”. Barragán aseguró que con la iniciativa se buscó defender las fuentes de trabajo.

Desde la oposición se criticó la falta de información sobre el proyecto, su entrega tardía, y la demora en el tratamiento del decreto. Además, se coincidió en remarcar que el problema de la paralización de la obra pública residía en la falta de pago de las obras y no en la reactualización de precios.

Ana Picinini realizó varias observaciones a la iniciativa. Aseguró que los reclamos de los empresarios de la construcción son para que les paguen, no para que les readecuen. Criticó al ministro Gesualdo por la falta de respuesta a pedidos de información sobre el decreto. Señaló la necesidad de analizar el caso de cada obra en particular para determinar la readecuación. También criticó la falta de justificación con relación al cambio de referencia de índices que pasó del INDEC a los de la Cámara de empresarios de la construcción.

Por el bloque Eva Perón, Ángela Vicidomini preguntó a cuánto ascendería el monto de la redeterminación retroactiva. Señalo que fue una pregunta que Gesualdo no pudo responder. “Hace 15 días se hablaba de 46 millones, con algunos sondeos de otras fuentes de información a la que recurrimos surge que podíamos estar hablando de más del doble”, indicó.

En el mismo sentido, Alejandro Marinao expresó que estaba de acuerdo con la redeterminación pero no con la retroactividad. Sostuvo que “con este decreto retroactivo van a premiar a empresas que han incumplido y a castigar a las que cumplieron”.

Darío Berardi fue el miembro informante del bloque radical. Fundamentó el acompañamiento a la iniciativa en el compromiso tomado con los trabajadores de la construcción, a quienes garantizó que “no iba a ser un obstáculo para agudizar la situación de crisis”. Señaló que esta readecuación tiene que ver con “sincerar la realidad” en cuanto a la inflación. “No alcanza con el relato”, expresó.

El presidente de la bancada, Bautista Mendioroz, también manifestó el acompañamiento radical. Aseguró que la ley es “un instrumento que saca al Gobierno de la paralización y que toma iniciativa”. Consideró que era necesario resolver el tema y encontrar mecanismos para superar la cuestión. No obstante, realizó críticas Gobierno nacional, hizo hincapié en la inflación, “el padre de todos los problemas”, y en el “daño institucional” que ocasionó el INDEC.

Desde el bloque Néstor Kirchner, Martín Doñate criticó los argumentos utilizados por el oficialismo para justificar la iniciativa. “La culpa no es de la inflación, sino de la falta de decisión para ejecutar la obra pública”, expresó. Habló de “especulación de empresarios vivos”.

En la misma dirección, Silvia Horne advirtió: “Estamos aprobando un decreto ley para una sola empresa”. Marcó “falta de voluntad cierta de usar los dineros donde corresponde” por parte del Gobierno provincial.

Por el bloque CC-ARI, Jorge Ocampos, aunque planteó reparos, apoyó la iniciativa. “Esta situación la deberíamos haber atendido hace tiempo”, consideró. Habló de una “situación desoladora” y de una “desadministración” de la obra pública por parte del Gobierno provincial.

Desde Unidos por Río Negro, Ricardo Ledo, también con críticas, manifestó su aval al proyecto “por el compromiso asumido con los trabajadores para que tengan pleno empleo y pasen las fiestas en paz”.

En tanto, el vicegobernador Pedro Pesatti manifestó su entusiasmo por la aprobación del decreto: “Esta votación legitima la razonabilidad y el espíritu del decreto, este DNU se trató en la cámara como no ha sucedido en los últimos 19 años con ningún otro”, expresó.