Sin la oposición, avanzó el debate en el Senado de la reforma de la SI

Capital Federal.- El director de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, lamentaron este martes la «actitud intolerante» de la oposición por no presentarse a debatir en el Senado la reforma del sistema de inteligencia, al considerar que a las «instituciones se las defiende debatiendo» y explicaron que la normativa «pretende mejorar el sistema existente» de inteligencia, no destruirlo».

En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, el primer funcionario en exponer, Parrilli aclaró que el oficialismo «está dispuesto a dar un debate amplio y a escuchar todas las propuestas que puedan hacerse para mejorar» la iniciativa.

Los jefes de los bloques opositores de la UCR, el PRO, el peronismo federal, el socialismo y UNEN, decidieron este martes no asistir al plenario por considerar que se trata de una medida que pretende desviar el eje central de la investigación sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.

Parrilli defendió en el Senado el proyecto oficial, anunciado la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que disuelve la actual SI y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Después de efectuar un raconto sobre la historia de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y su influencia en el golpe de Estado de 1976, Parrilli explicó -artículo por artículo- las nuevas modificaciones al sistema de inteligencia.

«Es necesario avanzar en inteligencia de defensa de los intereses de la Nación y de sus habitantes» señaló, y especificó que la ley vigente «no ponía limitaciones a las actividades que hacían los organismos de inteligencia».

Mencionó que entre las modificaciones se propone que los agentes de la AFI se dediquen exclusivamente al tratamiento y la investigación de delitos como terrorismo, narcotráfico, ciberdelitos o trata de personas o que afecten la seguridad exterior».

Aclaró que se suprimió la atribución para que la AFI se dedique a cuestiones de seguridad interior porque «no queremos que se siga repitiendo la historia», y se ordena el traspaso del sistema de escuchas telefónicas a la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Advierte sobre las penalidades que habrá para los agentes de inteligencia que se manejen de manera autónoma y no se reporten directamente al director o subdirector de la AFI.

Parrilli indicó que se otorga un plazo de 90 días para que se constituya la Agencia Federal de Inteligencia una vez sancionada la ley.

Aclaró, además, que «todos los funcionarios jerárquicos deberán presentar declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción» ya que actualmente sólo algunos directores presentan declaraciones, pero de manera reservada ante la SI».

El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, expresó que «no es una norma perfecta o que no admita cambios. Se trata de una norma perfectible», y coincidió con Parrilli al lamentar la ausencia de la oposición en la audiencia.

«No queremos tirar por la borda la experiencia de los últimos años de la democracia, sino ver dónde están los defectos y aportar a que se discutan los temas sustanciales», sostuvo.

Zannini consideró que «para que sea rica hay que hacerla desde todos los sectores», calificó de «lamentable la ausencia opositora», y dijo que espera que sí se presenten a debatir en el recinto.

«Nos llevamos la frustración de que no hemos tenido las preguntas de los opositores, aunque chicaneros a veces», ironizó el funcionario.

Zannini remarcó que con la iniciativa no se pretende «una modificación sustancial» sino que «se achica y se especializa el órgano rector de la inteligencia nacional» en el marco de la política del gobierno de defensa de los derechos humanos.

«Esta Argentina -dijo- se puede dar el lujo de proteger a los ciudadanos. Queremos un sistema mejorado. No venimos a derogar ni a criticar, venimos a tratar de mejorarla».

Especificó que el Gobierno «no pretende destruir todo para construir algo nuevo, sino avanzar sobre lo ya construido aprovechando la experiencia acumulada en estos años de la democracia».

El subdirector del organismo, Juan Martín Mena, expuso por su parte sobre la clasificación de la información que manejará el nuevo organismo y adelantó que «se fija en un plazo mínimo de 25 años el principio de desclasificación que hasta ahora era indefinido».

«Esta decisión se enmarca en una política de acceso a la información ya encarada por este Gobierno», sostuvo, y anunció en el marco de la nueva ley la designación de un funcionario público «responsable para resguardar y proteger la base de datos».

Mena explicó, también, que se elevarán las penas para aquellos agentes que intercepten ilegalmente llamados telefónicos.

El debate continuará este miércoles a las 11 cuando expongan las autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros invitados. El oficialismo espera emitir dictamen mañana para llevar la discusión al recinto el próximo 11 de febrero.