Juzgado de Cipolletti intervendrá en demanda contra organismo provincial

Cipolletti (ADN).- Finalmente, el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de Cipolletti continuará el trámite vinculado con las actuaciones que inició una empresa petrolera contra la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que persigue el cobro de impuestos. La demanda fue presentada por presunta repetición de tributos.

Así lo ordenó el 17 de este mes el Superior Tribunal de Justicia, por considerar que ese Juzgado es competente en razón de la materia tnributaria.

Las actuaciones llegaron a conocimiento del Superior Tribunal de Justicia, en virtud de la remisión efectuada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Cipolletti, al declarar su incompetencia para entender en la causa que le fuera enviada por el juez Cabral y Vedia, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la misma ciudad.

El magistrado interpretó que es una demanda contra la Agencia de Recaudación Tributaria en los términos del Código Fiscal de Río Negro.

Ese juez, sin aguardar dictamen fiscal respecto a la competencia, ha considerado que la repetición de impuestos constituye un caso contencioso administrativo y, por eso, ha remitido la causa a la Cámara.

Por su parte, la Cámara de Apelaciones, habiendo corrido vista al fiscal de Cámara (quien ha compartido el criterio expuesto por el juez) concluyó rechazando la competencia reprochada.

Sostuvo que concuerda con el criterio sostenido por el Superior Tribunal de Justicia, en cuanto a que si se pretende la revisión mediante la acción de repetición de impuestos, la acción se traduce en definitiva en un cobro de pesos y la cuestión deberá ventilarse ante el Juzgado de Primera Instancia.

En su momento, la procuradora general Silvia Baquero Lazcano dictaminó proponiendo se resuelva el conflicto de competencia suscitado, ordenando la continuación del trámite por parte del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la ciudad de Cipolletti.

Ahora, el Superior Tribunal de Justicia comparte el dictamen de la procuradora general.