La pelea salarial
El inicio de clases fue un objetivo del gobierno, hasta ahora logrado aunque no en un 100 por ciento, porque ATE no sólo aclaró que no acordó con el Ejecutivo sino que marca fuerte la cancha en la pelea por reivindicaciones salariales y laborales.
La UNTER, siempre una piedra en el zapato para las distintas administraciones provinciales, este año alcanzó un acuerdo del 30% de aumento salarial firmado al finalizar el año y dar garantías que se inicia el ciclo lectivo 2015 sin problemas.
La pretensión del oficialismo fue enviar un mensaje de tranquilidad a los padres de alumnos que siempre se alteran con las medidas de fuerza y además poner un parámetro en las negociaciones al resto de los gremios estatales.
Con sorpresa hasta el momento se cumple con la estrategia, aún cuando el ministerio de Trabajo de la provincia es un convidado de piedra en la gestión Weretilneck y la Función Pública trabaja como los bomberos: siempre atenta para apagar los focos de incendios antes que se propalen en todo el tejido de la Administración.
Así fueron cerrando UPCN y Legislativos y resta conocer el final de las negociaciones con el sindicato de judiciales que siempre plantea reclamos salariales de alta gama, enganchado a los sueldos de funcionarios y jueces de la Justicia, caracterizados por la desproporción de ingresos en referencia al resto de los servidores públicos.
Habrá llegado el momento para este gobierno, o el próximo, en que se abra una discusión para replantear las leyes que encuadran las relaciones laborales-salariales con el Estado, la mayoría sancionadas en el inicio de la provincia y siempre actualizadas con parches y en el apuro de planes de lucha, para establecer relaciones con los trabajadores públicos en forma equitativa, clara, transparente y con el propósito de acercarse lo más posible a aquel ideario de “a igual trabajo, igual salario”.
Existe una deuda con los trabajadores públicos y es necesario que en algún momento el gobierno –sea cual fuere- ordene el ingreso de empleados al Estado, porque siempre funcionó para cubrir el desempleo provincial. Sobran empleados en muchas áreas, pero faltan en salud pública y otros organismos estratégicos y si bien el crecimiento de los servicios demanda más trabajadores, como policías, docentes, etc, no hay marco regulador previsible.
La administración funciona con nichos que aplican bonificaciones especiales de acuerdo a sus funciones. Si bien siempre existieron áreas bonificadas como el fondo de obras públicas, Rentas y en su momento Boletín Oficial, Aeronáutica y otros, hoy está todo desordenado y si bien el sistema permite ayudar al bolsillo del profesional o trabajador se plantean desequilibrios entre agentes de un mismo organismo.
Valga un ejemplo suscitado en el mismo ministerio de Economía. Un grupo de profesionales reclamó un incentivo (entre tres y cuatro mil pesos) acorde a la responsabilidad de sus funciones, administrar el presupuesto, que generó reacciones de disconformidad incluso en otros ministerios y en realidad lo que se oculta es la precariedad salarial de la administración, ya que un profesional de Economía para sumar a fin de mes alrededor de 15 mil pesos, necesita de los adicionales por extensión horaria y responsabilidad en sus funciones.