Promueven reformar Ley de Iniciativa Popular
Viedma.- El legislador radical Alejandro Betelú presentó un proyecto para modificar cuatro artículos de la Ley 3654, que reglamentó el derecho de Iniciativa Popular. La norma fue sancionada y promulgada en julio del año 2002 y ahora busca fomentar una mayor participación ciudadana.
En ese sentido, Betelú explicó que “estamos propiciando una reforma al sistema de iniciativa popular, incluyendo los cambios que consideramos imprescindibles para que la implementación de este mecanismo, esencial al sistema democrático, se concrete con mucha más frecuencia, fomentando la participación ciudadana, cumpliendo así con el mandato constitucional”.
El legislador detalló que la iniciativa popular es considerada la herramienta de participación por excelencia, contemplada ahora en el artículo 2 de la Constitución Provincial, y permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley a los cuales la Legislatura de Río Negro deberá dar tratamiento parlamentario.
Destacó: “A toda persona con derecho a voto le asiste el derecho a iniciativa ante los cuerpos colegiados para la presentación de proyectos”.
Betelú refirió que el 4 de julio del año 2002 el Parlamento rionegrino sancionó la ley que reglamenta el Derecho de Iniciativa Popular, previsto en la Constitución Provincial, que el Poder Ejecutivo promulgó el 19 de julio del mismo año bajo el número 3654 y observó que “en Río Negro, ha sido una práctica poco utilizada a pesar del tiempo transcurrido desde su reglamentación”.
Por eso, consideró que “según las opiniones y especulaciones que se han llevado a cabo, la utilización poco frecuente de esta herramienta de participación ciudadana no se debe a la falta de interés por parte de la población en participar en asuntos de relevancia social, sino que en muchos de los casos se debe a que las normas reglamentarias de estos mecanismos no han sido lo suficientemente adecuadas para permitir su desarrollo”.
Agregó: “Se ha señalado, por ejemplo, que en la mayoría de los casos las reglamentaciones contienen procedimientos o prácticas demasiado engorrosas o burocráticas y que existe, además, un alto nivel de desconocimiento de estas normas por parte de la ciudadanía, de manera que podríamos afirmar que el sistema de participación popular podría tornarse impracticable”.
“Si analizamos lo ocurrido en nuestra región, sin desconocer el accionar destacable tanto de los constituyentes como de los legisladores que han propiciado la implementación del derecho de iniciativa popular, observamos que han sido muy pocas las experiencias concretas, e incluso existe un alto grado de desconocimiento por parte de la sociedad de este tipo de prácticas. Esto nos lleva a pensar que la existencia de la legislación no garantiza en sí misma la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer ese derecho de iniciativa legislativa”, puntualizó.