Juicio administrativo contra ex funcionario

Bariloche.- El Tribunal de Cuentas de Río Negro promovió juicio administrativo de responsabilidad por $1.214.893 contra Walter Rubén Gaydou, ex gerente administrativo de la empresa Alta Tecnología (ALTEC), por una causa que se tramita desde el año 2003 en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche por presuntas irregularidades en esa firma estatal. Gaydou viviría en España, pero aún no fue localizado.

Gaydou tiene ahora, según notificación oficialmente difundida el lunes pasado, 25 días para contestar por sí o por intermedio de apoderados, debiendo en los escritos de descargo, constituir domicilio en la ciudad de Viedma y ofrecer todas las pruebas, acompañando la documental en su poder o indicando el lugar donde se encontrara, los pliegos de interrogatorio de los testigos que propongan informando nombres, profesión, domicilio y DNI.

También deberá formular los puntos de pericia de las que ofrezca, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Gaydou se habría mudado del domicilio de la avenida Ramón y Cajal 12 Pase 3 departamento 301 de Marbella (Málaga–España), donde fue notificado en vano.

“Atento a que han resultado infructuosas las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a través del Consulado de Cádiz, tendiente a lograr la notificación de Walter Rubén Gaydou y que en la actualidad se desconoce el domicilio del enjuiciado, corresponde, de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la ley K 2747, practicar la notificación de la parte dispositiva de la resolución interlocutoria “JR” N° 18/2008 mediante edictos, que deberán publicarse con transcripción de la presente providencia por tres días en el Boletín Oficial Provincial”, puntualiza la documentación, difunidda esta semana y firmada por la presidente del Tribunal, Erika F. Acosta.

Hace tiempo, una auditoría efectuada por el Tribunal de Cuentas de Río Negro reveló irregularidades originadas en la inspección que efectuaron la AFIP y la DGI en la empresa ALTEC, que presidió hasta el 2003 el ingeniero Guillermo Campbell.

Las actuaciones apuntaron a la realización de ajustes en los impuestos al valor agregado (IVA) y a las ganancias, como producto de la impugnación de facturas presuntamente apócrifas y salidas no documentadas.