Qué significa democratizar la Justicia

Viedma (ADN).- El Poder Judicial de Río Negro no escapa de la opinión del justiciable, cuando como ciudadano común y lego, tiene que recorrer en busca de justicia, los pasillos, despachos y mesas de entradas de la Justicia.

Tampoco puede decirse que en Río Negro la Justicia es antidemocrática, si bien es cierto que compartió el poder junto a gobiernos militares donde hubo jueces que juraron –en el caso de la última dictadura- por las actas del llamado Proceso de Reorganización Nacional, que a fuerza de ser rigurosos con los hechos ya no están o quedan pocos.

Pasaron los años de dictadura, que no fueron neutros, y si bien la Justicia de Río Negro incorporó –incluso con la reforma constitucional- modificaciones con signos de actualidad y sesgos de progresismo, no deja de tener mucho de conductas cortesanas.

Tampoco de trata de sumar a la cabeza del poder más jueces porque este aumento no necesariamente significa incorporar nuevas voces. Casi siempre se suman las mismas voces.

Cuando el ciudadano de a pie habla de la necesidad de democratizar la Justicia es una percepción que tiene y siente que es el único poder del Estado lejano y en donde no participa, como en el caso del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tampoco entiende que se ejerza un cargo casi a perpetuidad, sumados a otros privilegios previsionales y fiscales.

Hay muchas iniciativas e incluso se dio en el gobierno nacional una pelea por llevar adelante reformas que pongan al ciudadano en una actitud amigable con la Justicia, un ámbito delimitados por espacios corporativos.

En Río Negro comienza a tomar cuerpo el debate, se habla del juicio por jurado previsto en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal e incluso se conoce de varias iniciativas, incluso para modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

No pasa inadvertido tampoco que sea el propio gremio de los trabajadores judiciales quienes aborden el tema y promuevan el debate y la discusión con expositores autorizados en la materia.

Tienen mucho que opinar como trabajadores sostén del sistema que viven realidades cotidianas que merecen ser traducidas como aportes al debate.

Este tipo de debate tiene que tener, necesariamente, la responsabilidad que requiere el tema y no bastardear la posibilidad de una mayor participación ciudadana bajo la excusa del desconocimiento haciendo una cuestión de profesionales versus legos. Se trata de un tema que debe instalarse en la sociedad si tecnicismo, con lealtad y sin silencios.

Podrá decirse que en Río Negro no hay jueces como Horacio Piombo (el camarista que atenuó una pena al violador de un menor de 6 años) o no se conocen y para ello basta con preguntarse cuál es el acceso del ciudadano a los fallos o las resoluciones judiciales, en virtud de aquella remanida frase que “los jueces hablan por su sentencia”.

Siempre en estos casos vale la pena salirse de los carriles oficiales y preguntarles a las víctimas y suele encontrarse la respuesta en valores instalados desde un determinado patrón ideológico, en temas como derechos humanos, libertad, abuso de autoridad, marginación y exclusión.

Hay un defensor general investigado por torturas a un detenido por la policía y en su presencia, La causa involucra a otros magistrados dentro del mismo poder. Cuál será la respuesta hacia adentro del Poder.

La hermana de Cristian Aguilar, hallado muerto en su casa de calle Pueyrredón de Viedma, hace más de dos meses, comentaba a ADN sobre las limitaciones y trabas que encuentra en la investigación del homicidio de su hermano y decía que “la Justicia es apática con los familiares”. En la sencillez de la definición está el concepto de apatía: Dejadez, falta de interés, vigor o energía.

Existe el concepto de la existencia de un derecho impoluto, sin credo, sin doctrina, sin valores y la pregunta es que hace la sociedad ante esto.

El Poder Judicial no tendría que sentirse “observado” o “preocupado” ante un posible avance en temas como sistemas de elección, duración en el cargo, concursos, examen para revalidar cargos. Ya que se entiende como un reclamo al Poder Judicial que no se adecuó a los cambios, no sólo en comparación con los otros poderes del Estado, sino de la sociedad en su conjunto.

Existe el criterio que en la mayoría de los casos el sistema está en deuda con el fin de justicia que la sociedad necesita.

En estos años de democracia, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, a través del voto popular, han ido creciendo a partir de la legitimación que implica la elección de sus miembros. Esto no se da en el Poder Judicial.
Los dos primeros poderes se legitiman periódicamente con las elecciones y el voto popular, pero en el Poder Judicial los cargos duran mientras dure la buena conducta que evalúan ellos mismos.

La respuesta a las demandas de la sociedad suelen terminar en retoques de maquillaje para generar una imagen de independencia e imparcialidad.

Especialistas, abogados y juristas sostienen que se puede debatir el rol de la Justicia de igual manera que se discute el rol del Estado en general y lograr instrumentos que le otorguen mayor legitimidad, un funcionamiento de cara a la sociedad, evitando y erradicando prácticas impropias de un Estado democrático.

Por supuesto, la transparencia de los integrantes es fundamental a la hora de saber quién juzga a los ciudadanos, al igual que ocurre en los otros poderes. Así se sabe a quién representa y desde qué intereses se habla y se decide.(ADN)