César Miguel mantiene la presidencia de la Comisión de Tierras
Viedma.- Se constituyó la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierra Rurales de la Legislatura de Río Negro, bajo la presidencia del legislador César Miguel (Frente para la Victoria), que retuvo la titularidad.
Esta comisión, creada por la Ley 4744, estará en vigencia hasta diciembre próximo y también la integran Roxana Fernández (vicepresidencia), Leonardo Ballester (secretaría), María Gemignani, Silvia Horne, Jorge Ocampos, Adrián Casadei, Silvia Paz, Rubén Torres y Beatriz Contreras.
Miguel explicó que en la reunión constitutiva “abordamos tres temas de los muchos dictámenes que tenemos listos para aprobar y remitir a quien corresponda, para que comiencen a resolver los problemas planteados en ellos”.
En la primera reunión, la comisión trató inconvenientes surgidos en Mallín Ahogado, Anecón Chico y en Arroyo Las Fraguas.
“Hemos observado distintas irregularidades, que vamos a remitir a la Justicia, como el caso planteado por la comunidad Epulef en Anecón; otros serán enviados a la fiscalía de Estado y de Investigaciones Administrativas; y en todos los casos, a la Direccion de Tierras para que tomen nota y lo adosen a los expedientes”, observó Miguel.
Los casos que llegan a la comisión pasan por un análisis técnico-jurídico, realizado de acuerdo a la ley 279, de los decretos reglamentarios y de lo establecidos para cuestiones de tierras fiscales establecidas en la Constitución Provincial.
“La comisión recomienda determinadas situaciones, como revertir esos procesos de ventas irregulares, en otros sugiere la intervención del propio poder administrativo de la provincia o directamente la proponer un proyecto de ley para la recuperación de tierras, como ocurrió con 24.600 hectáreas de Somuncurá y las 32 de la zona de El Bolsón”, ejemplificó el parlamentario.
Miguel explicó que un informe preliminar refrendado por la Legislatura de Río Negro y la Universidad Nacional de Río Negro, consta la intervención de la Comisión en unos 150 casos, de los cuales “muchos ya fueron dictaminados y algunos de ellos resueltos”.
El legislativo advirtió que aunque estas situaciones “aparecen como casos aislados” en realidad responden en su gran mayoría a “cierta lógica”, como el mal desempeñó de funcionarios, la puja por la tierra que entablan las inmobiliarias y el despojo de la tierra que sufrieron los pobladores en distintas épocas.
Para Miguel, este cuadro “tiene que ver con la marginalidad que genera la tenencia de la tierra y la concentración por parte de pocas personas y de algunas estancias, lo que generó el empobrecimiento de todo el campesinado”.
La acción que está pendiente es corregir las irregularidades a través “de un programa de reordenamiento territorial, de un plan ordenado de la regularización dominial de la tierra y, en el caso de los pobladores originarios, contar con los títulos comunitarios de sus campos”.