AMIA: Jueces, fiscales y funcionarios al banquillo
Buenos Aires.- La semana que viene comenzará el juicio por encubrimiento, calificado como “inédito” por el equipo de fiscales designado tras la muerte de Alberto Nisman. Además, ayer, el canciller Héctor Timerman envió una carta a Estados Unidos y a la Unión Europea cuestionando que el acuerdo nuclear con Irán pudiera implicar la impunidad para uno de los imputados por el atentado de 1994. Críticas de la presidenta a Clarín por su forma de abordar el tema.
En reemplazo de la fiscalía que conducía Alberto Nisman, asumieron los fiscales Sabrina Namer y Roberto Salum, junto al coordinador Juan Murray, quienes se refirieron al juicio oral que comenzará el jueves 6 de agosto en una entrevista publicada hoy por Página 12. “Este juicio tiene una connotación particular que es que las instituciones estarán juzgando a las instituciones –señala Namer–. Jueces y fiscales sentados, entre otros imputados, frente a jueces y fiscales. Uno está acostumbrado a juicios donde hay funcionarios políticos involucrados por hechos de corrupción. Esta vez son jueces, fiscales y gobernantes. Es inédito”.
Entre los imputados estarán el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, la cúpula de la SIDE, incluyendo al entonces “Señor 5”, Hugo Anzorreguy, el ex titular de la Unidad Antiterrorista, Jorge “Fino” Palacios, el otrora principal imputado en el atentado Carlos Telleldín, y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja.
“El contexto político, o el cambio de gobierno, no pueden frenar el impulso al juicio. El Ministerio Público Fiscal es el encargado de llevar adelante la acción y la acusación y marcar con ayuda del órgano jurisdiccional el impulso de las audiencias”, dijo Murray a Télam ante la consulta de cómo podría impactar el resultado de la elección presidencial de octubre en el desarrollo del proceso.
El juicio comenzará con una audiencia por semana, intervendrán 13 defensas y 6 partes acusadoras -entre ellas el Ministerio Público Fiscal- y se juzgarán dos hechos puntuales: la orden de frenar la investigación de la llamada “Pista Siria” y el soborno a Telledín para que declarara una versión falsa.
Según Salum, la primera maniobra se concretó muy poco después del atentado y consistió en frenar lo que se llama la “pista siria”. No se investigó a quién aparecía como sospechoso en los primeros días, el ciudadano argentino de origen siriolibanés Alberto Kanoore Edul, cercano a la familia Menem. Había registros de una llamada con Carlos Telleldín, el último tenedor de la Trafic que luego explotó en la AMIA, que no pudo explicar. Además, en la hoja de ruta del chofer de un camión que dejó un volquete en la puerta de la mutual judía, figuraba un predio que era propiedad de Kanoore Edul.
Según la acusación fiscal, esa investigación se frenó por orden del mismo Menem e intervinieron como protagonistas el juez y el comisario Palacios, entre otros. Hubo allanamientos que se ordenaron pero que no se hicieron, una visita a la Casa Rosada para parar los procedimientos, llamadas que indican que les avisaron de los allanamientos y, recuerda Salum, “una prueba clara: hubo sospechosos a los que se les intervino los teléfonos diez años, mientras que la intervención a Kanoore Edul se frenó un día después. Algo que se tenía que investigar no se investigó”, explican Irina Hauser y Raúl Kollmann.
El segundo cuerpo de la causa se refiere a hechos ocurridos al cumplirse los dos años del atentado. “Todo indica que se necesitaban culpables y se decidió pagar 400.000 dólares a un imputado, Telleldín, para comprarle una declaración”, señala Namer. “La imagen de un juez negociando con un imputado, sin que esté el defensor del imputado presente, ya es muy grave. Y en el video que registró esa negociación se ve al imputado, Telleldín, diciéndole al doctor Galeano ‘te traigo tal testigo, hago que te diga tal cosa, y fulano que declaró A, no te preocupes que va a decir B’”, redondeó Salum.
Con el objetivo de exhibir ante la opinión pública algún resultado, se acusó como cómplices del ataque a un grupo de policías bonaerenses. Menem habría hecho uso de esta maniobra para echarle la culpa a su rival político Eduardo Duhalde.
Con una carta dirigida al secretario de Estado del país del norte del continente, John Kerry, y a la representante europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mongherini, el canciller Héctor Timerman expresó ayer su preocupación tras los trascendidos, en un artículo periodístico publicado por el diario Wall Street Journal el 27 de julio, sobre la eliminación de la lista de sanciones al ex ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, “buscado por Interpol por requerimiento de la Justicia argentina en el marco de la causa Amia”.
CFK en Twitter cuestionó la cobertura de Clarín sobre el acuerdo de las potencias con Irán
A través de las redes sociales, lo acompañó la presidenta Cristina Fernández con críticas a la forma en que algunos medios nacionales e internacionales abordaron la cobertura del acuerdo nuclear que firmaron los Estados Unidos, potencias europeas, China, Rusia e Irán, que podría beneficiar a un funcionario persa con pedido de captura internacional por su presunta participación en el atentado a la mutual de la colectividad en Buenos Aires.
La presidenta reprendió al diario Clarín por una nota titulada “El acuerdo nuclear con EE UU acerca a Irán con la Argentina”, en cuya bajada se desarrolla que “El convenio quitó trabas a uno de los acusados por la AMIA”. “¿No es increíble? ¿Viste el término que utilizan? ‘Trabas’”, escribió Cristina. “Llaman ‘trabas’ a lo que el Wall Street Journal llama por su nombre: ‘Eliminan de la lista de sancionados a un General iraní retirado