ME Soria denunció al juez Igoldi: «Gracias a él, Sartor está libre»

Roca.- La diputada nacional del Frente para la Victora, María Emilia Soria, denunció penalmente al juez Favio Igoldi por haber sobreseído al ex-legislador y ex-titular del área de Desarrollo Social de Río Negro, Daniel Sartor, en una causa en la que se investigaba su enriquecimiento ilícito, sin previamente haber dado vista al fiscal de Cámara como establece el artículo 320 del Código Procesal Penal.

En su presentación ante la UFIT 3 de Roca, Soria lo acusa de haber dictado resoluciones contrarias a la ley debido a que en marzo pasado, el magistrado obvió el paso de pedir dictamen al fiscal de alzada, luego de que la fiscal de primera instancia, Itziar Soly, desincriminara al ex funcionario que se encontraba procesado.

«En este emblemático y trascendente caso de corrupción, en el cual se investigaba a una de las personalidades políticas más sospechosas de la provincia, este Juez no sólo ha permitido la impunidad del delito. Sino que además, lo ha hecho a sabiendas y con la plena convicción de que el imputado Sartor lejos ha estado de justificar mínimamente el desproporcionado aumento de su patrimonio al momento de ejercer la función pública”, expresó la diputada. Y agregó: «En el presente caso, el Juez Igoldi decidió deliberadamente desobedecer las claras y categóricas normas procesales que rigen su actuación como magistrado. Decidió caprichosa y antojadizamente que en ese caso resultaba de imposible aplicación el último párrafo del artículo 320 del CPP. Es decir, éste Magistrado decidió dictar una resolución contraria a la ley expresamente invocada por él mismo».

El 17 de abril de 2009 la entonces defensora del Pueblo, Ana Piccinini denunció al, en ese momento, legislador Sartor, por el incremento desproporcionado de su patrimonio. «Tras 5 años de parsimoniosa investigación judicial no exenta de situaciones inverosímiles y tras la intervención de diferentes jueces y fiscales, Sartor fue procesado en febrero de 2014 por Igoldi», sostiene la denuncia.

La diputada relata que el procesamiento fue confirmado por la Cámara Criminal y en noviembre de 2014 el juez consideró concluida la etapa investigativa y dispuso la elevación a juicio. Soly, que había sido designada en julio de ese año, pidió «inexplicablemente el sobreseimiento total», según opinó Soria, por considerar que tal incremento patrimonial no configura delito.

Frente a esto, Igoldi sostuvo que siendo la agente fiscal la titular de la acción penal su dictamen desincriminante hacia el imputado aparece como obligatorio. Aclaró que en virtud del fallo «Quiroga» de la Corte Suprema no podía poner en práctica el artículo 320 del CPP. Este artículo justamente hace referencia a que en caso de no compartir el criterio del fiscal, el juez debe dar vista al fiscal de Cámara.

Textualmente Igoldi dice en su resolución que «no comparto el dictamen fiscal y que el imputado Sartor lejos ha estado de justificar mínimamente el desproporcionado aumento de su patrimonio al momento de ejercer la función pública». No obstante ello, ordenó sobreseer a Sartor.

En su denuncia, la diputada Soria realizó fuertes acusaciones contra el juez, recordando que Igoldi fue funcionario del Servicio Penitenciario en tiempos de Miguel Saiz, apoderado del partido Redes, que conducía Fabián Gatti, actual jefe de la Policía, asesor legislativo de Marta Arriaga, esposa del actual legislador oficialista, Jorge Barragán, entre otras funciones. «Estamos ante un verdadero ladero político del gobierno provincial», dijo Soria.

Recordó que fue designado por un Consejo de la Magistratura integrado mayoritariamente por referentes del partido del mandatario Alberto Weretilneck, al que vincula con Sartor. Cuestionó su independencia y manifestó que su objetivo es dotar de impunidad a los ex-funcionarios radicales que conforman la nueva alianza política de Weretilneck.

Por ultimo, para la diputada Soria, “las declaraciones de la Fiscal Soly quien dijo haberse sorprendido por la resolución de Igoldi a la cual calificó como un error, no hacen más que confirmar la consumación del delito cometido por Igoldi. Pero acá no hubo error, hubo un delito.

Una obligación procesal impuesta por el código no esta sujeta a la «interpretación» del magistrado. La agente del Ministerio Público admitió que tal decisión de Igoldi terminó siendo funcional a su opinión de sobreseer al procesado, por lo cual lógicamente no iba a apelar, como tampoco lo haría la defensa. Esta claro que este juez que trabaja para proteger a lo peor de la política, en su accionar delictivo buscó la forma de garantizar la impunidad de Sartor, evitando el costo político de su transacción con el poder.”