No avanzaría acción judicial por supuesta arbitrariedad en interpretación de normas

Cipolletti (ADN).- Representantes del Colegio de Psicólogos del Alto Valle Oeste presentaron ante la Justicia una acción contra el Poder Ejecutivo Provincial para que cese de aplicar la ley nacional que faculta a pacientes a elegir o rechazar terapias y una norma rionegrina que faculta a psicólogos a expedir certificados sobre estados psíquicos. No obstante, la presentación hecha ante una supuesta arbitraria interpretación no prosperaría en la Justicia por incumplimiento de cuestiones formales.

La presentación fue formulada por Sergio Blanes Cáceres (presidente) y Verónica de los Ángeles Murias (secretaria) del Colegio de Psicólogos, la profesional en esa materia Stefanía Ailén Rossi y la paciente Mabel T. empleada de la administración pública provincial. Señalaron que se trata de “la arbitraria interpretación de un norma efectuada por la administración pública, que afecta el derecho subjetivo de la señora T. de elegir el tratamiento que resulte adecuado a su patología” y que también afecta a Rossi, por “la actitud de la Junta Médica que desconoce los certificados emitidos por ella”.

Del expediente se desprende que la paciente T. se encuentra en tratamiento psicoterapéutico, a raíz del cual se le indicó licencia laboral por cuestiones psicológicas y, posteriormente, se le prescribió readecuación de tareas.

En ese contexto, desde la entidad expusieron que mientras la paciente se encontraba realizando el tratamiento fue citada por la Junta Médica para ser evaluada conforme la Ley 3487, a cuyo fin acompañó el correspondiente certificado expedido por Rossi, su psicóloga tratante.

Sin embargo, alegaron que ese organismo no aceptó tal documentación, sosteniendo que la Ley 3487 exige que la enfermedad o accidente inculpable sean justificados y certificados por un médico, no siendo posible aceptar certificaciones que no sean médicas.

En virtud de tal determinación, manifestaron que la paciente, debido a sus escasos recursos económicos, debió concurrir a un médico clínico, que no es el profesional que la trataba, a fin de que le extienda un certificado y explicaron, además, que dicha circunstancia va a repetirse a la brevedad, cuando la agente deba comparecer nuevamente ante la Junta Médica.