Policías, trabajadores sin sindicato

Buenos Aires.- Zaffaroni está a favor y Gils Carbó, en contra de que los policías tengan su sindicato. La Corte Suprema de Justicia realizó el viernes una audiencia pública en la que escuchó a las partes y a las organizaciones que se presentaron como “amigos del tribunal”, ya que debe resolver la constitucionalidad o no de los gremios policiales. La causa del autodenominado Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) comenzó en 1998, y llegó al máximo tribunal del país en 2010.

El abogado del Ministerio de Trabajo de la Nación Norberto Ciaravino dijo que “no hay una ley que habilite esa posibilidad”, en línea con el pensamiento que condujo a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a rechazar el recurso de queja de SIPOBA en la misma causa. Además, consideró que “las normas internacionales que “tratan específicamente los derechos sindicales acogen expresamente las especiales características de la actividad y de las funciones realizadas por las fuerzas policiales” y recordó que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impone como requisito para la agremiación la existencia de ley específica.

Para Ciaravino la sindicalización de los policías “es un acto a partir del cual se generan una diversidad de situaciones” y que el “reglamento idóneo quizá no sea la ley de asociamiento sindical”, tal como relata Infojus Noticias.

Desde la vereda contraria, Alberto José Lugones, abogado de SIPOBA, descargó que todos los proyectos presentados en el Congreso Nacional “no tuvieron curso” recalcando el derecho a huelga no resentiría la función de la fuerza de seguridad, porque “se debe garantizar la seguridad de la población y el orden y paz social”.

“El 80 por ciento (de los policías bonaerenses) vive en villas de emergencia”, explicó y argumentó que la composición de esa “se recluta de las capas más débiles de la sociedad”, lo que lo hace “vulnerable a todo tipo de órdenes, inclusive ilegales”. “El policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX”, dijo y destacó que “el sindicato es el ámbito donde el policía honesto podría respaldarse”.

Así también lo consideró el diputado nacional Juan Facundo Moyano y sostuvo que “la sindicalización es un salto de calidad” para la seguridad de la ciudadanía, y destacó la necesidad de contar con un ámbito institucional “para canalizar conflictos”.

La causa del autodenominado SIPOBA comenzó hace 17 años, en 1998, cuando intentó inscribirse como gremio en el Ministerio de Trabajo. El entonces ministro de esa cartera, Antonio Erman González, rechazó el pedido pero el incipiente sindicato volvió a solicitarlo. En septiembre de 2002 el rechazó se repitió: fue Graciela Camaño, entonces ministra de Trabajo, la que lo decretó.

Pero SIPOBA insistió en todas las instancias judiciales y llegó al máximo tribunal del país en 2010. Los mismo ocurre con otras dos causas iniciadas por el llamado Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope) -un sindicato emparentado con la CGT de Hugo Moyano- y la de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (UPPAC) llamada “7 de Agosto”. Esta última es la única que tiene un fallo favorable de la Cámara del Trabajo del 2013. También hay un pedido de una agente penitenciaria, Adriana Rearte, que da vueltas por el cuarto piso del palacio para que se autorice al personal del Servicio Penitenciario de Córdoba a asociarse sindicalmente.

Todas estas causas están en manos de la Corte Suprema y tienen en común que la Procuración General dictaminó en contra de la agremiación en todos los casos basándose en el dictamen de Gils Carbó en el caso testigo tomado por el máximo tribunal. Allí la procuradora recomienda que se rechace el recurso de queja “ante la ausencia de una ley expresa” y porque las normas internacionales que “tratan específicamente los derechos sindicales acogen expresamente las especiales características de la actividad y de las funciones realizadas por las fuerzas policiales”.

Para la procuradora es “la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio”, tal y como lo establece el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En una entrevista realizada en mayo por Miradas al Sur, el ex juez supremo Raúl Zaffaroni, actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se expresó a favor de que las policías cuenten con un espacio asociativo para expresar los reclamos de la base de su pirámide.

Entonces, Zaffaroni consideró que con la sindicalización “es la única forma de clarificar lo que pasa” con la recaudación y la forma en que eso se redistribuye. “No con eso lo vas a solucionar, pero por lo menos lo vas a saber. Porque la policía recauda de esta manera desde abajo hacia arriba (dibuja con las manos un triángulo) y se reparte al revés, desde arriba hacia abajo. La sindicalización va a protestar contra esa distribución de la recaudación autónoma. Y por lo menos vamos a conocer cuáles son las fuentes de esa recaudación. Y si no las conocés no podés ir pasando en blanco a algunas, eliminando a otras, en fin”, propuso.

Además, negó que por sus funciones debiera limitarse su derecho como trabajadores. “No veo que eso altere el orden interno… En los hospitales está todo el mundo sindicalizado, y sin embargo operan. Yo no veo que la instrumentista se pinte las uñas mientras el otro está operando. Hay un orden jerárquico y se respeta, ¿por qué en la policía no puede pasar lo mismo?”

Y por último, destacó que en la situación actual sólo es posible tener una interlocución con las cúpulas de las fuerzas de seguridad, y si tuvieran un sindicato sería posible conocer el pensamiento de las bases. “Los policías están sometidos a un régimen disciplinario que es totalmente arbitrario, se les otorgan beneficios a unos y a otros sin criterio alguno, se lo puede dejar en cualquier condición porque no recaudó tanto este día… Por supuesto que esto no significa que pueda tener derecho a huelga, bueno no lo tiene ningún servicio de primera necesidad. Es otra cosa. Por otro lado, tienen derecho a opinar si por ejemplo se va a comprar equipo, ¿helicóptero o chalecos antibalas? Tienen derecho a decir algo me parece, ¿no? Ahora se compra lo que vende el cuñado del jefe”.