Espionaje en Esquel a periodistas, activistas ambientales y de pueblos originarios

Esquel(Red Nacional de Medios Alternativos).-Fernando Radziwilowski, responsable de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de la Defensa Pública de Chubut, se refirió en el programa «Enredando las mañanas» se refirió a la elaboración de fichas de inteligencia de “activistas”, como periodistas e integrantes de pueblos originarios y organizaciones ambientales de la comarca andina, con el objetivo de incluirlas en el expediente de la causa que gira en torno de la recuperación del territorio mapuche en Vuelta del Río.

Las fichas fueron aportadas por el Ministerio Público Fiscal y su existencia se dio a conocer en el marco de la audiencia que el viernes 28 de agosto se realizó para formalizar la incorporación de la multinacional Benetton como querellante en la causa por el conflicto con la comunidad mapuche, contra quienes el Poder Judicial local intenta aplicar la Ley Antiterrorista por primera vez en Chubut. Se trata de una causa por “usurpación” que la multinacional le inició a la comunidad mapuche por reclamar sus tierras ancestrales.

La mayoría de los espiados integra la Asamblea No a la Mina de Esquel, hay docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos, abogados, periodistas, y miembros de la comunidad mapuche. Quien hizo público estas fichas, que incluyen nombres, fotos y actividades de al menos 22 personas fue el defensor de la comunidad Fernando Radziwilowski.

En diálogo con Enredando las mañanas, Radziwilowski afirmó: “hace 12 años que soy defensor público, es la primera vez que me encuentro con algo así. Me he encontrado con un montón de cosas, justamente por el trabajo específico que hago que es la defensa de distintas comunidades que pertenecen al pueblo mapuche tehuelche, pero con cuestiones de este tenor y gravedad es la primera vez. La verdad que nos encontramos con un poco de todo en esta causa judicial, y como parte de los elementos que tenía el Ministerio Fiscal estaban estas fichas. Yo soy un vecino de acá, tengo mis ideas y veo a otros vecinos como personas entonces encontrarme con todo esto me impresiona. Más allá de eso uno está ejerciendo la defensa de la Lof de Cuschamen, y en el contexto de esta defensa encontramos que realmente tienen un asedio represivo donde todo vale, y ese fue el planteo de la audiencia, más allá de la impresión de estas fichas, donde se abre un poco el espectro de personas sospechosas de terrorismo”.

Respecto a quiénes aparecen entre los “fichados”, el defensor especificó: “hay personas que pertenecen al pueblo mapuche, otras que no. Todos están identificados como personas que están en contra de la minería, pero acá más del 80% de los vecinos estamos en contra de la megaminería contaminante, saqueante; así que es mucha la gente que está preocupada por estos temas. Para mí es importante no perder de vista lo que está pasando con el pueblo mapuche, su reivindicación y lo que se encuentra del otro lado”.

En el artículo 4 de la ley 25.520, que establece los límites de las tareas de inteligencia, se indica que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opiniones políticas o de adhesión o de pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así que por la actividad lícita que desarrolle en cualquier esfera de acción.

En relación a quién elaboró este espionaje, Radziwilowski dijo que no cuentan con esa información: “es gente que se maneja en la sombra, en la oscuridad, de ahí la ilegalidad. Para que se sepa de dónde vienen tendrían que empezar a activarse también los mecanismos judiciales, pero entiendo yo que no puede ser la fiscalía la que se investigue a sí misma”.

Durante la audiencia, los abogados de la Compañía de Tierras del Sud Argentina, propiedad de Benetton, insistieron en su advertencia acerca del nivel de peligrosidad que hay en la zona de conflicto, e incluso pidieron reforzar la seguridad. “También hablaron de estado de derecho» afirmó al respecto Radziwilowski. En esta causa, una semana antes un juez se había declarado incompetente por considerar que lo que estaba investigando eran actos de terrorismo y declinó la competencia en la justicia federal, pero ordenó un operativo con fuerzas especiales como el GEOP, Infantería, Brigada Antidisturbios, que es algo muy poco habitual en esta zona tener a esas fuerzas especiales; todo esto fundado en un estigma, o en un planteamiento de peligrosidad de las personas que llevan adelante la recuperación.

Sin embargo, el juzgado federal le devolvió la causa al juez provincial porque dijo «¿dónde están los actos de terrorismo, cuáles son las armas de destrucción masiva, en qué lugar están amedrentando a la comunidad en general?».

Por un lado, todo esto es una sinrazón, pero por otro lado puede permitir justificar cualquier cosa. Lo que uno tal vez vio a groso modo, y que hemos advertido a nivel internacional cuando se dice que «acá hay armas de destrucción masiva y eso da lugar a una invasión, acá a pequeña escala está pasando algo parecido. Decimos que son terroristas, decimos que están armados, que son peligrosos, entonces se justifica que vayan las fuerzas especiales de seguridad, y se justifica todo, inclusive el espionaje ilegal. Esa es la preocupación que se planteó en la audiencia del viernes pasado”.

Al ser consultado sobre cómo sigue la causa y la denuncia por el espionaje, el defensor de las comunidades explicó: “ahora hay muchísima gente detrás de la exigencia de echar luz sobre este manto oscuro que era desconocido hasta hace poco. Ahora no soy solo un defensor que lo advierte, sino que hay toda una comunidad preocupada. La misma comunidad va a tener sus propias estrategias, y quiero destacar que toda la defensa que se está haciendo del pueblo mapuche y de la comunidad no indígena también la está llevando adelante y protagonizando la misma comunidad.

Nosotros como defensores públicos, como abogados estamos acompañando lo que es la iniciativa de la comunidad y el pueblo mapuche, y en buena hora que así sea. Cuando tomamos conocimiento que estaba por llevarse adelante este procedimiento represivo en la recuperación, fuimos a la comisaría porque nos llamaron que estaban ahí, vecinos de Esquel y personas del pueblo mapuche; la comunidad realmente está tomando la iniciativa en autodefenderse y poner en evidencia las cosas que están pasando y que si bien desde la órbita de la justicia se plantea que en un estado de derecho no puede haber gente encapuchada, yo creo que en un estado de derecho hay muchas cosas graves que están sucediendo y no deberían suceder, y eso se lo está marcando la comunidad a la órbita judicial”.

La denuncia por espionaje recibió el apoyo de la Federación Judicial Argentina, de sindicatos de prensa, entre otros. Al respecto, Radziwilowski manifestó: “estoy haciendo muy pocas entrevistas, y solo para medios comunitarios que realmente son los que están acompañando e informando seriamente lo que está aconteciendo, dando clara prueba de que la posibilidad que tenemos de informarnos como ciudadanos la tenemos a partir de los medios comunitarios. Esto queda cada vez más claro”.