La Administración de Justicia es una política de Estado
“la justicia debe ser administrada públicamente”- Corte Suprema de la Nación (28.7.05)
(Miguel Ángel Cardella*) La administración de justicia sobre los procesos judiciales es una expresión cultural, una forma de educación cívica y, sobre todo, una enseñanza pedagógica sobre la formación democrática para la ciudadanía.
Somos el producto del traspaso cultural de la conquista española producida hace más de 500 años, de tal modo nuestra cultura judicial está plagada de formalismos pomposos, un ritualismo escritural irritante e injustificado y alejado del control de la comunidad, porque no todos los juicios son orales y públicos.
Es necesario que Río Negro diseñe un nuevo esquema de organización de sus juzgados y tribunales, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, bajo una nueva estructura de organización moderna. Ante la carencia de una política pública existen espasmos y arrestos individuales -institucionales, sectoriales o personales-, que solo son parches reformistas. En consecuencia el desafío es diseñar un plan: sus objetivos, el método, desarrollo y evaluación; eso se realiza a través del trazado de una política pública en el sistema judicial.
La provincia de Río Negro requiere de un plan estratégico como política pública de estado, a fin de mejorar la administración y prestación del servicio de justicia. Para llevarlo adelante es imperioso contar con un acuerdo de los tres poderes del Estado mancomunados con los partidos políticos.
Esto se puede lograr a través de una reingeniería del sistema procesal. Se debe ser racional en la organización, en los gastos y generar incentivos para el mejor desarrollo del servicio. Es posible resolver más causas judiciales y realizar más audiencias e imprimir otra dinámica de trabajo en un sistema de juicios por audiencias. Urge un cambio de mentalidad, de estrategia y de definición de que ésta es una política de estado. Estas alternativas no demandan de esfuerzo presupuestario.
La política pública de Estado precisa de objetivos, estrategia y plazos. Son necesarios las reformas legislativas, capacitación a jueces, fiscales, abogados, personal administrativo y el acompañamiento de la Administración Central. En definitiva, contar con un plan necesario para la administración de justicia, hoy ausente en Río Negro.
Es el momento de articular la Escuela Judicial entre los poderes del estado y las universidades nacionales con sede en Río Negro y los Colegios de Abogados. Podemos diseñar un Colegio de Jueces en cada fuero con la asistencia de la Oficina Judicial; hay que terminar con la vetusta y anacrónica organización de contar con secretarios letrados, que es un personal calificado inutilizado en esa función. Es hora de que los fiscales informen públicamente su desempeño anual hacia la ciudadanía. Se debe generar un plan edilicio para las cuatro circunscripciones judiciales y para los juzgados, fiscalías y defensorías descentralizadas. Se debe proponer en la Legislatura el proyecto de enmienda constitucional para darle plena autonomía como nuevos poderes al Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General (para cumplir con la Constitución Nacional de 1994 y los Tratados Internacionales) y bajo el mismo procedimiento analizar la composición del Consejo de la Magistratura y del requisito de residencia para los jueces, por lo menos para los de primera instancia.
Es necesaria una mejor Administración de Justicia, a través de una política pública de Estado, porque el progreso de nuestras instituciones significa mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
(*) Abogado de Viedma
@miguelcardella