“Tener un Estado mejor”. ADN
Alberto Weretilneck se refirió días pasados al hablar frente a la Casa de Gobierno al compromiso de su gobierno de “tener un Estado mejor”, como un concepto distintivo de reafirmación del Estado presente, regulador y como le gusta decir “cerca de la gente”.
En este marco adquiere importancia la decisión legislativa de nominar a los integrantes del parlamento que formarán parte de la Comisión Mixta Especial para la recuperación de la plena y exclusiva operatividad de los servicios del Puerto de San Antonio Este, que surge de un proyecto del legislador Ricardo Ledo, quien precisamente será vicepresidente de este ámbito que presidirá el gobernador de Río Negro, o quien designe al efecto.
Darle impulso a la recuperación del puerto para los rionegrinos es toda una señal de la administración Weretilneck con vistas al futuro después del 10 de diciembre y una definición ideológica e incluso filosófica.
La estación marítima portuaria rionegrina, adjudicada en 1998, a un consorcio frutícola de la economía concentrada del alto valle rionegrino, por 30 años, o sea que faltan aún 13 años para concluir con el contrato de concesión, no significó beneficio alguno para el erario rionegrino ni tampoco para el productor frutícola que produce peras y manzanas para la exportación.
Así la empresa Terminal de Servicios Portuarios Patagonia S.A. y mediante el pago de la suma de pesos tres millones cuatrocientos diez mil ($ 3.410.000) en concepto de canon inicial y la suma de treinta centavos de pesos ($ 0,30) por tonelada de mercaderías exportadas o importadas por el Puerto en concepto de canon anual, hace 17 años obtuvo la concesión exclusiva correspondiente a la operación integral de los servicios portuarios del Puerto de San Antonio Este, con una duración de treinta (30) años.
Nunca hubo actualización del canon y basta pensar hoy en esos valores para considerarlos irrisorios, temas pocas veces abordados por el periodismo y las distintas expresiones políticas provinciales, quizás ante el poder que representan los concesionarios y compromisos correlativos.
La construcción del puerto de San Antonio Este correspondió al gobierno nacional y fue habilitado en 1983 y administrado por la anterior Administración General de Puertos, hasta que llegó el menemismo y por la ley 23.696 de Reforma del Estado Nacional, fue entregado a Río Negro y provincializado en 1990.
El Día de los Reyes Magos, seis de enero de 1998, La Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte toma posesión del puerto. Una sociedad anónima integrada por empresas vinculadas a la producción, industrialización y comercialización de frutas y hortalizas. La concesión se hizo mediante el sistema de “Iniciativas Privadas”, estipulada en la ley 2884/95.
El “rescate” del puerto tendrá sus tiempos, más vinculados a la política, que a otras necesidades, e incluso se estima que el propio Ricardo Ledo, que dejará el parlamento en diciembre siga vinculado a la Comisión Especial Mixta, como reconocimiento a la autoría del proyecto y por su relación con Alberto Weretilneck, quien marcará los pasos del próximo proceso portuario.
Hay dos aspectos presentes en este tema, por un lado una reivindicación soberana de la provincia y por otro revertir una ecuación económica desfavorable con un canon exiguo de 0,30 centavos por tonelada de mercadería exportada o importada por el puerto en concepto de canon anual, un precio que se mantiene desde el inicio de la concesión y que nadie se atrevió a incrementar.
Además el gobierno recuperará la aplicación de políticas públicas en materia de administración, tráfico y explotación del puerto de ultramar no sólo de productos rionegrinos, y a la vez poder discutir con el gobierno nacional estrategias de exportación.
No es una cuestión de “estatizar” ya que existen distintas figuras asociativas para el manejo portuario, sino de políticas de Estado que “hagan a la concreción de un Proyecto Estratégico para el Desarrollo provincial, donde el manejo y operatividad de las puertas de salida para la exportación de los productos de sus economías regionales es uno de los ejes fundamentales”, como ha definido en más de una oportunidad Ricardo Ledo.
Los dos puertos provinciales, San Antonio Este y Punta Colorada, están operados por prestadores privados como son el grupo empresario Terminal de Servicios Portuarios Patagonia S.A (integrada por Expofrut S.A., Pai S.A., FHB Inversora S.A) y la Minera MCC en Sierra Grande.
Sin desconocer que las dos terminales portuarias rionegrinas, son, con Bahía Blanca y Puerto Madryn, son las cabeceras atlánticas del Corredor Bioceánico Norpatagónico, que permite el acceso directo a los mercados del Pacífico.
Hay una experiencia reciente, como fue el debate de los contratos petroleros y el rol del Estado y la utilización de los recursos que se generan sobre la explotación de estos recursos, donde debe haber equilibrio y regulación ante las ganancias del privado en desmedro de la economía rionegrina.
Valga una mención a título de ejemplo sobre esta concesión del puerto de San Antonio Este. La Ley provincial Nº 3.137, de 1997, que fija el Marco Regulatorio de la actividad expresa: la “prestación de los servicios correspondientes a la operación del Puerto de San Antonio Este, sujetos a concesión, con la finalidad de incentivar la actividad económica de la región y lograr una reducción de los costos de los servicios portuarios y del transporte marítimo, promoviendo la inversión y optimizando la eficiencia operativa del mismo”.
¿Quién podría señalar que estas premisas se han cumplido? Nunca nadie se atrevió a indagar en la temático y tampoco se conocieron informes de la concesionaria sobre obligaciones impuestas en la legislación vigente.
Vale traer a la memoria conceptos vertidos en los fundamentos de la ley de recuperación del puerto y su importancia para el sector frutícola provincial.
Indica que sabido es que por años los pequeños y medianos productores han reclamado por las fluctuaciones en la rentabilidad de sus productos y que, por medio de diversos mecanismos, se han intentado soluciones a esta problemática.
La ley de Transparencia Frutícola, la aplicación del Programa Nacional de Recuperación Productiva, subsidios de distinta índole, créditos, condonaciones de deudas, etc., no han logrado resolver los problemas de fondo.
Sin dudas que esos problemas son muchos y obedecen a distintas causas, pero tampoco es menos cierto que uno de los “cuellos de botella” más urgente a resolver es la operatoria de exportaciones.
Indefectiblemente los productores deben vender su mercadería a los operadores del Puerto y estos son quienes regulan el precio final, las condiciones de pago y por supuesto, sus propias utilidades.
La falta de acceso directo a los beneficios de las exportaciones de ultramar hace que resulten insuficientes todos los esfuerzos por mejorar la calidad de los productos, ya sea la organización en cooperativas, como la participación en el negocio del Frío o en el Empaque de frutas.
Nuestra provincia debería replantearse estas situaciones y considerar, al menos, si están dadas las condiciones para comenzar a perfilar el futuro, recuperando el manejo pleno de las herramientas que son indispensables para poder concretar el desarrollo que Río Negro merece.
Hay una cuestión de Estado y del pensamiento estratégico que desde el gobierno se perfila en distintas expresiones del gobernador Alberto Weretilneck y del vicegobernador Pedro Pesatti, un discurso que suma aliados desde distintas vertientes políticas rionegrinas.