Cárcel de Roca: «Se cumplió capacitación e incorporación de agentes»
Roca (ADN).- El juez Ricardo Apcarián coincidió con un informe de la Procuración General del Poder Judicial en cuanto a que en la capacitación y la incorporación de agentes penitenciarios en el Establecimiento de Ejecución Penal 2, de General Roca, “el Estado Provincial ha dado cumplimiento a sus compromisos”.
En ese sentido, el organismo judicial detalló que el Estado procedió a implementar cursos, talleres y estímulos educativos en el EEP2 y la incorporación de 40 agentes penitenciarios destinados a la custodia de internos del penal.
Reiteró que el Superior Tribunal insistió en el requerimiento de un informe al ministro de Obras y Servicios Públicos para que haga saber si se ha dado inicio a la obra de recuperación y refuncionalización de los pabellones 7 y 8 del Penal N° 2, cuya contratación tramitó por expediente el año pasado.
En una anterior sentencia se ordenó requerir al Poder Ejecutivo Provincial un informe respecto al inicio de la refacción de los pabellones 7 y 8 del Ala Sur del establecimiento de Ejecución Penal 2, el estado de avance de los cursos de capacitación para los internos y la incorporación de los agentes penitenciarios destinados a la custodia de aquéllos, bajo apercibimiento de desobediencia.
Por su parte, Gastón Pérez Esteban (ministro de Seguridad y Justicia) y Hugo Cecchini (director general del Servicio Penitenciario Provincial) informaron, entre otros temas, la incorporación de agentes penitenciarios destinados a la custodia de internos en ese establecimiento y el número de agentes que prestan servicios (de 56 agentes, 40 han sido destinados al EEP2), según el informe oficial.
En relación a la refacción de los pabellones N° 7 y 8 del ala sur del EEP2, dieron a conocer que la contratación directa se encuentra en proceso de adjudicación a las empresas ECA en UTE con Oriente Construcciones SA.
No obstante, se impondría al Poder Ejecutivo Provincial la obligación de presentar informes periódicos del avance de las obras y del estado de situación de los cursos de capacitación, bajo apercibimiento de ley. Se trata de una causa iniciada en el año 2010.