Defensora del Pueblo de Bariloche pidió una pronta solución al tema del IPROSS
San Carlos de Bariloche.-La Defensoría del Pueblo de Bariloche, Andrea Galaverna, solicitó a profesionales y autoridades provinciales a dar una pronta solución basada en la perspectiva del derecho a la salud de afiliados a la obra social provincial, atenta a las consultas recibidas por el corte de servicios situación afecta a los 18 mil afiliados que tiene el IPTOSS en esta ciudad.
La Defensora, Andrea Galaverna, fue invitada por gremios que integran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) a tratar la situación en la sede del Colegio Médico local. Allí se planteó la necesidad de que el presidente del IPROSS, Claudio Di Tella, se acerque a la ciudad para destrabar la situación.
El conflicto entre el Colegio Médico e IPROSS no es nuevo, y desde hace unos días los profesionales de la salud colegiados, tomaron la decisión de suspender las prestaciones programadas (no de urgencias) debido a que el IPROSS cortó la negociación con los médicos locales en la que se discutía la posibilidad de acceder al mismo aumento que había sido otorgado a la Federación Médica, de 75 pesos por afiliado (en Bariloche se perciben 48 y se iba a firmar por 65 pesos por afiliado, para ser reevaluado en el primer trimestre del 2016).
Los gremios advierten que el corte se produjo sin haber agotado las instancias de diálogo para encausar la demanda y en perjuicio de los afiliados y afiliadas que son los que sostienen con su aporte la Obra Social Provincial, teniendo que abonar por consultas ambulatorias 200 pesos cuando el IPROSS reintegraría una suma menor.
La Defensora del Pueblo de Bariloche sostuvo que «seguramente habrá muchas maneras de resolver esta crisis que devuelva el derecho de los y las trabajadoras a la salud, siendo vital que en el proceso no se vulnere el acceso en forma oportuna, segura y de calidad a todos los servicios médicos requeridos, por los afiliados y que tampoco cercene la posibilidad de trabajar de numerosos médicos y médicas, que hoy están colegiados a cobrar la retribución justa, sin eventuales sanciones corporativas, que podrían afectar el derecho al trabajo».